Antofagasta tiene muchas razones para estar orgullosa, pero siempre podemos hacer mucho más. Este fin de semana iniciamos, con ese objetivo, una pequeña acción: pintar y mejorar algunos de los tantos campamentos de la capital regional.

Esa tarea es realizada por los propios habitantes -más el apoyo de voluntarios-, quienes manifestaron su voluntad de mejorar sus espacios, ganar en dignidad y dar cuenta que la pobreza no es impedimento alguno para alcanzar mejorar condiciones.

Es cierto, muchos de estos sitios están en una situación de ilegalidad, pero también es verdad que quienes allí viven, no están por voluntad y tienen el mismo sueño de, algún día, obtener una casa propia.

Pero mientras eso no ocurra, legítimamente quieren mejorar sus espacios, embellecer su entorno y dar una señal a todos los antofagastinos de que sí es posible avanzar cuando se trabaja de forma colaborativa.

Ayer partió el desafío en el campamento Irarrázabal, compuesto por 43 viviendas y familias. El sector se ubica en los faldeos de los cerros, al final de la calle del mismo nombre, muy cerca de la feria Pantaleón Cortés. Se trata de gente humilde, con muchos extranjeros y niños chilenos que hacen su vida, entre una vista privilegiada de la bahía, pero con precariedades obvias.

Como es sabido, en nuestra Región de Antofagasta se multiplicó por diez el número de familias que viven en campamentos en la última década. Así, la zona pasó de 19 de estos asentamientos y 632 familias en 2007, a 60 sitios habitados que suman 6.771 familias en 2017, según el Catastro Nacional de Campamentos, elaborado por Techo Chile.

Este es un hecho del que debemos hacernos cargo y que tendrá soluciones de largo alcance. Objetivamente hoy es muy difícil resolverlo, de modo que si algo podemos hacer, es elevar sus condiciones actuales a fin de animarlos, integrarlos y no postergarlos.

Tal vez desde los campamentos se puede dar la señal de que sí es factible levantar un ciudad más hermosa. Si todos sumamos, podremos seguir con este mensaje por todos los rincones de Antofagasta.

El CEO de BHP, Andrew Mackenzie, acaba de anunciar la aprobación de una inversión de US$ 2.460 millones para el proyecto Spence Growth Option (SGO), cuya materialización significará extender la vida útil de Spence en 50 años.

Sin duda es una muy buena noticia y que llega en un escenario nacional y regional donde hemos estado haciendo llamados a priorizar la inversión y el crecimiento para recuperar el empleo de calidad y, por ende, el bienestar de nuestra comunidad. En los últimos años nuestra región ha sufrido con rigor la caída en el precio del cobre y sus necesarios ajustes y, por lo mismo, sabemos la importancia estratégica de esta decisión de inversión.

Inversiones de esta magnitud ofrecen un abanico muy amplio de oportunidades cuya transformación en realidades demandan un esfuerzo y trabajo mancomunado de inversionistas, ejecutivos, trabajadores y stakeholders.

Según se informó, el proyecto tiene una tasa interna de retorno esperada del 16% y un período de recuperación de 4,5 años desde la primera producción, creando así valor de largo plazo para los accionistas.

Por otra parte, se estima que el proyecto demandará 5.000 empleos en la fase de construcción. Asimismo, las regiones mineras sabemos que estos proyectos tienen un potencial importante de oportunidades para las empresas proveedoras directas, empresas de servicios indirectos, el comercio, la construcción, universidades, etc.

La Región de Antofagasta, región donde están localizados estos nuevos recursos a explotar, está llamada a capitalizar de manera preferente las oportunidades asociadas a un mega proyecto como éste. La experiencia enseña que una muy buena coordinación entre los distintos actores involucrados es fundamental para maximizar regionalmente los beneficios de estas inversiones. Información sobre demandas es muy necesaria para la adecuada preparación de las empresas proveedoras, de los recursos humanos, de servicios en general. La información al mercado es imprescindible para que éste entregue todos sus beneficios. Por su parte, cada uno de los actores llamados a agregar valor al proyecto deben preparar sus ofertas conforme a los nuevos desafíos de innovación y competitividad de las empresas mineras. Información y coordinación son claves para la creación de valor compartido y, por lo mismo, para la valoración conjunta de una gestión exitosa.

"La competitividad de una empresa y la salud de las comunidades donde opera están fuertemente entrelazadas. Una empresa necesita una comunidad exitosa, no sólo para crear demanda por sus productos, sino también para brindar activos públicos cruciales y un entorno que apoye el negocio. Una comunidad necesita empresas exitosas que ofrezcan empleos y oportunidades de creación de riqueza para sus ciudadanos." (M. Porter; M. Kramer)

Despenalización del aborto en tres causales

En el año 1875 comienza a regir en nuestro país el Código Penal que castigó el aborto a todo evento hasta que en el año 1931, fecha en que se dictó el Código Sanitario, se permitió a las mujeres interrumpir su embarazo con fines terapéuticos, pues en su artículo 226 se otorgaba a los profesionales de la salud la potestad para efectuar el procedimiento, con la opinión de tres facultativos. En 1952, con la creación del Servicio Nacional de Salud, se instalaron las políticas de salud materno-infantil como prioridad de atención en el sistema sanitario. Es así que nuestro país sostuvo una larga tradición en esta línea, hasta el año 1989 y bajo el régimen de Augusto Pinochet se derogó el artículo 119 del Código Sanitario, prohibiendo todo tipo de aborto.

Con el retorno de la democracia, a partir del año 1991 se presentan diversos proyectos de ley para subsanar lo sucedido en 1989. Finalmente, el 31 de enero de 2015, durante el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, se envía al Congreso el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. Los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta. Por esa razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda, exigen como presupuesto de cada una la expresión de voluntad libre de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar.

La iniciativa busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en sólo estas tres causales. La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe y castiga sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones extremas y sitúa a nuestro país como uno de los cuatro en el mundo que lo criminaliza en todas sus modalidades.

Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, y, por el contrario, se traducen en una vulneración de sus derechos.

Esperemos que con la aprobación en el Parlamento de esta iniciativa, nuestro país retome el camino de la tolerancia y respecto que merecen las mujeres que se ven enfrentadas a estos terribles hechos y que el estado no las continúe castigando, que sean ellas a la luz de sus creencias y condiciones quienes asuman la decisión y que el estado sea capaz de acompañarlas independiente cual sea ésta.

Muchos desean llevar esta discusión de forma binaria, de buenos y malos, esto no es aceptable ni racional. Nadie tiene el derecho a imponer a las mujeres que experimentan estas situaciones límites una u otra decisión, es deber del Estado entregar las herramientas para que sean quienes decidan y, a la vez, proteger sus legítimas decisiones de visiones extremistas y radicales que sólo perpetúan el dolor y temor en las afectadas.

Fernando Cortez

Gerente general Asociación de Industriales de Antofagasta

Viviana Ramírez

Directora Sernameg