Crisis en Venezuela: cancilleres condenan "la ruptura del orden democrático"
DECLARACIÓN. Representantes de 13 países de la OEA calificaron la Constituyente de "ilegítima" y llamaron a respetar DD.HH.
Trece países de la OEA suscribieron ayer la "Declaración de Lima", acta redactada en una reunión extraordinaria en la capital peruana para abordar la crisis que se vive en Venezuela.
Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú declararon, entre otras cosas, su "condena a la ruptura del orden democrático" en el país presidido por Nicolás Maduro.
Además, manifestaron su decisión de "no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo" y su "pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional (Parlamento), democráticamente electa".
También suscribieron al "enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza" y condenaron "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales", asegurando que Venezuela "no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas".
Estas resoluciones se suman a la denuncia realizada ayer por Oficina del Alto Comisionado de este apartado de la ONU, en la que se aseguró que "hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura".
Presión en venezuela
Ajena a todo esto, la ANC aprobó ayer un decreto que subordina a ella al resto de los poderes del Estado. La estatal Agencia Venezolana de Noticias informó que el decreto "fija los lineamientos para la coexistencia con los cinco Poderes Constituidos que conforman el Estado venezolano", en orden a "preservar la paz y la armonía del pueblo venezolano".
"De acuerdo con este dictamen, la ANC podrá decretar medidas sobre competencia, funcionamiento y organización de poderes públicos de modo inmediato, para el adecuado funcionamiento de las instittuciones y preservar la estabilidad", agrega la nota.
Ayer, además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la inhabilitación política y condenó a 15 meses de cárcel al alcalde opositor Ramón Muchacho, quien dirige el municipio de Chacao, en Caracas, por permitir el desarrollo de protestas antigubernamentales en ese sector.
A esto se suma la acción de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que ayer impidió la entrada de los diputados opositores a la Cámara, luego de que los oficialistas constituyentes entraran por la fuerza para tomar el control de la sede, que hasta ahora era controlada por los disidentes.