El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya lleva 140 días en la Casa Blanca. Lo que ha ocupado la mayor parte de su tiempo no ha sido trabajar para cumplir con sus promesas de campaña, sino que la relación de su país con la Federación Rusa. Las posibles intervenciones de Vladimir Putin en la elección y los vínculos con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak, se han mantenido constantemente como tema de la agenda del mandatario. Y han dado paso a escándalo tras escándalo.

La primera víctima en el equipo de Trump fue su asesor de seguridad, Michael Flynn, el que en febrero renunció a su cargo (luego de solo 24 días ejerciéndolo) justamente debido a los contactos que mantuvo con el embajador Kislyak días antes de que Trump asumiera.

Luego de las intervenciones armadas de Estados Unidos en Siria y Afganistán se creó una distancia entre el país del norte y Rusia. Pero esto poco duró. El pasado 9 de mayo Trump decidió despedir al director del FBI, James Comey, invocando como razón que éste había perdido la confianza de su equipo, lo que era sostenido por el Departamento de Justicia. Lo extraño es que aprovechó la carta de despido para agradecerle por las seguridades que le había entregado de no estar investigándolo por sus vínculos con Rusia.

El New York Times, a los pocos días, publicó que Trump había solicitado a Comey lealtad, pero que éste solo le había ofrecido honestidad. También señaló que Trump le había pedido que "dejara pasar" el tema de sus nexos con Rusia. Tanto demócratas como incluso algunos republicanos señalaron inmediatamente que esto era una obstrucción a la justicia y solicitaron un juicio político contra el Presidente. Lo que consiguieron fue que se nombrara a un investigador especial para este tema, el exjefe del FBI Robert Mueller, lo que fue calificado por Trump como "la mayor caza de brujas en la historia de EE.UU.".

Como si esto no fuera suficiente, sólo unos días después, Trump se reunió con el canciller ruso, Sergei Lavrov, y con el embajador Kislyak y entregó información clasificada sobre el autodenominado Estado Islámico. Aunque en principio la Casa Blanca negó la filtración, Trump señaló por Twitter que tiene el derecho absoluto de compartir información con quien quiera.

Es de público conocimiento que Trump no es diplomático, de hecho normalmente dice las cosas sin haber analizado las consecuencias. Pero esta vez fue muy lejos. Aunque no hay suficientes razones para iniciar un juicio político -al menos hasta ahora- sí hay motivos para que los estadounidenses estén preocupados. La falta de prudencia con la que actuó Trump esta vez puso en peligro la seguridad nacional, por lo que este escándalo no se le olvidará a nadie, ni a demócratas ni a republicanos. Con el 'Rusiagate' Trump comenzó a cavar su propia tumba.

Constanza Fernández Danceanu

Abogada y analista internacional USS

El cobre es desde hace más de 100 años el motor de la economía nacional y de la región, en este caso de la mano del desarrollo de Chuquicamata. Este largo camino del "sueldo de Chile" está marcado por un hecho clave: la nacionalización del mineral.

Es así que con marcados vaivenes de su precio en las últimas tres décadas, hasta hace pocos años alcanzó valores históricos por sobre los US$ 4 dólares la libra, desatando un súper ciclo que trajo la natural bonanza de trabajo y de bienestar económico en los habitantes de la zona, además de impulsar un potente desarrollo urbano de Antofagasta.

Bien por todos y por el cobre. Sin embargo, las contracciones del mercado internacional y la consabida monoproducción también han pasado la cuenta y esto es fácil verlo en la pérdida del dinamismo minero y la suspensión de millonarios proyectos, tanto en Codelco como en las empresas privadas ligadas a la industria extractiva.

Pero el horizonte trae señales positivas para la recuperación de la minería. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ya reacomodó al alza el precio promedio sobre los US$2.60 la libra para este 2017 y Codelco además anunció que sus principales yacimientos en la región tienen una reserva superior a las cuatro décadas, lo que proyecta una larga vida para el metal rojo. Esto, sin contar las minas privadas como Escondida, Zaldívar, Spence o Centinela, entre otras.

Como es propio en todo balance, hay cosas que se han hecho bien, otras no tanto y algunas derechamente mal. Un objetivo claro es dinamizar y dar valor agregado al producto final, para así salir de esa angustiante dependencia del retorno elaborado y a un mayor precio a través de diversos artículos. Lo otro es la urgente necesidad que nuestra economía mire al metal rojo como un recurso que requiere elaboración, para de esta manera alejarnos del fantasma de la monoproducción, algo que tantos dolores de cabeza provoca a los países que miran al desarrollo.

Mientras tanto, el cobre hay que mirarlo como una bendición del desierto, por eso hay que saberlo explotar de manera racional y como un recurso no renovable, tema que debemos tener muy presente.

En estos tiempos donde la palabra empeñada, en muchas ocasiones, toma un carácter de subjetividad nunca visto antes y los compromisos asumidos, sobre todo en el ámbito político, pueden ser flor de un día, desde el Consorcio de las Universidades del Estado, Cuech, queremos destacar un hecho, que para nosotros constituye un verdadero hito histórico.

Me refiero a la firma e ingreso al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de las Universidades del Estado que fue comprometido por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Esto nos llena de alegría, pues por fin el Estado de Chile asume un rol preponderante, fijando parámetros y haciendo, claramente, una distinción entre planteles privados y estatales.

Esta ley vendrá a llenar un tremendo vacío histórico que existía, pues las Universidades Estatales cumplimos un rol diferente en la sociedad, y por lo tanto, no debíamos regirnos por las leyes del mercado. Nuestro actuar, obedece al sello de lo público garantizado por el Estado, ente que debe velar para que construyamos políticas inclusivas que aporten al desarrollo de todo el país.

Por otra parte, estimamos que este proyecto cuando se convierta en ley, podría generar un verdadero sistema mixto en la Educación Superior de Chile, pues hasta ahora, el sector privado -donde el mercado marca las pautas- proveía un 80% de la oferta, y el sector público, sólo un 20%. Ahora, será el Estado quien deberá, por medio del fortalecimiento de los planteles del Cuech, propender a un equilibrio del sistema.

La Educación Pública debe ser, como lo fue en la historia de nuestro país, la columna vertebral de todo el sistema. No obstante, a partir de la década de 1980 comenzó un periodo en el cual, fue diezmada, arrinconada y debilitada, quizás, con la intención de hacerla desaparecer. Hoy con este proyecto de ley, esperamos convertirnos en el referente que siempre tuvimos que ser, y por sobre todo, en las universidades de todos los chilenos, no sólo de un sector de la sociedad.

Por el hecho de "ser de todos los chilenos", todos los actores del país a nivel de autoridades deben sentirse responsables de nuestro presente y futuro. No somos patrimonio de ningún sector político, ideológico ni religioso, por eso, queremos aportar al desarrollo desde una óptica amplia y transversal, generando bienes públicos útiles para la sociedad en su conjunto, sin actuar con sesgos de ningún tipo.

Es importante señalar también, que si la ley que reforma la Educación Superior en general no es coherente con la Ley de las Universidades Estatales, de nada servirá el proyecto para nuestro sector.

No queremos que esto se limite a las universidades estatales, en absoluto, por una razón simple: las "Ues" estatales son las únicas que tienen transparencia y regulación, incluso a costos importantes y pensar que vamos a seguir aumentando la regulación de nuestro sector mientras los demás siguen en un desorden total desde el punto de vista administrativo y financiero, es algo que claramente nos perjudicaría.

Luis Alberto Loyola

Rector Universidad de Antofagasta