Distintos llamados se han realizado para que los ciudadanos concurran a votar en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de mañana domingo. Como sabemos, en Antofagasta se elegirán todos los cargos, salvo el de senadores, igual que en el resto de las regiones pares.

El asunto de la participación o abstención genera preocupación por la legitimidad que en definitiva tiene el sistema. El fenómeno se ha incrementado en los últimos comicios, en especial desde que se cambió el sistema de voto obligatorio por el de inscripción automática y voto voluntario. El caso de Antofagasta es peor. Nuestra ciudad y región registran uno de los peores indicadores a nivel nacional.

En las pasadas elecciones municipales de octubre de 2016, cerca de 14 millones de chilenos estaban habilitados para votar, sin embargo, sólo un 34% de ellos participó en los comicios. En aquella oportunidad, la participación electoral alcanzó su cifra más baja desde el retorno a la democracia.

¿Quiénes son y dónde están los ocho millones de chilenos que no votan? De acuerdo con la última encuesta CEP, quienes no figuran dentro del grupo de votantes probables son predominantemente de estratos socioeconómicos bajos, alcanzando un 62% en los segmentos D y E. Son jóvenes de sectores populares de las zonas urbanas a los que nunca les interesó la política. En su mayoría, llegaron al padrón electoral de manera automática.

Existe gran preocupación ante una alta abstención, pese a que la tendencia mundial indica que en este tipo de comicios -donde se eligen cargos de índole nacional-, la participación es mayor que en las municipales. De hecho, según la encuesta CEP, la participación en esta oportunidad rondaría el 53%.

De acuerdo a una encuesta realizada por El Mercurio de Antofagasta y Líbero Consultores a nivel regional, hasta un 60% de los electores locales quiere participar de estos comicios.

Como se explicó antes, es en extremo relevante la participación de la gente, toda vez que es un derecho y una obligación ciudadana. La democracia se construye día a día, en especial con estas acciones.

Para el Consorcio de las Universidades del Estado, Cuech, es muy preocupante que llegando a fin de este 2017, aún tengamos incertidumbre respecto al financiamiento de nuestros planteles, más aún, cuando vemos que la discusión se mantiene bajo la Ley de Presupuesto del 2018, y no como hemos pedido insistentemente, en el marco de un ítem diferente o de una ley especial.

El proyecto que regirá a las Universidades del Estado de Chile sigue su tramitación en el Congreso Nacional, y es muy posible que se convierta en Ley de la República antes de marzo del año 2018. Si bien esto constituye un avance, especialmente en cuanto a la responsabilidad que asume el Estado con sus planteles, el tema del fortalecimiento y los recursos, aún queda bajo un manto de dudas.

La situación presupuestaría, y más allá de eso, las acciones concretas para poner en marcha el Plan de Fortalecimiento de las "Ues" estatales, es nuestra gran preocupación hoy. Y en el caso de las Universidades Regionales, planteles que cumplen roles específicos y estratégicos en cuanto al territorio, las dudas son mayores, pues claramente persiste una discriminación financiera.

Si bien existe un Fondo de Apoyo a la Educación Superior Regional, definido en $6.084 millones para las 22 universidades regionales, estimamos que debería ser elevado a $31.000, para disponer así de un fondo que equipare los montos promedio por universidad ($1.400 millones aproximadamente) de los otros fondos, eliminando así una injustificada discriminación entre instituciones y territorios.

Al analizar las cifras del año 2016, vemos claramente que algunas universidades ubicadas en zonas extremas del país, reciben del Estado recursos insuficientes, dándose la paradoja que ciertas instituciones privadas de la misma región, obtienen mayores recursos fiscales.

En el mismo campo de las paradojas, puede ocurrir que antes del cierre del presente gobierno tengamos aprobada la Ley de Universidades del Estado, sin concretarse la Ley de Educación Superior. Si llegase a ocurrir esto, las Universidades del Estado quedarían en desventaja administrativa en cuanto a restricciones y controles, mientras que los planteles privados, seguirían en un escenario muy favorable.

Hoy, donde toda la atención mediática está puesta en las elecciones del 19 de noviembre, queremos levantar la voz respecto a este tema, pues la Educación Superior, es la base del futuro y de ella depende el progreso de la sociedad, en la cual, precisamente se desenvolverán las autoridades que sean próximamente electas.

Hoy en Chile para nadie debería ser desconocido el gran aporte que hacemos las Universidades del Estado y las Universidades Regionales, aportando concretamente al desarrollo, generando bienes públicos, conocimientos e innovación al servicios de todos, no de sólo de algunos, que pese al gran clamor de la ciudadanía, aún no consideran a la educación, como un Derecho Social.

Luis Alberto Loyola

Rector Universidad de Antofagasta

Enfrentados a las elecciones, es necesario reflexionar sobre lo que significa la formación cívica y el desarrollo de competencias ciudadanas en los niños y jóvenes para fortalecer y asegurar la democracia como sistema de gobernabilidad y convivencia social.

Trabajar temas de formación ciudadana no es fácil, requiere de profesores capaces de vincular las materias con el ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, la formación inicial docente no considera explícitamente asignaturas dedicadas a contenidos y habilidades cívicas, por lo que habitualmente los recursos metodológicos que emplean los profesores se basan más en su experiencia de ejercicio ciudadano que en la formación académica recibida en la universidad, incorporando con ello un fuerte componente ideológico, sus propias narrativas y su visión sobre lo que implica ser ciudadano y participar en sociedad.

En un momento histórico que vive la globalización y en que los movimientos sociales se hacen eco de temas como la libertad, la transparencia, el respeto por las diferencias y el cuidado del medio ambiente, debemos ser capaces de ofrecer a nuestros estudiantes educación cívica de calidad, basada en la información que les permita comprender y generar opinión, de manera crítica y constructiva, tomar decisiones que generen cambios positivos para la sociedad, defender sus ideales en un ejercicio permanente de tolerancia y transformase así en personas activas, participantes y críticas.

Ad portas de la próxima elección, vale recordar que la Ley Nº 18.700 garantiza que todos los ciudadanos y ciudadanas con derecho a sufragio mayor de 18 años puedan votar, pero teniendo presente el hecho que la abstención se ha instalado en el electorado, desde la educación es preciso hacer el mea culpa en torno a qué hemos hecho o cuánto hemos contribuido para que esto sea así o, al revés, qué no hemos hecho para cautivar y hacer conscientes a los jóvenes y adultos de hoy de la responsabilidad de cada uno en la construcción del país y, más aún, qué tenemos que hacer para que todos los niños y jóvenes crezcan y se desarrollen convencidos que su voto vale. Sí, el de todos, también el de aquellos que tienen discapacidad y que tanto tienen que aportar en la instalación de una visión de país que acoge y respeta las diferencias, que construye bajo el prisma de la accesibilidad universal y que no apela a la subsidiaridad para el ejercicio de sus derechos, porque estos están garantizados en las políticas públicas hechas para todos, con todos.

De esta forma, y como dice la campaña, todos estamos llamados a elegir el país que queremos y, quienes trabajamos en educación, a comprometernos de manera decidida y sostenida a educar y motivar la participación ciudadana responsable.

Verónica García Luarte

Directora de Educación Diferencial USS