El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que ha decidido no permitir que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas de ese país, aunque no especificó cuándo entrará en vigor esta prohibición. Esta polémica medida, que es vista como regresiva, da marcha atrás a la apertura ordenada en junio del año pasado por el Gobierno de Barack Obama.

El anuncio, cómo no, llegó a través de Twitter. Allí, el Mandatario detalló que, tras haber consultado con sus "generales y expertos militares", su Gobierno "no aceptará ni permitirá" que individuos transgénero "sirvan en ninguna capacidad" en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

"Nuestras fuerzas armadas deben centrarse en la victoria decisiva y arrolladora, y no pueden ser lastradas con los enormes costes médicos y la perturbación que implicarían los transgénero", argumentó.

Trump no ha precisado cuándo ni cómo se aplicará la prohibición y de qué manera afectará a los transexuales que ya están dentro de las Fuerzas Armadas, cuya cifra oscilaba en 2016 entre 1.300 y 6.600, aproximadamente, dentro de un total de 1,3 millones de integrantes del cuerpo militar, de acuerdo con un estudio encargado por el Pentágono.

Ese estudio calculaba que el coste máximo de tratamientos para esa minoría de transexuales ascendería a unos 8,4 millones de dólares, lo que representa menos de un 0,02 % del gasto total anual en salud del Departamento de Defensa.

En una rueda de prensa, la portavoz de Washington, Sarah Sanders, calificó la política actual de "muy cara y perturbadora", y aclaró que Trump ha tomado una decisión de tipo "militar" sobre la "preparación" de las Fuerzas Armadas ante la que no cabe ninguna otra lectura.

Cabe recordar que, durante su campaña electoral, Trump presumió de ser un "amigo" de la comunidad LGBT y prometió luchar por ellos si lograba la Presidencia.

La decisión anunciada ayer supone un paso atrás en el camino hacia el fin de la discriminación por orientación sexual en las Fuerzas Armadas y ha sido criticada por activistas y congresistas tanto demócratas como republicanos.

A sólo tres días de la realización de las elecciones para la Asamblea Nacional Constitiyente (ANC) en Venezuela, la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro está llegando a niveles nunca antes vistos. Y es que, además de las sanciones que Estados Unidos impuso ayer a 13 altos funcionarios del Ejecutivo venezolano, un grupo de 13 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de Luis Almagro, el secretario general del organismo, exigieron suspender este proceso.

El grupo, liderado por potencias como EE.UU. y México, pidió en una declaración conjunta suspender el proceso de la Constituyente porque "implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática" y "sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio".

La declaración de los 13 países no se sometió a votación -habrían sido necesarios 18 apoyos para que saliera adelante- y simplemente fue leída en el Consejo Permanente por el embajador panameño, Jesús Sierra.

El texto lo suscriben Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

"indetenible"

A pesar de estas advertencias, el oficialismo, representado por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, cuyo presidente es el propio Maduro), Diosdado Cabello, señaló que la Constituyente es "un proceso indetenible para el desarrollo de la paz en Venezuela".

"El día 30 de julio, el pueblo sale a votar. 72 horas después debe estar instalada la Asamblea Nacional Constituyente", agregó el candidato a la ANC por el estado Monagas. Las declaraciones de Cabello se enmarcan en el cierre de la campaña electoral, cuya jornada final se vivirá hoy en Caracas.

Héctor Rodríguez, jefe de campaña chavista y también candidato a la ANC, mostró una posición menos rígida al señalar que es posible el diálogo con la oposición. "¿Es posible una negociación? No solamente es posible yo creo que es necesaria. Tú ves el nivel de conflictividad que tiene el país, el nivel de violencia que tiene el país y yo creo que cualquier venezolano con mediana racionalidad dice que es necesaria una negociación", dijo en una entrevista con la emisora Unión Radio.

Rodríguez, exministro y exdiputado de la Asamblea Nacional (Parlamento), aseguró que para el chavismo "no es un tema que genere mayor conflicto decirlo, al contrario el presidente ha dicho que convoca al diálogo".

"Negociación para claudicar a sus ideales, que yo creo que es el debate interno entre la oposición, no. Diálogo para administrar el conflicto político de forma pacífica, de forma democrática; el conflicto político va a seguir existiendo", explicó.

El oficialista insistió en que el chavismo tiene gran respaldo popular y que las elecciones para la ANC previstas para este domingo sí se llevarán a cabo.

Huelga nacional

Todo esto se ha dado en el contexto del primer día de la huelga nacional de 48 horas convocada por la oposición, la que ayer dejó, al menos, 50 heridos y un fallecido, además de calles con barricadas en varias ciudades del país y numerosos choques entre los manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El paro continuará hasta las 6:00 de mañana y, si Maduro no echa pie atrás con la Constituyente, está prevista una masiva manifestación en la capital. Esta ya ha sido bautizada como la "Toma de Caracas", en referencia a la protesta realizada en septiembre del año pasado, en la que más de un millón de venezolanos reclamaron por un referendo revocatorio para apartar del poder a Maduro, el cual nunca se materializó.