Inquieta el incremento de los males mentales y su impacto en el sector laboral. Esto se ha traducido en un aumento de las licencias médicas y en los casos que se acogen a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Seguridad Social, en 2015 el 21% de las enfermedades profesionales que se registraban en el país correspondían a esas patologías, pero este año han llegado a representar el 41%.

Es cierto que este crecimiento podría explicarse por un sinceramiento general de la situación... Difícil saberlo, salvo preocuparse por el resultado.

El superintendente, Claudio Reyes, precisó que la mayor incidencia de las enfermedades en el país la tienen las de salud mental, como estrés, ansiedad y depresión, lo que repercute en el trabajo, la productividad, el crecimiento económico, la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. También se ha notado un incremento de las enfermedades crónicas de carácter mental, lo que ha llevado a un mayor número de pensiones de invalidez debido a este problema.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó el año pasado al gobierno de Chile a invertir para combatir la depresión, enfermedad que padece el 22% de los chilenos, lo que nos convierte en el país más afectado del mundo y que además encabeza la tasa de suicidios en América Latina.

El Ministerio de Salud reconoce lo anterior y ha iniciado acciones para revertir el asunto. Pero hay problemas graves, considerando la precariedad del sistema de atención en salud mental.

Desde hace tiempo los sistemas de salud habían advertido sobre la alta incidencia que tienen las depresiones como causal de licencias médicas, lo que es invita a reflexionar sobre varios aspectos relacionados con la calidad de vida. Se trata de un problema directamente relacionado con la satisfacción y con los niveles de armonía en los cuales se desarrolla una persona. La depresión es un trastorno mental frecuente, eventual o crónico, que debe ser tratado médicamente y con sumo cuidado.

Calama -al igual que la ciudad de Antofagasta- no es ajeno a tomas de terreno y campamentos. En la Provincia de El Loa, tal situación genera un doble motivo de preocupación: Algunos sitios elegidos tienen interés geológico, interés nacional por ser portadores de reservas del cobre.

Esta fue una de las principales razones que como Gobierno Regional asumimos la tarea de exponer ante Codelco cómo se ha trabajado en Antofagasta a través del programa de Barrios Transitorios con el objetivo que la empresa pueda analizarlo y así trabajar en conjunto a todos los actores en el Plan de Superación de Campamentos.

Lo que pretendemos como Gobierno es erradicar de la ciudad y la región todos aquellos campamentos que están en sitios de riesgo, como sectores aluvionales, estar debajo de la línea de alta tensión o en terrenos que son de particulares y frenan el desarrollo productivo y crecimiento de la ciudad.

Por tratarse de un arduo trabajo que ha sido bien acogido por los ciudadanos, hemos tomado esta decisión de compartirlo para que Codelco actúe en consecuencia si ellos estiman conveniente trabajar en algo parecido. Sugerimos armar una mesa de trabajo, poniendo todas las variables necesarias a objeto de ir abordando una por una y ver si es factible hacerlo como en Antofagasta.

Nos motiva la buena disposición encontrada en el gerente de Asuntos Comunitarios y Sustentabilidad del Distrito Norte de Codelco, Claudio Flores y su equipo de profesionales. No podemos estar ajenos de atender y ver soluciones, porque esto tiene una realidad social que para nadie es indiferente. Y es un tema relevante porque afecta a sitios que son de interés geológicos no sólo para la empresa, sino para el Estado de Chile.

Debemos preocuparnos pues hay que resguardar los intereses del Estado desde el punto de vista geológico. Hay concesiones de exploraciones y de explotaciones, como por ejemplo Cluster Toqui, del sector de Quetena.

Pretendemos hacer esta labor de la mejor forma posible, en concordancia con el Estado y el Gobierno, en el sentido de buscar la mejor solución, que nos represente un buen resultado. Iremos avanzando de a poco, porque no son de soluciones fáciles y rápidas. Hay gente que tenemos en un lugar y que como Estado de Chile queremos dar una solución digna, pero por otro lado está el interés del mismo Estado, a través de Codelco, de resguardar esos territorios.

Ya estamos trabajando con prudencia y muy respetuosamente respecto a la gente que está en los campamentos de nuestra región de Antofagasta.

Arturo Molina Henríquez

Intendente Región de Antofagasta

La última ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Antofagasta, excepto un par de ediles, ha puesto -lamentablemente- los ojos de todo un país sobre nuestra ciudad. No ha sido precisamente una visión positiva, pero abre, al mismo tiempo, el debate de algo que no ha sido bien abordado por las políticas públicas. La responsabilidad no es solo del Municipio, sino del Estado en su totalidad.

Desde ya, me considero contrario a creer que la aplicación de una ordenanza deba abrir el debate, sino que éste debió darse previo a su aprobación incluso, articulando visiones, voluntades y acciones de diferentes actores, incluyendo los apuntados por estas medidas.

Esa fue, precisamente, mi motivo de rechazo a la ordenanza. Tomé como referencia, además, el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada, Leilani Farha, quien visitó nuestra ciudad, y que advierte la preocupante situación en Chile respecto a la vivienda, con especial énfasis en las personas en situación de calle. Dicha preocupación es compartida, ya que éstas habitan el espacio público por razones que requieren de una atención integral y que promuevan su inserción social.

Esta realidad no es excepcional en Antofagasta, sino que es común en muchas sociedades. Lo que diferencia a unas de otras es cómo se aborda la situación. Aquí, creo, se ha buscado una opción más cercana a la política de "tolerancia cero", impulsada en Nueva York.

Hay que considerar que, según el artículo 4° letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, éstas deben preocuparse tanto de acciones de prevención, asistencia y reinserción social, como de medidas en el ámbito de seguridad pública comunal, en conjunto con otros órganos de la Administración del Estado. Pese a lo anterior, a mi parecer, la ordenanza referida careció de un análisis más profundo sobre el origen de la problemática y las repercusiones, considerando más el ítem seguridad pública, y en base a medidas de "mano dura" y no de "mano amiga".

Hay quienes creemos que la ordenanza estigmatiza, criminaliza y margina aún más a los excluidos del sistema. Afortunadamente, ya se está coordinando un trabajo conjunto para abordar desde lo psicosocial, pero también creo oportuno no aplicar y derogar la ordenanza. Buenas iniciativas de solución pueden existir, desde habilitar alojamientos con promoción de servicios, fomentar la organización de las personas en situación de calle y trabajadores informales, potenciar fomento productivo municipal, hasta adecuar sistema de estacionamientos en calzadas. Es decir, reorganizar, en vez de prohibir y sancionar. Así, espero que nuestra ciudad sea reconocida por una buena gestión de este tema y no por cómo se ha abordado hasta ahora.

Camilo Kong Pineda

Concejal de Antofagasta y sociólogo