Cristián Venegas M.

En los próximos 10 años se invertirán US$60 mil millones en proyectos mineros en Chile, y de ellos, cerca del 50% estarían concentrados en la región. Así lo afirmó en Calama la ministra de Minería, Aurora Williams, recogiendo las últimas estimaciones de Cochilco.

Se trata de proyectos que no sólo involucran millonarias cifra de inversión, sino que además una importante y creciente demanda laboral.

Análisis con el que coincide el subsecretario de Minería, Erich Schnake, quien hace unos días recorrió el distrito.

"Si uno actualizara las proyecciones de la cartera de inversiones de aquí a 10 años, conforme a los informes de Cochilco, uno vería un aumento de la inversión proyectada. Entonces, si era de US$50 mil millones en el último informe, hoy estaríamos cerca de los US$60 mil millones", apuntó.

Schnake aportó otro antecedente: "Alrededor del 45% de la inversión en minería en Chile, es Codelco, y las principales faenas de la estatal están en la región, y eso explica que haya tanta inversión en minería en este distrito, que además tiene un potencial geológico grandísimo reconocido hace mucho tiempo", dijo.

Comunas

En este escenario, las comunas de Calama y Sierra Gorda son las que concentran la mayor cantidad de proyectos mineros en la región, iniciativas que se encuentran en distintas etapas de desarrollo (calificación ambiental, aprobadas o en construcción), las que en conjunto requerirán más de US$13.000 millones de inversión.

Entre las principales iniciativas mineras ya en construcción, destaca el "Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea" de Codelco, cuyas obras alcanzan el 50% de avance.

PMCHS originalmente involucraba una inversión de US$4.500 millones y 6.000 trabajadores promedio en su fase constructiva, pero el proyecto estructural fue optimizado.

Se espera que la mina entre en operaciones en 2019, para alcanzar en un periodo de seis a siete años una producción de 366.000 toneladas de cobre fino y más de 18.000 toneladas de molibdeno fino al año.

A PMCHS se sumaría el próximo año la construcción de una planta desaladora de agua de mar para el Distrito Norte, la que se encuentra en proceso de licitación que podría definirse este año, según detalló el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, Patricio Chávez.

Este proyecto, que se construirá bajo la modalidad BOOT (construir, operar y transferir) y demandará 1.500 trabajadores en su peak de construcción, tendría un costo inicial de US$1.000, que serán aportados en su totalidad por la empresa que se adjudique su desarrollo.

Centinela

En el listado además aparece el proyecto "Desarrollo de Minera Centinela" (DMC), de Antofagasta Minerals, aprobado en junio de 2015, que supone una inversión de US$4.350 millones.

La iniciativa busca extender la vida útil de Centinela hasta 2056 y aumentar su producción de cobre hasta 400 mil toneladas por año.

El proyecto tendrá una primera etapa (Esperanza Sur) que entraría en operaciones en 2019 a un costo de US$ 2.700 millones, mientras que la segunda etapa consiste en el desarrollo del yacimiento Encuentro Sulfuros, cuyo plazo de operación se proyecta para 2024, y donde se invertirán US$1.650 millones adicionales.

Se proyecta que en el punto peak de la construcción, participarán 9 mil trabajadores.

En calificación ambiental desde mayo de este año se encuentra además el proyecto "Adecuación Operacional del Depósito de Relaves y Optimización del Proyecto Sierra Gorda", que requiere una inversión de US$2.000 millones, y que permitirá aumentar, desde 2018, la capacidad de la planta concentradora desde las 190 mil toneladas por día (tpd) hasta un total de 230 mil tpd.

Esta iniciativa, de la minera propiedad de la estatal polaca KGHM (55%) y la japonesa Sumitomo (45%), proyecta una vida útil de 21 años y en su proceso de construcción necesitará 6.000 trabajadores.

El decano de la Facultad de Economía y Administración de la UCN, Fernando Álvarez, sostuvo que los proyectos se evalúan sobre la base de un precio del cobre de largo plazo.

"De manera que, en esa proyección los precios actuales, a mi parecer, no son una de las principales variables de la reactivación", explicó.

La diputada Marcela Hernando (PR) presentó un proyecto de acuerdo sonde solicita al Ejecutivo elaborar un mecanismo que libere del pago del transporte público a los ciudadanos que se dirijan a votar en las elecciones del 19 de noviembre.

"Para los que defendemos la democracia, es una gran preocupación la disminución de votantes en las diferentes elecciones. Por eso presenté un proyecto para que el Estado se haga cargo de la movilización ese día, de manera que sea gratuita y las personas puedan ir y volver sin que eso signifique un gasto extra", explicó la legisladora.

Hernando propuso como fórmula que los gobiernos regionales contraten buses y los pongan a disposición de los electores.

Hablar de migración es el objetivo de un encuentro organizado por la diputada Paulina Núñez (RN) y que se realizará a las 16.30 horas de hoy en el auditorio de la Universidad Santo Tomás.

En el diálogo intervendrán, además de la parlamentaria, el padre Felipe Berríos, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, y el jefe del Departamento de Policía Internacional de la PDI, Carlos Silva.

La parlamentaria RN argumentó que es urgente contar con una Ley de Migración que reemplace al decreto que rige este tema, demanda que intentará sustentar a partir de los resultados del encuentro.

"Las conclusiones de este encuentro serán entregadas al Ministro de Interior para volver a exigir, aunque queden pocos meses de gobierno, el pronto ingreso del proyecto de ley y de esa forma empezar un debate en el Congreso que ha sido postergando por ausencia de este cuerpo legal", manifestó.

Aumento

La parlamentaria destacó el fuerte aumento que registró el arribo de inmigrantes, sobre todo colombianos y haitianos, durante los últimos años, asunto que a su juicio hace aún más urgente legislar.

Núñez también apuntó a la realidad local, asegurando que "en Antofagasta y en el norte del país, hemos enfrentado la migración solos". Agregó que además de una nueva regulación, faltan políticas públicas en materia de vivienda, educación e integración.