Entender las causas por las cuales se comete un delito resulta una tarea nada fácil; desde la simple voluntariedad, motivaciones económicas, sociales o, simplemente, por haber crecido en un entorno en el cual el delito no resulta reprobado socialmente.

Esas son algunas de las hipótesis que se pueden manejar y, sin entrar a dicho debate, lo que queda claro es que existe una clara relación entre el consumo de drogas y la delincuencia.

Hace poco asistimos a la conformación del Comité Asesor para la Reinserción Social, una instancia que reúne a representantes del mundo público, privado y de la sociedad civil con el objetivo de diagnosticar el estado actual de los programas y planes con que cuentan los distintos organismos para crear una política clara de intervención y mejorar los índices de resocialización.

En este contexto la Defensoría Penal Pública desde sus inicios ha incursionado en todas aquellas veredas que tengan por fin brindar a los usuarios del sistema una posibilidad cierta de retomar su vida tras la privación de libertad, especialmente cuando su conducta criminal ha estado vinculada al consumo problemático de drogas.

Desde ese punto de vista es entender necesario comprender que tanto el aumento de la criminalidad, como la disminución de ésta, no se pueden asociar a un solo factor. Por ello el desafío de la prevención, y posteriormente la reinserción, abarcan procesos multidisciplinarios que deben necesariamente ir de la mano con políticas sociales que incluyan acciones de prevención, mayor incentivo a otras disciplinas y espacios donde desarrollar deportes y recreación cultural además de políticas comunitarias capaces de entregar apoyo y orientación, para así tener un respaldo adicional o, al menos, algún tipo de orientación en momentos que resultan tan delicados en la vida de una persona que está sujeta permanentemente al abuso de drogas y, por ello, a una permanente exclusión.

Con esta mirada y como fiel reflejo de su compromiso institucional que se extiende desde la primera señal de investigación hasta el efectivo cumplimiento de las penas, la Defensoría Regional asumió el desafío de aportar a los privados de libertad un espacio de desarrollo personal, particularmente a quienes habitan el módulo 88 del Complejo Nudo Uribe.

Allí están recluidos los gays, transexuales y travestis, una población no siempre visible en las políticas de reinserción, para revertir eso, la Defensoría postuló un proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional el que fue aprobado y será prontamente ejecutado.

Gracias a éste tanto la institución como la población beneficiara se darán un espacio de crecimiento mutuo en la puesta en vigencia de un desafío mutuo, que no es otro que trabajar hacia la implementación real de iniciativas para la reinseción.

Defensora regional

de Antofagasta

Loreto Flores

Cientos de personas caminando por la carretera con sus maletas en la mano. Así fue el panorama ayer en el Aeropuerto de Santiago, lugar hasta donde llegaron algunos taxistas para bloquear los accesos vehiculares, a modo de protesta contra las aplicaciones móviles tipo Uber y Cabify, en lo que fue una de las manifestaciones más polémicas del gremio.

La jornada comenzó tensa. Los vehículos techo amarillo se desplazaron al terminal aéreo tras la no autorización del intendente metropolitano, Claudio Orrego, para una protesta en el centro. Según el jefe regional, la prohibición se debió a que en su anterior marcha no respetaron el horario para despejar la Alameda.

"No nos quedó otra que posicionarnos en el aeropuerto. Sabemos que es ilegal, pedimos las disculpas a la ciudadanía, pero hoy en día lo ilegal parece que tiene más fuerza", dijo en radio Cooperativa el director nacional de Confenataxi, Nicolás Sayes.

Con el pasar de las horas creció la intensidad en la movilización. Las líneas aéreas reportaban retrasos en sus vuelos, con unos 2.400 usuarios afectados por cambios en su itinerario; la congestión se extendía por cerca de cinco kilómetros; y Fuerzas Especiales de Carabineros llegaba con grúas a remolcar los taxis.

En total, catorce vuelos, ocho locales y seis internacionales, fueron afectados por la movilización.

Pero el momento más álgido se dio cerca de las 13.30. Una mujer que salía del aeropuerto le informó a un equipo de TV que alguien había sufrido un ataque en el atochamiento. "Se está muriendo, lo intentamos ayudar", relató.

Minutos después se confirmó el hecho. El brasileño Mario Hirochi Suzuki, de 66 años, era atendido tras un paro cardiorespiratorio. Por las dificultades para que ingresara una ambulancia, fue trasladado en helicóptero a la ex Posta Central, donde falleció. Según Carabineros el turista padecía hipertensión e iba camino a abordar un vuelo de vuelta a su país.

"Lo que hemos visto es inaceptable. Esta toma del aeropuerto por parte de taxistas ha significado enormes costos para la imagen de Chile, para las líneas aéreas, para las personas que viajaban afuera del país y la vida de un ciudadano brasileño", criticó Orrego, quien se querelló, en representación del Gobierno, por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que la investigación determinará si los culpables pueden ser imputados por "homicidio culposo", mientras que la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, enfatizó que los taxistas deben seguir la vía del diálogo para atender sus demandas.

Por la tarde, voceros de los taxistas movilizados lamentaron la muerte del turista, pero se desligaron de responsabilidades. Apuntaron como culpables al intendente y al seremi de Transportes de la RM, Matías Salazar, por no autorizar su marcha original.