Chile carece de un sistema de pensiones bajo los principios de la seguridad social. El sistema discrimina, carece de solidaridad, carece de equidad de género y lo más importante, entrega pensiones insuficientes para asegurar una vejez digna para la gran mayoría de los adultos mayores.

Mientras las AFPs tuvieron utilidades por más de 350.000 millones de pesos el año 2016, el 79% de las pensiones autofinanciadas están bajo el salario mínimo. Así, el sistema de AFP multiplica la desigualdad.

Esta desigualdad es más perversa con las mujeres. La sociedad les entrega la responsabilidad reproductiva y de cuidados, lo que limita su desarrollo en el mundo del trabajo remunerado. Pero, sus pensiones dependen de su participación en el mercado laboral, desconociendo el trabajo no remunerado. Como resultado, las pensiones de las mujeres son un 37% menor que las de los hombres.

Chile requiere un cambio urgente y sustantivo en el sistema de pensiones: estructural, gradual y permanente. Por eso, Beatriz Sánchez ha adherido a la propuesta de No más AFP.

Esta propuesta plantea la creación de un sistema de seguridad social solidario, sostenible financieramente y moderno, administrado por una Nueva Institucionalidad Pública y Autónoma que integre a todos los ciudadanos en el sistema.

Además, se establecen pensiones definidas, pero que se incrementan en la medida que aumentan los años cotizados. Se garantiza una pensión mínima (no contributiva) equivalente al 100% del salario mínimo de hoy para todas las personas en edad de jubilar y una pensión de reemplazo (contributiva) con mínimos (superior al salario mínimo) y máximos claros (y un tope de 100 UF mensuales).

Esto permite asegurar la no pobreza en la vejez, una menor desigualdad en la vejez y una menor vulnerabilidad.

Por último, esta propuesta es sostenible financieramente porque junto con equilibrar la cotización de trabajadores (baja de 11,4 a 9%) y empleadores (sube de 1,4 a 9%), esta tiene un componente de ahorro colectivo que supone la existencia de un fondo de reserva técnica. Hoy Chile tiene un gasto público en pensiones de 4,8% del PIB mientras que en promedio los países de la OCDE es cerca de 8%. Esta propuesta implicará un gasto público menor en el primer año de implementación de 3,07% del PIB y sube gradualmente para llegar el año 2075 al 7,72% del PIB.

Llamamos a la ciudadanía al diálogo social y empujar cambios relevantes en el sistema de pensiones. Nuestros adultos mayores tienen miedo, y con justa razón. Aseguremos una vejez digna para ellos y ellas en un sistema de seguridad social solidario, moderno y sostenible.

Claudia Sanhueza

"La desigualdad es más perversa con las mujeres. La sociedad les entrega la responsabilidad reproductiva y de cuidados, lo que limita su desarrollo en el mundo del trabajo remunerado. Pero sus pensiones dependen de su participación en el mercado""

*Doctora en Economía de la Universidad de Cambridge y Coordinadora Programática del comando de Beatriz Sánchez.

El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (ISPAB), en conjunto con la consultora GfK Adimark, realizó el Estudio Nacional de Salud 2017, donde dedicó un apartado a la "Percepción de las Isapres de los chilenos: El caso Masvida y la reforma al sistema", donde la Superintendencia de Salud obtuvo un promedio de 3,4 en la evaluación hecha por 1.203 personas, debido a la falta de fiscalización en el sistema previsional privado.

El estudio detalló, asimismo, que un 82% de los participantes le otorgó un 3,2 -en una escala de 1 a 7 -al trabajo del organismo estatal respecto a la calidad de atención a los pacientes. Un 78,8% reprobó con un 3,3 la información a las personas de sus derechos en salud.

"La población percibió una deficiente acción preventiva de este organismo, respecto de prever las consecuencias de la crisis de la Isapre Masvida, y también, en cuanto a gestionar la crisis en sí misma. Es por esto, que le exige aún más proactividad a la Superintendencia en la provisión de información a sus afiliados", sostuvo el director del ISPAB, Héctor Sánchez.

Masvida

La mitad de los encuestados dijo conocer el caso de la Isapre Masvida (institución que vivió una compleja situación financiera, generando incertidumbre entre sus afiliados). Un 70% aseguró a la casa de estudios que esta situación particular afectó severamente la credibilidad del sistema.

En correlato, el 86% señaló que la responsabilidad en el caso se debió a la mala administración de los directivos de la Isapre, y un 76% culpó a fallas del marco regulatorio.

"Masvida se ha constituido en una tormenta perfecta para el sistema Isapre, la cual ha afectado aún más su imagen, ya que ha puesto en cuestionamiento la solvencia financiera de éste, la capacidad y la eficacia reguladora de la Superintendencia de Salud. Lo anterior es grave, ya que en el fondo se ha deteriorado la fe pública en el sistema en su conjunto, afectando las relaciones entre afiliados e Isapres y entre prestadores de servicios de salud y las Isapres lo que terminará encareciendo el sistema y agregando inestabilidad a éste", afirmó Sánchez.

Reforma al sistema

Un 67% de los consultados opinó que las Isapres deben permanecer funcionando y un 55% de ellos cree que deben hacerlo pero con reformas importantes. En tanto, un 26,4% señaló que éstas debieran desaparecer.

Ante la propuesta gubernamental de cambiar el sistema previsional privado, siete de cada diez personas dijeron que el Ejecutivo pretende que las Isapres permanezcan, pero con algunos cambios. Mientras que un 20,9% cree que el Gobierno quiere que las Isapres desaparezcan, cifra mayor a la que arrojó el análisis en 2015, con 10,3%.

Las modificaciones a la legislación, dijo el académico, son vistas por la población como el acceso a mayor información sobre "el alza de precios y el perfeccionamiento de los mecanismos que aseguren una mayor estabilidad financiera del sistema y mayor protección a los afiliados en caso de falencia en éste".

cree que el Gobierno busca eliminar las Isapres mediante su propuesta de reforma. 20,9%

afirmó que debe seguir existiendo el sistema privado de previsión de salud, pero con modificaciones. 55%