José Luis Ramírez M.
Antofagasta se mantiene como una de las regiones que concentra la mayor cantidad de decomisos de drogas en todo el país, situación que genera una pesada carga para el Servicio de Salud.
Esto porque, por ley, todas las sustancias prohibidas que son incautadas por las policías o Aduana deben ser remitidas a estas instituciones para su identificación, cuantificación y posterior destrucción.
El problema se presenta a raíz de que estos servicios normalmente no tienen los medios ni las instalaciones necesarias para cumplir esta última tarea, situación que los obliga a contratar servicios privados de elevados costos.
Eso es justamente lo que ocurre en Antofagasta, donde en los últimos cuatro años han debido gastarse $104 millones del presupuesto ordinario de Salud en la contratación de un horno incinerador para la destrucción de casi 35 toneladas de diferentes tipos de drogas.
Problema
El director del SSA, Zamir Nayar, explicó que la Ley 20.000 asigna a los servicios de salud una responsabilidad tanto en la custodia como la destrucción de estos productos cuando son liberados por los tribunales, tarea que se intenta cumplir con todos los medios y recursos disponibles.
"Nosotros debemos respetar la ley, pero no tenemos la infraestructura ni el equipamiento para manejar estas cantidades de droga, no olvidemos que nuestra región está a la cabeza hace muchos años en decomisos. Entonces es una responsabilidad que nos resulta compleja de llevar", explicó.
Según los registros del SSA, el año pasado fueron incinerados 3.061 kilos de pasta base, 384 kilos de clorhidrato de cocaína, 5.034 kilos de marihuana, y 64 kilos de otras drogas, para un total de 8,5 toneladas.
A septiembre de este año, la estadística indicaba 1.290 kilos de pasta base, 621 kilos de cocaína, 3.042 kilos de marihuana y 124 kilos de otros productos, lo que da un total de 5 toneladas destruidas.
Traducido a dinero, en 2016 las incineraciones costaron al SSA $31 millones y en lo que va de este año la suma ya bordea los $18 millones.
Sumando los $25 millones gastados en 2014 y los $29 millones de 2016, se llega a la cifra de $104 millones destinados a este ítem, sólo en cuatro años.
Horno
La contratación de servicios externos se hace necesaria debido a la falta de un horno incinerador propio.
Hay que recordar que el año 2011, el Ministerio del Interior adquirió un dispositivo móvil y lo puso a disposición del SSA para la quema de drogas, sin embargo, según explicaron en el servicio, éste rápidamente dejó de utilizarse porque su capacidad era limitada y para su uso se necesitaba contar con un terreno definido y permisos especiales.
Posteriormente, en 2012, la misma cartera anunció el inicio de estudios para instalar un horno fijo de mayor capacidad en dependencias del servicio, proyecto que nunca avanzó.
Hoy, explicó Zamir Nayar, no existen planes de construir un horno por los altos costos que implicaría (se calculan sobre $1.000 millones) y, por lo mismo, la opción seguirá siendo contratar a privados el servicio de incineración.
Custodia
Pero además de los costos, existen otras complicaciones.
En 2012 se denunció que 800 kilos de droga que en los registros figuraban destruidos, permanecían acumulados en el estacionamiento del SSA, en pleno centro de Antofagasta, cubiertos con una lona.
La noticia, que tuvo alcance nacional y derivó en una investigación penal, desnudó un precario y negligente sistema de control administrativo, así como la carencia de instalaciones seguras para la custodia de la droga incautada.
Zamir Nayar aseguró que desde ese episodio se han realizado mejoras en los procedimientos de ingreso y egreso de sustancias, así como inversiones para adaptar una bodega segura y vigilada para el almacenaje de la droga.
No obstante ello, afirmó que la presencia de la sustancias ilícitas de alto valor comercial en un servicio público genera inquietud, más allá de las condiciones en que esto ocurra.
"Esta es una responsabilidad que requiere ser revisada para determinar qué institución está en condiciones de garantizar la más eficiente custodia y destrucción de la droga, particularmente por los temas de seguridad que implica. Ahí está el punto que se debe analizar", manifestó.
Una vez que la droga es puesta bajo custodia del SSA, el servicio tiene un máximo de 15 días para destruirla.
El protocolo indica que cada vez que hay salidas hacia el horno incinerador debe existir resguardo policial, por eso existe consenso en que el mayor riesgo se presenta durante la custodia.
