La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, salió ayer a aclarar que el Gobierno no participará jurídicamente de la demanda que Nabila Rifo interpondrá contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el fallo de la Corte Suprema.

La secretaria de Estado explicó que el Gobierno no puede hacerse parte en una causa por ser representantes del Estado chileno.

"No podemos autodemandarnos y eso es lo que implica una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque es una demanda en contra del Estado, por lo tanto, nosotros como Gobierno y como representantes del Estado en este momento ya hemos hecho la representación judicial", dijo Pascual en entrevista con Tele13 Radio.

Tras dichos de narváez

El jueves, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que La Moneda seguiría ayudando a Rifo "con toda la información y apoyo profesional que requiera", quien fue agredida en mayo del año pasado en Coyhaique, cuando Mauricio Ortega, le sacó los globos oculares.

"En términos judiciales ya hemos hecho la representación de Nabila en el juicio que logra la condena de Mauricio Ortega en 18 años, por lo tanto nuestra representación legal ha culminado porque su juicio está hecho, lo que nosotros como Gobierno, y lo que tenemos en el Ministerio de la Mujer con lo que hemos estado haciendo, es seguir indudablemente apoyando a Nabila y su familia en todos los compromisos para su reparación sicológica, todos los apoyos psicosociales, ese es nuestro compromiso y vamos a seguir trabajando", puntualizó Pascual.

"Hubo un juicio, hubo condena, ella fue representada, nosotros como Ministerio y Servicio fuimos querellantes y se logra una condena, otra cosa es si esté de acuerdo con el resultado de la condena, pero nadie puede decir que no hubo juicio", finalizó.

La mujer, de 29 años y cuatro hijos, anunció que acudiría a la CIDH, luego de que la Corte Suprema acogiera parcialmente la solicitud de nulidad del juicio por parte de la defensa de su expareja, recalificando el delito de femicidio frustrado y cambiándolo por el del lesiones grave. Esto implicó una rebaja en la condena de Ortega de 26 a 18 años.

Carolina Collins

Cuando se acaba de cumplir un año desde que empezó a investigar la muerte de 259 niños y adolescentes en los centros a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, reveló que el organismo se ha negado a entregarle los sumarios administrativos y discrepó con el ministro de Justicia, Jaime Campos, con respecto a si se trata de una causa de Derechos Humanos.

El persecutor explicó, en entrevista con La Segunda, que llevar adelante esta investigación ha cambiado la manera en que ve el sistema penal y también lo ha afectado a un nivel más personal.

"Pese al nivel de carga y al costo personal, hemos tomado esta causa como la más noble de nuestras vidas profesionales. Si hay un caso en el que uno siente orgullo de ser fiscal es este", aseguró.

Dificultades en el camino

El fiscal Emilfork, asimismo, detalló algunas de las dificultades que ha tenido que enfrentar en el camino de esta investigación que implica casos de Arica a Punta Arenas.

Una de ellas tiene que ver con que muchos de los casos nunca fueron investigados porque no hubo denuncia, lo que ha implicado un trabajo en colaboración con la PDI. A eso se suma el retraso que han debido enfrentar en las pericias que debe realizar el SML para establecer la causa de muerte de los menores.

"Hay pendientes pericias solicitadas en marzo y eso, sin duda, afecta el avance de la investigación", dijo. "Hay aún 35 informes que estamos esperando", agregó y explicó que para eso han debido sumar el apoyo del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI.

"Para avanzar requerimos informes no sólo de calidad, sino que también de manera oportuna", instó.

Sumarios administrativos

Otra de las dificultades enumeradas por Emilfork tiene que ver con la falta de cooperación del mismo Sename, que según denunció, se ha negado a entregar los sumarios administrativos que se han llevado a cabo por los casos de muertes de menores.

"Se nos ha negado su entrega y hemos debido insistir, porque son importantes para la indagatoria", dijo el fiscal. "Esta semana la Dirección Nacional nos entregó una que una regional nos había negado. Nos han dicho que se trata de sumarios vigentes y que por eso no los pueden pasar", añadió, a la vez que reconoció que no le parece una excusa "aceptable".