Pablo Matamoros Alucema
La Subsecretaría de Prevención del Delito -organismo dependiente del Ministerio del Interior- mantiene suspendidos sus convenios con el municipio de Antofagasta después de que Contraloría General de la República detectara irregularidades en la ejecución del programa "Barrio en Paz Residencial".
El organismo contralor recibió una solicitud de investigación de parte de la diputada Paulina Núñez (RN) y su análisis estuvo centrado en el plan establecido entre la subsecretaría y la municipalidad local para disminuir los delitos en espacios públicos.
Para ello, el organismo gubernamental transfirió $76.703.854 al municipio para que financiara el proyecto denominado "Nuestro barrio iluminado, nuestros sueños más seguros", en la Villa Progreso de Antofagasta.
Según Contraloría esta propuesta -que consistía en la instalación de faroles en pasajes y calles- fue adjudicada en forma directa el 14 de junio de 2015 con un plazo de ejecución de 60 días corridos, pero luego fue aprobada una prórroga por otros 30 días
La fiscalización -cuyo informe final fue hecho público a principios de año- detectó que "a marzo de 2016 las faenas asociadas al proyecto no habían finalizado en circunstancias que el plazo estipulado venció el 29 de noviembre de 2019 . Aquello se confirma en el informe de avance presentado por el contratista durante febrero de 2016 al municipio, donde sostuvo que la obra se encontraba en su etapa de término a la espera de la respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para su aprobación".
Robos
En este mismo documento, el contratista advierte que la dilación en el plazo de ejecución (proyecto) tenía sus fundamentos "en gran medida a la imposibilidad de trabajar en el sector por los constantes robos, amenazas y balaceras, entre otros, lo que se encuentra respaldado mediante denuncias y solicitudes de resguardo policial".
Ante ello, Contraloría exigió al municipio informar documentadamente, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del informe final, sobre restitución de la totalidad de los fondos contemplados en el convenio, equivalentes a $76.703.854.
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito informaron que procedieron técnica, financieramente y administrativamente a notificar a la Municipalidad de Antofagasta que no dio cumplimiento a los plazos establecidos para la ejecución de proyectos "Barrio en Paz Residencial', por lo que se emitieron los oficios correspondientes informando que debía reintegrar los recursos no ejecutados.
Además, el organismo precisó que realizaron una reunión con la alcaldesa Karen Rojo para entregar detalles por programa de los recursos no ejecutados y ver plazos de la devolución, "pero no hubo respuesta del municipio".
Agrega que también puso fin a los convenios, y según informe de la Contraloría Regional de Antofagasta, procedió a entregar todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), "que es la institución que lleva el tema en la actualidad".
Reacción
El administrador municipal, Héctor Gómez, manifestó que sostuvieron un encuentro con la subsecretaría para regularizar la ejecución del proyecto, ya que el contratista tuvo varios problemas en el desarrollo de las obras en el sector Bonilla, como sucesivos robo de materiales.
Explicó que además presentaron un recurso de revisión del caso ante el Ministerio del Interior, pero al momento de pedir una resolución, no tenían a la vista el expediente.
"Nadie sabía dónde estaba el documento, por lo que me parece poco serio. El municipio tiene toda la intención que el proyecto salga adelante", comentó el administrador.
El directivo recalcó que la subsecretaría demoró en demasía en contestar la última solicitud de prórroga de las obras, lo que entrega otro antecedente de la demora en su ejecución.
Comuna quedó sin diagnóstico
La no rendición de los recursos transferidos tuvo varias consecuencias para el municipio que, por ejemplo, no fue considerado en los planes comunales de seguridad pública que promueve la subsecretaría y que se encuentran en etapa de cierre en todo el país. Este programa consideraba la creación de los consejos comunales de seguridad y antes de eso la realización de un diagnóstico local con recursos del Estado.