Las lluvias de los últimos días y años en la zona norte del país están generando daños considerables, superiores a los presupuestados, sobre todo en materia de obras de infraestructura, y es probable que la Región de Atacama sea la más golpeada en estos casos.
El Ministerio de Obras Públicas de esa zona precisó que un total de 3.971 kilómetros de caminos fueron afectados por los aluviones del 25 de marzo de 2015 y el 13 de mayo de este año. La tarea equivale a la rehabilitación de rutas en línea recta de Arica hasta un poco más allá de Puerto Aysén.
En la tragedia de hace dos años, y que afectó a cinco de las nueve comunas, se vieron afectados 2.200 kilómetros de rutas. Hace un mes, la situación fue un poco menor con daños en 1.771 kilómetros, concentrado principalmente en la provincia del Huasco.
El hecho se repite en nuestra Región de Antofagasta. La misma cartera regional puntualizó que el factor climático se ha transformado en una preocupación constante, afectando en corto tiempo a varias comunas de la zona y obligando a reformular planes para dar respuesta a las emergencias.
En la práctica, lo anterior ha obligado al MOP a destinar $46.580 millones a tareas de normalización y reparación de rutas e infraestructura afectada en los últimos tres años, a lo que debe agregarse la reparación de los daños provocados por el último frente de mal tiempo que afectó a Taltal.
A lo anterior pueden sumarse las inversiones realizadas en vías aluviales en Taltal, Antofagasta y Tocopilla, las que están también referidas a reducir el fenómeno de precipitaciones.
Es evidente que esta es la realidad presente y futura de una zona caracterizada por la sequedad. Lo cierto es que las precipitaciones acaecidas el 9 de agosto de 2015, que provocó aluviones y siete víctimas fatales en Tocopilla; las del 25 de marzo de ese mismo año en Antofagasta y Taltal y la última el 13 de mayo de este año, que afectó el camino entre Taltal y la capital regional, son una prueba de transformaciones bastante sustantivas, que seguirán exigiendo enormes desembolsos económicos en obras públicas para prevenir desgracias y daños mayores.