Consejo de Transporte denuncia pérdidas y exige más fiscalización a vehículos ilegales
DEMANDAS. Gremio advierte que irrupción de Uber bajó sus ingresos hasta 60% en Antofagasta.
Una reunión con el intendente Arturo Molina sostendrán esta jornada los representantes del transporte colectivo de la Región de Antofagasta para exigir una mayor fiscalización a los servicios de pasajeros.
Así lo informó el presidente regional del Consejo de Transporte Público y Privado, Jerónimo Valdés, quien manifestó su preocupación respecto al aumento en el número de vehículos informales, entre ellos, los asociados a la aplicación Uber.
Esto, según indicó Valdés, genera una serie de dificultades para el gremio reflejado principalmente en una considerable disminución en los ingresos de los conductores.
"El desmedro económico es tan grande en los taxibuses, colectivos y en los taxis básicos que los ingresos han bajado en casi un 60%", aseguró el dirigente gremial.
Valdés expresó que como gremio exigen una fiscalización más exhaustiva al transporte informal, necesidad que será planteada hoy a la máxima autoridad regional.
"Nos reuniremos con el intendente para que él entienda que es un problema social que no tiene que partir básicamente con que eliminen la aplicación Uber, sino para que él, junto al seremi de Transportes y Carabineros se preocupen de buscar métodos de fiscalización más efectivos para de una vez por todas erradicar los autos piratas", expresó.
Valdés informó que de no lograr algún acuerdo con el jefe regional su gremio se movilizará.
En respuesta, el seremi de Transportes, Waldo Valderrama, precisó que como ministerio realizan constantes fiscalizaciones de los vehículos en calidad de informales, entre ellos, los de Uber.
"Ellos (gremio de transporte) me solicitaron aumentar la fiscalización y mi respuesta fue afirmativa. Por ello estamos generando un mayor nivel de fiscalización en el caso de los vehículos informales", expresó.
Valderrama aseguró que no se ha registrado un aumento en el número de vehículos que circule de manera informal.
"Hubo una baja importante cuando entregamos una gran cantidad de patentes de taxis el 2016. Muchos se regularon y pudieron trabajar de forma formal, cumpliendo todas las condiciones para hacer ese tipo de servicio", expresó.
Asimismo, la autoridad regional destacó la importancia que tiene la tramitación del proyecto de ley que busca regular aplicaciones como Uber y Cabify.
Proyecto
Este proyecto de ley está siendo actualmente discutido en la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja.
El presidente de esta comisión, el diputado Mario Venegas (DC), indicó que luego de haber dedicado varios meses a escuchar distintas organizaciones de transportes, fue votada la idea de legislar y ahora está siendo votado en particular.
"Los taxistas que se manifestaron ayer (lunes en Santiago) son a nuestro entender un grupo minoritario que no comparte este acuerdo realizado con los gremios y el Ministerio de Transportes en orden a regular esta actividad que están desarrollando estos nuevos actores del sistema que usan plataformas tecnológicas como Uber o Cabify", expresó.
La norma busca modernizar la legislación vigente sobre transporte remunerado de pasajero, equiparando las condiciones de operación de las nuevas plataformas tecnológicas con la de los taxis colectivos.
Jerónimo, Valdés,, Consejo de Transporte"
"Nos reuniremos con el intendente para que entienda que es un problema social que no está sólo relacionado con Uber".
Mario, Venegas,, diputado, DC"
"Los taxistas que se manifestaron ayer (lunes) son a nuestro entender un grupo minoritario que no comparte el proyecto"."
Restricción en otros países
No sólo en Chile la aplicación de Uber ha presentado problemas para operar. La compañía estadounidense ha enfrentado una férrea resistencia por parte de los diferentes gremios de taxistas, registrándose multitudinarias protestas en Francia, Colombia, España y Brasil. La empresa además ha debido desembolsar en diversos litigios. Según el diario británico The Guardian la firma ha debido pagar unos 62 millones de dólares para seguir operando, y sólo en EE.UU., acumula 170 demandas de distintos tipo.