Daniela Valdés Gutiérrez
La tarde del 4 de abril el Senado aprobó el proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad, nueva regulación que tuvo apoyo unánime y que quedó lista para ser promulgada, paso previo para convertirse en ley de la República.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, obliga a las empresas y servicios públicos a incorporar personas con discapacidad a sus plantas de trabajadores (la cantidad depende del tamaño de la organización), medida que -se espera- sirva para abrir puertas a chilenos que hasta hoy se mantienen al margen del mundo laboral.
Durante su última visita a la región, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, analizó el impacto de la iniciativa, que debe entrar en vigencia a fines de este año.
¿Ministro, qué contempla la ley y cómo beneficiará a las personas en situación de discapacidad?
-Nosotros estamos muy contentos por la aprobación de la Ley de Inclusión Laboral, que es un anhelo histórico de las personas con discapacidad. Como país, hemos avanzado de manera importante en tener programas de capacitación laboral y el mejor ejemplo de ello es el +Capaz, que está pensado y diseñado para una cobertura de 20 mil personas con discapacidad. Además existen programas de emprendimiento del Ministerio del Trabajo, y los de Fosis, del Ministerio de Desarrollo Social.
Sin embargo, aún existen muchas empresas que no son empáticas con la realidad de una persona discapacitada. Por lo mismo, esta ley viene a saldar una deuda histórica con estas personas. Es una ley que provocará dignidad y autoestima, porque permitirá generar sus propios recursos económicos en base a un trabajo remunerado.
Pues bien, la ley contempla que toda empresa que tenga entre 100 y 199 trabajadores deberá tener un trabajador al menos con discapacidad, y deberá estar contratado. En aquellas empresas que tengan más de 200 trabajadores será el 1%, entonces, si tiene 1.500 trabajadores, 15 deberán tener algún tipo de discapacidad.
También hay otro aspecto muy importante, que es la derogación del artículo 16 de la Ley 18.600, que hasta hoy permite que una persona con discapacidad mental reciba un salario inferior al mínimo.
Eso era una discriminación y a nuestro entender constituye una vulneración de los derechos humanos.
¿Es muy alto el porcentaje de personas discapacitadas sin empleo?
-Nuestras cifras nos muestran que entre las personas con discapacidad tenemos una tasa de desocupación cercana al 70%, lo que es muy elevado, aunque sabemos que algunas de ellas no buscan trabajo porque se frustran.
Con esta ley estamos provocando un cambio cultural, un cambio de paradigma, porque significa que 7.600 empresas del país tendrán empleabilidad para personas en situación de discapacidad.
¿Cuál ha sido la respuesta de las empresas frente a esta nueva normativa?
-Hemos visto en los empresarios una alta receptividad, hay mucho interés por conseguir el sello inclusivo del Senadis, que es otorgado a instituciones que tengan accesibilidad universal, conectividad, que den oportunidades.
Creemos que lo que está haciendo esta ley, es provocar un cambio que genera empleo, pero que además significa un salto a la modernidad.
¿Las empresas de Calama y la región también muestran una respuesta positiva?
-Respecto a la Región de Antofagasta, yo me he reunido con empresas mineras, de retail, portuarias, y todos concuerdan en que la incorporación de gente que presenta alguna discapacidad, les mejorará la calidad de vida a ellos como empresa y además a muchas familias de la zona.
¿Cuándo entrará en vigencia?
-En estos días se está promulgando, después se debe esperar unos cinco meses de tramitación final, por lo tanto a fin de año deberíamos contar con la nueva normativa rigiendo para todas las empresas, públicas y privadas, del país.
¿Cómo piensan fiscalizar que las empresas cumplan el porcentaje mínimo de trabajadores discapacitados en su planta?
-Por medio de la Dirección del Trabajo, y en el caso de los servicios públicos la fiscalización la realizará Contraloría con un informe del Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad.
¿Hay sanciones?
-Por cierto, están contemplada las sanciones insertas en el Código del Trabajo.
"Nuestras cifras nos muestran que entre las personas con discapacidad tenemos una tasa de desocupación cercana al 70%, lo que es muy elevado, aunque sabemos que algunas de ellas no buscan trabajo porque se frustran"."