"EE.UU. considera detener todo el comercio con cualquier país que haga negocios con Corea del Norte".
Donald Trump — Presidente de Estados Unidos
"El proyecto Dominga para el Gobierno es un proceso que está cerrado".
Paula Narváez
Ministra vocera de Gobierno, y un
caso que sigue dando que hablar
A meses de las elecciones y a poco más de entregar el gobierno, la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet se ha entrampado en un problema a propósito del proyecto "Dominga".
Lo curioso es que al parecer la polémica está determinada por un simplismo sorprendente, pero errado: Quienes parecen estar a favor de la inversión y el crecimiento, aparecen como en contra del medioambiente; y quienes están en la línea de lo resuelto, asoman como a favor del medioambiente y supuestamente en contra del crecimiento económico.
Desde el ejecutivo las señales han sido confusas. El exministro Rodrigo Valdés, criticó el rechazo del proyecto y aseguró que "yo constato que algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas y les cuesta a veces tener una compatibilización de eso con otros objetivos, que son importantes también".
Un día después, la Presidenta sostuvo que "hay gente que cree que si uno se preocupa por el medio ambiente la economía no va a poder seguir creciendo. Y sí puede", lo que fue interpretado como un golpe directo al ministro.
Y cuando se entendía que primaba esa óptica, el recién designado ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, apuntó: en relación a la iniciativa: "Todavía puede hacerse; nadie ha matado el proyecto, y podría llevarse a cabo".
Y ayer, la vocera Paula Narváez citó: "El proyecto Dominga para el Gobierno es un proceso que está cerrado (...) y que ha concluido en todas sus etapas que nuestra institucionalidad ambiental considera".
¿Qué significa todo esto? ¿Es genuina esta discusión respecto al cuidado al medioambiente? Todo indica que no. Primero porque el crecimiento no es un opuesto al resguardo ambiental. En segundo punto, si así fuera, la designación de Rodríguez Grossi en Economía no va en esa línea, en lo absoluto.
Todo hace suponer que el rechazo al proyecto minero es de otra índole, pero en ningún caso está el supuesto y repetido discurso del resguardo ecológico de la zona impactada.
El caso ha provocado un daño a la institucionalidad, otro más, y los efectos son sólo negativos para Chile.
La migración es un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse y eso el gobierno no lo entiende. Llevamos años tratando de convencer al ejecutivo que es urgente definir una política de Estado que tenga una Ley de migración y extranjería que permita una migración segura, ordenada, regular y políticas públicas por ejemplo en materia de salud, educación, vivienda y protección social en general. En abril de 2014 entregamos la primera propuesta al ejecutivo, a fines de ese año la ampliamos a través de una bancada transversal por la migración que conformamos en la Cámara, nos reunimos con los tres ministros de Interior que ha tenido este gobierno, realizamos una sesión especial en la Cámara, organizamos cuatro foros (uno al año) en nuestra región y seis en el país y tuvimos que anunciar una interpelación para que el gobierno reaccionara.
Sin embargo, durante estos años, el proyecto estuvo entrampado porque era muy caro, porque la nueva distribución de competencias no agradaba a todos los ministerios, porque no había acuerdo en la Nueva Mayoría sobre si queríamos fronteras más flexibles o mayor control, en fin, una serie de argumentos o excusas que solamente denotan la falta de voluntad para abordar un tema que urge a nuestro país y, especialmente, a nuestra región.
Por eso es que la interpelación que acordó, con votos oficialistas, la Cámara de Diputados, para hoy martes 5 de septiembre, respecto de las políticas e institucionalidad migratoria, ya dio su primer fruto: significó que el gobierno -después de prometerlo por enésima vez- ingresara su proyecto.
Pero, independientemente de quién sea el autor y cuál sea el enfoque, lo esencial de contar con una nueva institucionalidad migratoria radica en poder, con un estándar moderno, ordenar y regularizar los flujos migratorios y responder con la protección social que corresponde. En este sentido, es importante contar con opciones que permitan conciliar los intereses de los migrantes como los del país. Así, modelos como el canadiense, que se construye sobre residencias acotadas, con cuotas para migrantes laborales y, respecto de estos, un sistema de puntos que busca selectividad, aparece como una alternativa que debe ser examinada, al comenzar el estudio del nuevo proyecto.
Tenemos un tremendos desafío como país, definir que Chile queremos seguir construyendo.
Paulina Núñez Urrutia
Diputada de la República
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