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Diputados presentan proyecto de ley para escuelas especiales

CLAVE. Legisladores de oposición buscan 'protegerlas' de los efectos de la reforma educacional.
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Los diputados de Chile Vamos, Paulina Núñez, Jaime Bellolio y Rojo Edwards (integrantes de la Comisión de Educación), presentaron un proyecto de ley que busca proteger las escuelas especiales y que no sean partícipes de la Ley de Inclusión que está promoviendo el gobierno.

Esto, con el objeto de "minimizar" lo que denominaron como las "nefastas consecuencias" de la reforma educacional. La iniciativa apunta, entre otros aspectos, a eliminar la prohibición de arrendar entre partes relacionadas, como la de ser dueño de los bienes inmuebles de las instituciones sin fines de lucro, dejando fuera de esta norma a las escuelas especiales.

Reacciones

La diputada y vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, explicó que "el mayor desastre de la reforma educacional lo está sufriendo la comunidad de los colegios particulares subvencionados".

Agregó que "los establecimientos de educación especial en su gran mayoría poseen una situación económica precaria y que mantenerlos bajo el esquema propuesto por la Ley 20.845 sobre inclusión, hace muy difícil su permanencia".

Agregó que "hemos presentado este proyecto de ley porque tenemos la convicción y lo hicimos saber con nuestro voto de que es una mala reforma y para Antofagasta y el norte del país además impracticable".

El diputado UDI Jaime Bellolio sostuvo que el proyecto de ley lo que "menos" hace es incluir.

"Más bien segrega y aparta a las familias vulnerables de clase media que habían optado por el sector subvencionado". "Y por si fuera poco, les exigen una serie de reglas que son incompatibles con la viabilidad de muchas escuelas especiales que hoy atienden a las familias más vulnerables", acotó Bellolio.

'persecución'

Rojo Edwards (Indep.), en tanto, apuntó a la "persecución" de la que son objetos los colegios subvencionados.

"La reforma educacional persigue a los colegios subvencionados en general, y por eso le pedimos al gobierno que, al menos, deje de perseguir a las escuelas con niños con necesidades especiales, que van a tener que cerrar sus puertas por la ley de educación de la Presidenta Bachelet", precisó.

Gasto en seguridad crece, pese a retroceso en denuncia de delitos

DELINCUENCIA. El Instituto de Políticas Públicas de UCN analizó el fenómeno de la inversión en seguridad en la Región de Antofagasta hasta el 2015. El desembolso sigue en alza por alta sensación de temor.
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Tamara Miranda Varela

"Ya es la tercera vez de la semana que me entran a robar". Con esta frase, una comerciante de la calle Bolívar con San Martín comienza a describir los distintos episodios de delincuencia que registra su céntrico negocio.

Todos los robos fueron en horas de la noche. Por lo tanto, cuando llega encuentra el local con daños y sin mercadería. "Invertimos harta plata en poner rejas en el techo para que no entraran y otras cosas más para evitar los robos, pero al parecer no es suficiente", sentenció.

La historia de esta locataria del centro se condice con los resultados del segundo estudio sobre el costo económico de la delincuencia en la Región de Antofagasta, realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte (UCN).

El documento da cuenta que durante los últimos años, el sector privado (que incluye aseguradoras y personas naturales), desembolsan cerca de $30 mil millones en combatir acciones delictivas, ya sea en prevención (rejas, cámaras de seguridad, entre otros equipos, o pérdida por homicidios en el caso de las aseguradoras).

El gasto público, en tanto, bordea los $80 mil millones. En definitiva, la sumatoria entre lo privado y público alcanzó en 2015 a unos $179 mil millones (USS$ 234 millones). Lo que equivale a dos Fndr, o el presupuesto completo de la Municipalidad de Antofagasta.

Indicaciones

Lo llamativo es que el informe también precisa que las cifras de delitos han bajado. No obstante las decisiones de invertir en seguridad, siguen afectadas por la sensación de un aumento de los delitos en la Región.

Así, agrega que aunque en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc, 2015), explicita que las percepciones de la población regional sobre victimización, se encuentran bajo la media nacional, los delitos y sus efectos continúan como uno de los principales problemas para los antofagastinos, de acuerdo con los resultados del Barómetro de Antofagasta, realizado por el instituto y Mori.

El trabajo de la institución, comentó el director del instituto Cristián Rodríguez, pretende actualizar las cifras entregadas en la publicación "Cuán Sustentable es la Región de Antofagasta", publicado en 2014, la cual midió, por primera vez, el costo económico del delito a escala regional para el periodo de 2000-2010.

La actualización de ahora incluye hasta el 2015.

Inseguridad

Daniel Velásquez tiene un quiosco ubicado en el sector norte de Antofagasta y nunca le han entrado a robar. Sin embargo, hace unos meses, invirtió más de $1 millón con el fin de "prevenir" cualquier hecho delictual.

Tiene enrejadas todas las vitrinas y sólo está abierto el espacio donde recibe el dinero de los clientes. "Gracias a Dios nunca me han robado, pero tengo cámaras en todo el negocio y un circuito cerrado. Todo con el fin de que no te arruinen el negocio. No estoy ubicado en un sector vulnerable, ni nada, pero tengo vecinos que constantemente sufren de robos y yo no quiero ser la próxima víctima", comentó.

Es precisamente este tipo de opiniones la que confirman que existe una alta tasa de inseguridad en la comuna.

La gobernadora de Antofagasta, Fabiola Rivero, sostuvo que todas las cifras indican que los casos policiales van reduciéndose. Sin embargo, "como gobierno no podemos bajar los brazos en el trabajo orientado a entregar seguridad a las personas".

Rivero contó que actualmente están trabajando con mecanismos de autocuidado para que la comunidad se sienta más segura y sepa como actuar y así prevenir delitos.

"También vemos que la gente desconfía del sistema. Por lo tanto, nosotros trabajamos para que los vecinos aprendan a hacer denuncias anónimas, para que tengan conocimiento de las instituciones del sistema", dijo.

Asimismo, destacó la agenda corta que, entre otros objetivos, redujo las posibilidades que tiene las fiscalías de archivar las denuncias. "Es importante que los vecinos sepan que las denuncias deben tener un curso legal, y como víctimas o denunciantes, tienen todo el derecho a conocer en qué va su proceso", señaló.

Además, la gobernadora precisó que para el gobierno, "resulta de vital importancia que jamás se puede hablar de gasto o de costo y que todo lo que involucre seguridad significa una inversión porque los recursos financieros destinados a la protección de las personas son un deber ético y se deben dirigir de forma eficiente".

La presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Antofagasta, Olga Mora, sostuvo que si bien hay inversión para la seguridad, la gente no cree en la justicia. "Los vecinos se quejan mucho porque siguen inseguros. Trabajamos con Carabineros, Gobernación y municipio, pero ellos no se coordinan. Hay un despilfarro de recursos que lamentablemente no sirve", dijo.

La dirigenta agregó que "delitos hay, pero la gente no denuncia porque creen que los delincuentes van a salir igual. Hay una inversión pero no se ven resultados".

Olga, Mora,, presidenta UCJV"

"Delitos hay, pero la gente no denuncia porque creen que los delincuentes van a salir igual. Hay una inversión, pero no se ven resultados"."

Robos, hurtos y homicidios en región

Fabiola, Rivero,, gobernadora

Antofagasta"

"Los vecinos deben saber que las denuncias deben tener un curso legal, y como víctimas, tienen todo el derecho a conocer en qué va su proceso"."

$79.462 millones es el gasto en seguridad que realiza el Estado de Chile, según el estudio realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte.

12% disminuyeron las denuncias, según las estadísticas 2016 de Carabineros. Sin embargo, la presidenta de la Unión Comunal de Junta de vecinos asegura que la gente no está denunciando.

$159 mil millones es el gasto público y privado regional en materia seguridad, según el informe de la UCN. La gobernadora aseguró que los montos son inversiones y no "gastos".

ENTREVISTA. cristián rodríguez, director Instituto Políticas Públicas UCN:

"El gasto público en delincuencia debiera ser más eficiente e integral"

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Cristian Rodríguez, el principal encargado del estudio, reconoce que los resultados son sorprendentes y quedan en evidencia los costos que tiene el temor a la delincuencia en nuestra sociedad. El asunto es más complejo considerando que la tasa de victimización bajó en los cinco años recientes.

¿Qué lectura amplia hace de la investigación?

-Este tipo de investigaciones, ayudan a conocer cómo las personas, las empresas y el gobierno gestionan un problema de política pública como es el costo del delito, o sea, cuánto le cuesta a la sociedad invertir y gastar en defenderse del delito frente a otras opciones de inversión como la calidad de vida. Este tipo de investigaciones, son necesarias dado que ayudan a conocer los efectos económicos del fenómeno de la delincuencia y son una contribución a la mejora de las políticas y la gestión de los recursos destinados a este tema en detrimento de otras problemáticas también urgentes.

¿Qué podría explicar el gasto creciente en seguridad, considerando que los delitos bajan?

-Pareciera haber una anomalía. Mientras los delitos en términos cuantitativos disminuyen en este último quinquenio, lo que es una buena noticia, su costo total para la sociedad se incrementa a tasas anuales veloces, o sea, las personas, las empresas y el gobierno ven incrementar sus costos en gastos defensivos de manera importante. El año 2015, el costo económico total del delito en la región superó los US$234 millones, o dos Fndr, lo que significa desviar recursos importantes a gastos defensivos crecientes en detrimento de inversión en temas del bienestar o de calidad de vida.

¿Qué puede decirse del gasto del sector público? ¿Es eficiente? ¿Dónde podría mejorar?

-Junto con poner el foco en disminuir las cifras de delitos contra las personas y los bienes, también debe ser objeto de política pública el control del costo creciente que el delito tiene para la sociedad. El gasto público debiera ser más eficiente e integral en su forma de abordar este fenómeno, con el objetivo de lograr la meta de acoplar el descenso de los delitos con el control de su costo. De lo contrario el gasto creciente de recursos tendrá como efectos una disminución de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad regional en otros ámbitos.