José Luis Ramírez M.
Sanciones más elevadas para los empleadores que den trabajo a extranjeros en forma irregular, pero también una mayor inserción de éstos en las empresas, son parte del contenido del proyecto de Ley de Migración, elaborado por el Ejecutivo.
La iniciativa legal, firmada el lunes por la Presidenta Michelle Bachelet, debe ingresar hoy o mañana al Congreso (se desconoce a través de qué cámara), actualizando la regulación nacional en materia de extranjería, que data de 1975.
Aunque los detalles del proyecto aún no son confirmados por La Moneda, una de las propuestas es modificar el inciso primero del artículo 19 del DFL N° 1, del Ministerio del Trabajo (2002), que establece un límite para la contratación de extranjeros en empresas de 26 o más trabajadores.
La norma aún vigente indica que dicho máximo no puede superar el 15% del total de contratados, parámetro que ahora se eleva a 25%, manteniendo como ámbito de aplicación a las empresas de 26 trabajadores o más (para el resto de ellas no existe tope).
Según la propuesta que ingresará próximamente a trámite, el cumplimiento de esta disposición será revisado en forma periódica por el nuevo Comité de Política Migratoria.
Objetivo
La medida es una respuesta directa a la fuerte demanda de incorporación al mercado laboral que tiene la población inmigrante. De hecho, el mensaje que acompañará al proyecto indica que en los últimos dos años, casi el 70% de los peticionarios de visas han realizado el trámite por motivos laborales, lo que "resulta concordante con la visión regional que existe respecto de Chile en relación a su estabilidad económica".
El seremi del Trabajo, Pablo Rojas, se declaró a favor de una modificación en el sentido que se propone, por las facilidades que brindaría para la incorporación de fuerza productiva a sectores como la construcción o los servicios.
Agregó que la modificación constituye en realidad un sinceramiento de lo que sucede hoy en estos rubros, donde muchas veces se excede el límite de 15% establecido.
"Con esto nos estaríamos poniendo a tono con las necesidades del mercado, absorbiendo mano de obra de forma oportuna y eficaz", manifestó.
Rojas recalcó, eso sí, que esta modificación debe ir de la mano de una mayor capacitación e incorporación de conocimiento en los trabajadores nacionales para que no se generen efectos adversos.
Además, planteó la necesidad de fiscalización de manera que los empleadores no excedan el nuevo límite de 25%.
Comercio
El presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta, Antonio Sánchez, también valoró la idea del Ejecutivo.
"Todo lo que sea flexibilización del mercado laboral es positivo, eliminar rigideces agiliza y ayuda, en este caso, permitiendo tener un espectro más amplio de contratación de trabajadores", argumentó.
Sánchez comentó que para el sector comercio en particular, el trabajador extranjero es especialmente atractivo por la mayor escolaridad promedio que tiene (la Casen 2015 lo estableció en 1,6 años) y por el mejor trato que ofrecen.
"Tú puedes ver en el mundo de la gastronomía que siempre te atienden con una sonrisa muy amable, saludan, y eso es algo que hemos ido perdiendo en nuestros trabajadores", manifestó el dirigente.
Tanto el líder gremial como el seremi del Trabajo descartaron que un aumento en las cuotas de extranjeros se transforme, por sí mismo, en un factor que haga bajar el sueldo promedio en aquellos sectores donde se integren.
Hay que precisar que de acuerdo a datos del Observatorio Laboral, en la región el 7% de la población ocupada es extranjera, principalmente boliviana, peruana y colombiana.
La diputada Paulina Núñez (RN) dijo que regularizar la situación de los migrantes implica también abordar el tema del empleo, que es el principal motivo que los trae al país.
Desde ese punto de vista, la parlamentaria acogió la propuesta de aumentar las cuotas de trabajadores en empresas, pero sin dejar desprotegida a la fuerza laboral nacional.
"Debemos poner en discusión cómo los trabajadores de nuestra zona tienen mayores opciones a través de capacitación o convenios, con institutos técnicos o universidades", afirmó Paulina Núñez.
Sanciones alcanzarán las 30 UTM
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que las empresas o personas naturales que den empleo a un extranjero que no estuviere autorizado para trabajar, recibirá una multa de 3 a 50 UTM por cada persona contratada en dicha condición. Lo mismo ocurrirá si facilita declaraciones falsas para que un extranjero tramite residencia. A su vez, los inmigrantes que realicen actividades remuneradas sin los permisos correspondientes, arriesgan multa de 3 a 10 UTM.
