Eugenio Sugg Gálvez
Un recurso de protección tendiente a frenar el alza en las tarifas de agua para la localidad de María Elena presentó SQM ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La firma acusa a la sanitaria local de programar unilateralmente un cambio en las condiciones de pago que pretende pasar parte del suministro desde tarifa regulada a libre.
Efectivamente, desde que el grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomara el control de la sanitaria local se abocó a revisar -entre otras cosas- sus contratos vigentes. En ese proceso la nueva administración constató el vínculo con la minera, que data desde los tiempos de Essan, el cual fue regulado por varios contratos, el último de los cuales habría expirado en diciembre de 2015.
Estos documentos -según informó la sanitaria- se firmaron "porque ninguna de las localidades abastecidas jamás tuvo zona de concesiones sanitarias, lo cual significa que no son clientes regulados, situación que se mantiene hasta la fecha".
No obstante explicaron que tras vencer el último convenio, los anteriores controladores de Aguas Antofagasta no se preocuparon de firmar nuevos contratos y simplemente siguieron entregando suministro a SQM a los precios fijados para los clientes residenciales.
Consumo
Desde la sanitaria aseguraron que pudieron comprobar que menos del 25% del agua entregada a SQM estaba siendo usada en consumos residenciales y de servicios de María Elena y que el resto -es decir más de un 75%- era usado en procesos mineros e industriales.
"Por esto, a fines del año pasado Aguas Antofagasta remitió una carta a SQM, en la cual primero indicó que aseguraría a todo evento el abastecimiento residencial de los habitantes de María Elena, lo que se ha ratificado y nunca ha estado en juego, pero que en el caso de los usos mineros e industriales se debía acordar un contrato de suministro que definan los caudales, de manera que se mantenga las mismas condiciones de mercado a todos los clientes mineros e industriales de la región", dijo la sanitaria.
Además de su condición "histórica" como cliente regulado, SQM fundamenta su posición en el Decreto Tarifario N° 133 de 16/08/2016 del ministerio de Economía, Fomento y Turismo, publicado en el Diario Oficial del 27 de enero de 2017, el que establece fórmulas tarifarias aplicables por Aguas Antofagasta a sus clientes.
Según cita el recurso presentado por la minera, este acto administrativo tiene una vigencia de cinco años a contar del 1 de julio de 2016, es decir, se encontraría vigente hasta el 30 de junio de 2021.
"El citado Decreto Tarifario incorpora a Soquimich o SQM como un área de servicio, estableciendo las tarifas que Aguas Antofagasta puede aplicar a la comuna de María Elena, la que comprende a las localidades de María Elena, Coya Sur y Pedro de Valdivia", explican en la presentación ingresada a la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
"Ahorro"
Según la sanitaria, el ahorro que está logrando SQM con estas tarifas reguladas está dado por el diferencial entre el valor de mercado del agua para usos industriales y mineros; y el valor de los usos residenciales de María Elena.
"Aplicado al caudal que no se utiliza en la población de la localidad, que deben ser aproximadamente unos 32 litros por segundo, sobre los cuales han gozado pagar el precio de usuarios residenciales de la Región de Antofagasta, por los más de 20 años que han tenido este beneficio económico".
Para graficar, en la actualidad la comuna -que cuenta con unos 6 mil habitantes- consume unos 40 litros por segundo, lo mismo que Tocopilla, que tiene 24 mil habitantes.
Un cálculo monetario exacto sobre lo que ha dejado de percibir la sanitaria resulta muy complejo dados los distintos precios de las tarifas mineras e industriales en el tiempo.
Desde la minera se limitaron a confirmar que "SQM ha interpuesto un recurso de protección contra Agua de Antofagasta, para restablecer el normal abastecimiento de agua potable a la población de María Elena y sus alrededores, que ha sido amenazada como consecuencia de actuaciones que creemos no se condicen con una empresa regulada".
litros de agua por segundo estaría utilizando SQM para sus operaciones con tarifas residenciales. 32
No tiene sentido práctico esto de cerrar un recinto carcelario (Punta Peuco) porque tiene una connotación de carácter político".
Hugo Dolmestch, presidente de la Corte Suprema.
