Más de $225 millones en impuestos trató de eludir un camionero -según información entregada por el Servicio Nacional de Aduanas- el cual fue sorprendido por fiscalizadores con un contrabando de 81.687 cajetillas de cigarrillos.

El procedimiento se registró en la avanzada de Quillagua.

El transportista ariqueño llegó hasta el control aduanero con un camión cargado con pallets de tomates y cajas de pimentones. Sin embargo, al inspeccionar los vegetales se descubrió que habían sido intervenidas y realmente contenían miles de cartones de cigarrillos. Las cajas de cartón estaban cuidadosamente tratadas para emular el traslado habitual que tienen las frutas y verduras. Cada caja contenía en promedio 42 cartones de cigarrillos y una veintena de cajetillas sueltas para aprovechar al máximo los espacios.

Hoy y mañana se llevará a cabo la segunda sesión del presente año de la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Antofagasta, instancia que es encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones, ministro Manuel Díaz Muñoz.

En esta oportunidad se analizarán 189 solicitudes presentadas por internos de todos los recintos de la región. En la comuna de Antofagasta se presentaron 120 requerimientos desde los centros de cumplimiento; en Calama se presentaron 19 solicitudes, Tocopilla presentó 41 postulantes y Taltal 9.

La comisión está integrada por jueces orales y de garantía, quienes examinan los antecedentes y si éstos cumplen con los requisitos que establece la ley, decretan la libertad condicional.

Los requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional se encuentran establecidos en el Decreto Ley N° 321 del año 1925, y responden a tiempo de pena cumplida (la mitad o dos tercios); haber mantenido conducta intachable en el establecimiento penal; haber aprendido un oficio si hubiese talleres en el recinto donde se cumple condena; y haber asistido a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas que se dicten.

C. Venegas y E. Sugg

Mañana a las 15 horas la Comisión de Minería de la Cámara votará el particular del proyecto de ley refundido entre las iniciativas de los diputados Paulina Núñez (RN) y Marcos Espinosa (PR), que busca obligar a la construcción de plantas de desalinización de agua de mar para abastecer los procesos productivos de la gran minería.

Núñez explicó que tras el acuerdo con Espinosa de impulsar en conjunto la iniciativa, se votó y aprobó de forma unánime en general el proyecto y este miércoles se votará el particular, oportunidad en que además se harán indicaciones a la norma.

Luego de este trámite, la iniciativa se debería despachar a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, para luego ser votado en el pleno, detalló la parlamentaria, quien recalcó que este proceso ha considerado la opinión de "gremios, ministerios de Minería, Medio Ambiente, Sonami, Codelco, Cochilco y distintas organizaciones de la sociedad civil".

"Creemos que es un muy buen proyecto, en el sentido que mira una solución a la escasez de agua que tenemos y no solamente en Calama, en nuestra región y, por qué no decirlo, en el resto del país (…) La mayor cantidad de agua que se utiliza en esta región es precisamente en los proyectos mineros", dijo Núñez.

La congresista recalcó además que la iniciativa no busca castigar a la actividad minera, pues "es la actividad que ocupa la menor cantidad de agua a nivel nacional, pero en esta región de Antofagasta ocupa un recurso importante y nosotros nos tenemos que preocupar de esta región. Así que el avance que ha tenido la aprobación, en general, insisto, es una muy buena noticia".

Críticas

No obstante, la iniciativa de los parlamentarios ha recibido variadas críticas por parte de los gremios mineros.

En esa línea, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comentó que "estando la minería ya sometida a las mayores exigencias ambientales, además de las normas del Código de Aguas, la obligación discriminatoria que plantean estos proyectos de ley adquiere una connotación arbitraria, toda vez que la minería representa el 3% del consumo nacional de agua y hace un uso transparente, responsable y eficiente del recurso", aseguró.

Además, advirtió que "imponer exigencias como las planteadas en las iniciativas legales crea el riesgo de hacer inviables algunas faenas mineras".

El gremio insistió en que el uso de agua en minería está ampliamente regulado y monitoreado.

"Además, forma parte central de la evaluación ambiental de proyectos mineros, instancia en la que, de acuerdo a condiciones particulares de disponibilidad hídrica, se limitan la extracciones incluso si se dispone de derechos de aprovechamiento de agua", insistió Villarino durante su exposición en la comisión.