La polémica designación de Luis Toledo, exfiscal del caso Caval, como notario de San Fernando de parte del exministro de Justicia, Jaime Campos, vivió ayer su último capítulo luego de que el persecutor renunciara a la postulación.

Luego de que el nuevo titular de Justicia, Hernán Larraín, anunciara el domingo que paralizaría el decreto, ayer Toledo envió un oficio a la Contraloría General de la República en el que presentó su "renuncia al nombramiento de notario de la Primera Notaría de San Fernando".

En este documento, Toledo explicó en siete puntos los motivos de su decisión, entre los que destaca que su nombramiento fue objeto de "numerosos cuestionamientos públicos", los que "afectan de manera injusta y desinformada" su honra en materia laboral y personal.

El fiscal, que actualmente se desempeña como jefe de Narcóticos de la Fiscalía Nacional, precisó que con esta renuncia espera despejar "las mentiras y elucubraciones mañosas de quienes han pretendido instalar e involucrarme, tanto a mí como a la función pública que desarrollo, mediante falsedades y datos inconexos, en una aparente corruptela".

Concurso

Tras esto, el titular de Justicia indicó que se abrirá un concurso para el cargo, debido a que la cuestionada designación generó "suspicacia pública". Explicó que por esa misma razón decidió en primer lugar paralizar el nombramiento.

"Queremos anunciar que respecto a este caso vamos a abrir un nuevo concurso. El actual lo vamos a declarar desierto, porque procederemos desde cero. No tiene que ver la situación personal del fiscal Toledo ni de nadie; es simplemente un hecho objetivo que demuestra que el procedimiento que se siguió fue impropio, inadecuado. Eso no puede ser", dijo Larraín.

En ese sentido, aseguró que "se va a fortalecer el proyecto de notarías que se encuentra en el Congreso", ya que se va a "modificar el sistema de nombramiento para garantizar el mérito y la transparencia".

El Comité de la ONU sobre la Discriminación de las Mujeres destacó ayer la ley de aborto en tres causales aprobada el año pasado en nuestro país, pero pidió al Gobierno que despenalice por completo la interrupción voluntaria del embarazo.

En el informe emitido tras examinar el cumplimiento por parte de Chile de sus obligaciones internacionales para eliminar la discriminación contra las mujeres, el Comité instó a que "se apliquen requisitos estrictos" para evitar que los médicos utilicen la objeción de conciencia como un pretexto para no realizar esas intervenciones, agregando que estas situaciones se presentan particularmente en casos de adolescentes embarazadas.

Por lo mismo, el Comité se pronunció a favor de que el acceso a un aborto seguro incluya a mujeres de menos de 18 años y de que a las mujeres que hayan decidido abortar, particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual, se les garantice atención psicológica.

En la misma área, el Comité recomienda que las mujeres tengan acceso a medios anticonceptivos modernos, a precios asequibles, y que esto sea así tanto en ciudades como en las zonas rurales.

Frente a las informaciones que ha recibido sobre casos de esterilización forzosa de mujeres y niñas, particularmente cuando sufren trastornos mentales y otras discapacidades, el Comité pidió que, en aplicación de la legislación, se garantice que estas operaciones solo se hagan con el consentimiento informado de la paciente. En casos que esto no se haya cumplido se reclama la sanción de los responsables y que la víctima reciba una compensación financiera.

Por otra parte, el Comité pide que "se acelere" la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y que se mejore el diálogo con las mujeres de estas minorías para que participen plenamente en la creación y puesta en funcionamiento de esa entidad.

Desde ayer, y previsiblemente hasta mañana, se lleva a cabo la reconstitución de escena de la muerte de Lissette Villa, menor de 11 años que falleció por asfixia en medio de una "contención" de una de sus cuidadoras en un centro del Sename en 2016.

En la diligencia que se realiza en el centro Cread Galvarino, ubicado en la comuna de Estación Central, participan Carabineros, la PDI y la fiscal del caso, Érika Vargas, además de la directora (s) de la Dirección Regional del Sename, Catalina Pérez, quien explicó que "colaborarán con todo lo que corresponde".

"Se han tomado todas las medidas para resguardar a los niños y niñas internos residentes del centro. Hoy día están realizándose las diligencias, continúan mañana y lo que nos corresponde es colaborar en este trabajo de investigación", indicó Pérez.

También se encontraba la ex directora del centro, Mónica Monje, quien asistió a las diligencias junto a su abogado Washington Lizana, que escuetamente comentó que "no podemos emitir ningún pronunciamiento" mientras se desarrolle la investigación.

La reconstitución de escena será el último paso de la investigación que lleva hasta el momento 10 formalizados y que busca determinar si las cuidadoras son o no las responsables del deceso.

Matías Jullian Velásquez

A pesar de ya haber dejado el Gobierno, el fallido cierre del penal Punta Peuco sigue siendo un dolor de cabeza para Jaime Campos. Y es que ayer trascendió que el ex ministro de Justicia "boicoteó" la clausura del centro carcelario, algo que Campos negó tajantemente.

Según consignó ayer La Tercera, la ex Presidenta Michelle Bachelet buscaba, en las últimas horas de su mandato, transformar Punta Peuco en un recinto de carácter humanitario y trasladar a presos emblemáticos por violaciones a los Derechos Humanos que aún residían en el centro penitenciario de Til Til a la cárcel Colina I.

Bachelet, incluso, habría firmado y entregado al Ministerio de Justicia el decreto que hacía realidad una de sus promesas emblemáticas. Pero, según el medio, Campos se negó a firmar el texto y entró "en estado de rebeldía con la decisión presidencial".

Concordante con esta información, la periodista de CNN Chile Mónica Rincón señaló ayer en Twitter que la ex subsecretaria de DD.HH. Lorena Fries le confirmó "que el decreto de Punta Peuco fue firmado por la Presidenta Bachelet" y que "no lo cerraba", sino que "lo redestinaba para los presos no autovalentes o en situación de discapacidad".

Negó todo

En entrevista con el mismo medio, el ex titular de Justicia se defendió de estas acusaciones y aseguró que "yo no he firmado nada ni nadie me ha presentado un borrador de decreto en relación a un cierre de Punta Peuco".

Luego, al ser consultado por los trascendidos que señalan que no habría acatado una instrucción expresa de parte de la ex Presidenta, Campos señaló que "si hay gente que quiere decir eso que lo diga. En todas las actuaciones de mi vida -tanto mi rol como ministro de Justicia, como cuando lo fui de Agricultura, como parlamentario, como dirigente político, como académico y como abogado-, en absolutamente todas mis actuaciones lo he hecho guiándome por dos parámetros: lo que indica mi conciencia y lo que establece la Constitución y las leyes de nuestro país".

En ese contexto, dijo que es posible revelarse ante una orden de esas características: "En un caso hipotético, no digo que sea este el caso, pero en un caso hipotético… Si hay una acto que violenta lo que señala mi conciencia o lo que creo indica la Constitución y las leyes, por supuesto que no lo ejecutaré".

En la misma línea, el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó que "haya habido un decreto que se tramitara ante la Contraloría" sobre el cierre del penal y aseguró que "en lo sucesivo tampoco habrá uno".

"Los hechos son simples. Aquí el gobierno de la Presidenta Bachelet estuvo cuatro años y no tomó una decisión sobre la materia, formal, pública", afirmó.