En la Nunciatura Apostólica en Santiago comenzó ayer el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, las reuniones con los denunciantes que acusan al obispo de Osorno, Juan Barros, de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima cuando era párroco de El Bosque.

Enviado con esta tarea por el Papa Francisco después de su visita al país, en enero pasado, Scicluna manifestó su agradecimiento a quienes le entregarán su testimonio, en una escueta declaración que leyó ante la prensa antes de comenzar los más de 20 encuentros que tiene programados.

"Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días", pronunció el obispo de Malta. "He venido a Chile enviado por el papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a monseñor Juan Barros Madrid", agregó, sin responder preguntas, quien también investigó al fundador de la congregación católica Legión de Cristo, Marcial Maciel.

Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, explicó que los encuentros de Scicluna con personas que quieren entregar antecedentes del obispo Barros comenzaron ayer y se extenderán hasta el viernes.

"Son cuatro días de jornada extensa y trabajo exhausto. Esto no va a ser simplemente tomar nota de testimonios o declaraciones, es una escucha de personas. Se escuchará a las personas hablar de un tema no fácil para ellos", manifestó Coiro.

Coiro detalló que varias de las personas que entregarán su testimonio pidieron la reserva de su identidad, por lo que "no vamos entregar ni número de personas ni nombres". Y agregó: "Éste es un proceso de escucha, esto no es un tribunal y éste no es un auditorio; es una sesión, es un encuentro", señaló.

Entre las personas a las que Scicluna les tomaría testimonio durante la jornada de ayer estaban James Hamilton y Juan Andrés Murillo, ambas víctimas de Karadima.

Investigación canónica

Coiro detalló que una vez que concluya el proceso de entrevistas, Scicluna le entregará un informe al Papa sin plazo establecido y no descartó que posteriormente esto pueda dar pie a una investigación canónica.

El portavoz de la Conferencia Episcopal explicó que quienes no puedan reunirse personalmente con Scicluna durante estos cuatro días y tengan antecedentes para entregar puedan hacerlo por escrito y enviar una carta que abrirá directamente el arzobispo de Malta.

"Monseñor Scicluna no está aquí para establecer la verdad y hacer justicia en todos los casos de abusos sexuales de la Iglesia en Chile. El caso que se le ha encomendado es la situación de monseñor Juan Barros", subrayó Coiro.

El arzobispo de Malta inició su misión el sábado pasado, cuando en su viaje a Chile hizo una escala en Nueva York para escuchar el testimonio de Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima que acusan a Barros de encubridor.

Tras la denuncia de la Corte Suprema respecto a la "grave" situación en las cárceles nacionales, el ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que la información "no nos sorprende" y aseguró que, en abril del año pasado, envió un decreto a Contraloría para mejorar la situación en los recintos penales, el que se esperaba que entrara en vigencia en diciembre pasado.

El lunes, el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, dio a conocer un informe sobre la situación carcelaria y alertó sobre la sobrepoblación, la que dijo que produce "nefastas consecuencias" que redundan en un "grave atentado a la dignidad de las personas que la sufren".

Entre las situaciones denunciadas están los altos niveles de sobrepoblación penal, la que llega al 154% en la cárcel de Limache y a 88% en la ex Penitenciaría de Santiago. Asimismo, están los largos tiempos de encierro, que se extienden hasta 16 horas, y el hecho de que los reclusos reciban su última alimentación del día a las 16.00 horas.

"La verdad es que no nos sorprende para nada el contenido del mismo, puesto que es lo mismo que la Fiscalía Judicial ha venido señalando por lo menos desde hace 15 años", comentó el ministro Campos.

Críticas a la contraloría

Jaime Campos apuntó a la Contraloría de la República por su demora en la toma de razón de un decreto firmado por el ministerio, en abril del año pasado, para solucionar esta situación y que se esperaba que entrara en vigencia en diciembre pasado.

"Con fecha 27 de abril de 2017, a pocos meses de haber asumido el Ministerio de Justicia, nosotros firmamos el decreto supremo 382 que establece el nuevo reglamento penitenciario en Chile", dijo el titular de Justicia.

"La inmensa mayoría de las observaciones, de los reparos planteados por la Fiscalía Judicial, están resueltas, recogidas o contenidas en este decreto que debió haber entrado en vigencia el 1 de diciembre del año 2017", dijo Campos. El ministro agregó que el problema se debe a que "la Contraloría General de la República no ha tomado razón de este (decreto)".

"se establece todo"

El secretario de Estado aseguró que el ministerio "ha cumplido cabalmente lo que nos correspondía hacer". "En el decreto se establece todo. Las normas en materia de alimentación, encierro, tipo de castigo que hay que imponer. Todo está contenido, es cosa que lo lean", detalló.

Campos aseguró que con el decreto implementado, todos los problemas que enumera el informe presentado por la Corte Suprema "ya no estarían". "Contraloría tiene que cumplir con este decreto, o sino estaría faltando al ámbito jurídico", agregó. Campos, además aseguro que no han recibido "ninguna" respuesta de la Contraloría, "a pesar de nuestra insistencia".

La fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, respondió al ministro de Justicia. "Si él dice que esto está resuelto me parece muy bien. Nosotros constatamos esto durante el año 2017 y fue también señalado por Mónica Maldonado, la fiscal de la Corte Suprema anterior, y denunciado también o señalado en el 2003 y no vimos grandes cambios", comentó.

"Es lo mismo que la Fiscalía Judicial ha venido señalando por lo menos desde hace 15 años".

Jaime Campos Ministro de Justicia."

"Si él dice que esto está resuelto me parece muy bien. Nosotros constatamos esto durante el año 2017".

Lya Cabello Fiscal judicial de la Suprema."