Ya conocemos los nombres de los candidatos al sillón de La Moneda. A su vez sabemos cuál es la posición política, social y económica de ellos. No cabe duda que, cada candidato, según su formación, visión y principios, enunciará un programa con medidas tendientes a avanzar en la solución de los grandes problemas nacionales.
No obstante, este axioma no impide considerar una mirada local a la hora de emitir el voto, ya que no somos tan solo ciudadanos de un país, sino también de una zona y su problemática nos afecta directamente. En consecuencia, me atrevo a plantear que un antofagastino, a la hora de tomar la decisión por cual candidato votar, no puede dejar de poner en la balanza de su evaluación, las propuestas particulares que ellos planteen, orientadas a contribuir en la solución de los problemas y carencias locales.
La ponderación que se le otorgue, a la posición de un determinado candidato, respecto de su visión regional, va a depender de la importancia que cada uno de nosotros le asigne a la calidad de vida que quiere tener en la ciudad en la que vive. En todo caso, se debe tener claro, que antes de las elecciones todos los candidatos asumen posiciones políticamente correctas, respecto de lo que se les plantea, el desafío sería como estas se traducen en compromisos serios y garantizados. Ya tenemos experiencia que a los candidatos al parlamento no se les puede exigir el cumplimiento de sus ofertas, pues cuando se plantea una determinada votación para un tema que nos interesa, algunos reciben orden de partido y eso sería todo.
Uno de los temas sensibles que enfrenta Antofagasta, es el déficit habitacional. Hace unos días en una conversación en un café, un amigo hizo ver su preocupación ante este problema. Como ejemplo señalaba que se podrían construir miles de viviendas en los terrenos fiscales camino a Cerro Moreno. Le encontré toda la razón. Viviendas sociales, en los últimos años en Antofagasta, prácticamente no se han construido, básicamente por la carencia de terrenos y/o el costo de estos. Sin duda que un plan habitacional masivo de este tipo de viviendas, aparte de facilitar el acceso de miles de personas a una vivienda digna, también contribuiría a disminuir los campamentos y, además, evitar el abuso que muchos cometen con los inmigrantes.
Además, el desocupar terrenos de campamentos, facilitaría la construcción de áreas verdes, donde Antofagasta exhibe el déficit más alto del país. La regionalización, la contaminación y la demanda histórica de una asignación de recursos más equilibrados respecto del aporte regional, también son temas que se no pueden dejar de plantear a los candidatos de la elección de noviembre próximo.
Interpelación
La migración es un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse y requiere una política de Estado. Fue, precisamente por ello, que con sentido de futuro y urgencia, el exPresidente Sebastián Piñera presentó al Congreso un proyecto de una nueva ley de migración y extranjería, a fin de actualizar la legislación vigente, que data de 1975.
Ese proyecto Piñera fue tramitado y votado favorablemente en general por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, quedando listo para ser discutido en particular, esto es, artículo por artículo. Fue en este estado en que quedó cuando, al asumir el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el proyecto fue inexplicablemente desechado y perdiéndose, en consecuencia, todo el tiempo y los recursos que se invirtieron en su preparación y tramitación. Así fue como transcurrieron más de tres años y el actual gobierno volvió a realizar estudios para construir un nuevo texto porque, según afirmó el ministro del Interior, "las circunstancias habían cambiado". Durante esta administración entregamos nuestras propuestas al ministro Rodrigo Peñailillo que nos dijo que habían reformas estructurales que priorizar, luego el ministro Jorge Burgos nos apuntó que no había acuerdo en el gobierno y que a grandes rasgos unos querían más control y otros más integración y así llegamos donde el ministro Mario Fernández que comprometió el ingreso del proyecto en diciembre de 2016. Fue, entonces, sobre esta demora que presentamos la solicitud para interpelar al ministro del Interior y poder formularle las preguntas en relación a la nueva ley de migraciones y su demora.
Sin embargo, los primeros resultados de la interpelación comenzaron antes de ella: El Gobierno tuvo que resolver las diferencias internas respecto de los contenidos y tuvieron que, a contrarreloj, presentar el proyecto, el cual ingresó a trámite por la Cámara. Asimismo, también logramos que el Gobierno tuviera que calificar el proyecto con suma urgencia, a fin de que su conocimiento fuera prioritario.
La interpelación ocurrió un día después de haberse iniciado su trámite. Durante ella, fue posible ver a un ministro del Interior que no conocía el tema y que en forma irresponsable no había sido capaz de convocar al Consejo de Política Migratoria que tiene como objetivo diseñar y planificar la política en cuestión y a un Gobierno que, en el informe financiero que se acompañó reglamentariamente al proyecto, confiesa que es imposible estimar el gasto fiscal que irrogará la entrada en régimen de esta ley. Por último, pudimos corroborar que el proyecto en trámite es muy semejante al del Presidente Sebastián Piñera y que, a fin de cuentas, se perdieron más de tres años.
De todo ello podemos concluir que nuestro país perdió tiempo de trámite legislativo, esperando un proyecto que no innova ni en derechos y deberes ni en la estructura institucional que hará frente a la migración.
Sin embargo, tenemos que celebrar el que tengamos ya una ley de migración en trámite y no la promesa de su "pronto envío"; que hayamos puesto a la migración como un tema nacional y que comiencen a surgir consensos -aún en la turbulenta época de elecciones- que pueda avanzar con la tan ansiada modernización de la ley migratoria que nos permita tener una migración segura, ordenada y regular.
Carlos Tarragó
Presidente Proa Antofagasta
Paulina Núñez
Diputada de la República