José Luis Ramírez M.
Casi 4 mil recursos de protección contra isapres recibió el año pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta, lo que representó el 94% de todas las acciones proteccionales que ingresaron al tribunal de alzada.
Las cifras dejan en claro que se trata de una recarga no menor para el organismo, el cual incluso se vio en la necesidad de crear una "unidad de recursos" para absorber la enorme judicialización que están teniendo las alzas de planes que aplican las isapres.
Y en esto hace unos días la Corte dio un giro radical, al rebajar de $660 mil a $132 mil las costas personales que se pagan en estos juicios, y que en estos años habían actuado como un imán para abogados interesados en asegurar la mayor cantidad de casos posible.
El efecto de la medida está por verse (el Colegio de Abogados estudia un reclamo), sin embargo, el vocero (s) de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, estima que la verdadera solución pasa por una reforma legal que evite que las cortes del país sigan recibiendo miles de recursos todos los años.
¿Qué opina de la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de rebajar costas en recursos por alza de planes, atendida la "comercialización" que se hacía del tema por parte de abogados?
-Estoy de acuerdo porque significa ponerse a tono con una decisión que hace mucho tiempo adoptó la Corte de Santiago, donde la cantidad de recursos es extraordinariamente más alta que en cualquier otra corte del país. Ahí se constató que estos recursos en la práctica significan un trabajo bastante mecánico, de esquemas y formularios. No digo que no hay un trabajo profesional en atender a la persona, cotejar sus antecedentes y vigilar luego el avance del recurso, alegarlo si es necesario, pero es sustancialmente menor a un juicio de tipo individual.
Ahora, que el Colegio de Abogados reclame también me parece razonable, porque de alguna manera se ha lesionado el interés de los colegas que tramitan y que tendrán que atenerse a esto y calcular las costas de otra manera.
¿Y qué dice de las prácticas que se vieron a propósito de este tema. Abogados que hacían ofertas por redes sociales o que incluso ofrecían pagar una comisión al afiliado por su carta de adecuación?
-Hay diversas cuestiones en lo que usted plantea. El ofrecer una comisión o hacer una difusión excesiva son cuestiones que están sancionadas en el Código de Ética del Colegio de Abogados, sabemos que la colegiatura no es obligatoria, por lo tanto no todos están obligados por esa disposición, pero existe una ética general que indica que uno tiene que tramitar las cosas dentro de ciertos márgenes. Sin embargo, que el abogado se movilice en pos de los asuntos que tienen una cierta pauta clara y que además tienen bastante asegurado el éxito, no me parece reprochable, cualquiera haría eso si sabe que es coser y cantar.
Y esto (los recursos de protección contra las isapres) son coser y cantar aparentemente...
-Exacto.
Este es un tema que está presente hace mucho tiempo y llama la atención que no se haya resuelto, porque si los recursos son fallados el 99% de los casos a favor del afiliado, por qué no se estandariza ese criterio legislativamente...
-Es algo que nosotros echamos de menos, hubo una modificación a la Ley de Isapres, pero fue bastante menor y no alcanzó este tema. Efectivamente podría modificarse a través de una reforma legal y eso evitaría que hubiera tantos recursos de protección sobre esta materia (…) No tenemos en eso mayor injerencia y no estoy informado de que exista un proyecto encaminado, lo cual es curioso, porque todos sabemos que esto ocurre y no se movilizan los mecanismos legales necesarios para darle un corte.
¿Qué ocurre si no hay reforma legal en esta materia?
-Si no hay reforma legal, los recursos seguirán, y si persisten, hay que atenderlos, porque el desafío nuestro no es sólo recibirlos, es tramitarlos, tramitarlos lo antes posible. Y recibir ciento y tantas mil causas al año implica muchos recursos, mucho personal, y distraer a las salas para que conozcan estos asuntos.
Legislación
Queda la impresión a propósito de esto, y de otros temas, que la legislación siempre llega tarde, ¿estamos legislando a tiempo?
-Una de las características de la legislación es que llegue tarde, vea usted por ejemplo la Ley Emilia, o cualquier otra donde a propósito de ciertos hechos, se genera la necesidad de crear una legislación que dé una respuesta, pero lo que ya pasó, pasó, y la ley se aplica hacia adelante. Quiero decir que la ley va tratando de corregir ciertas cosas que van produciéndose y que muchas veces no pueden anticiparse.
Usted menciona la Ley Emilia, que hoy está siendo cuestionada en el Tribunal Constitucional por las desigualdades de tratamiento que se generan. ¿Surge entonces la duda de si se legisla bien?
-No soy quién para emitir juicios sobre la labor del Poder Legislativo. Pero mi opinión es que en general se legisla bien. Ahora, anticiparse a todas las situaciones es difícil, porque hay que ponerse de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es colegiado, y ese acuerdo puede que no se logre.
¿La Ley Emilia fue una buena legislación?
-Mire, ahí la opinión está dividida, y ésta es una cuestión técnica, donde quienes estuvieron por sancionar drásticamente a los conductores que incurrían en el hecho descrito por la ley, están de acuerdo con que la persona no pueda salir en libertad sino después de un año (...) Pero mirado desde otro punto de vista uno dice, por qué en este delito necesariamente hay que estar preso de inmediato y en este otro, que puede ser incluso peor desde la conceptualización social o desde su propia conceptualización, no. Eso produce una desigualdad ante la ley y por eso se recurre al Tribunal Constitucional.
¿Y eso no se debe prever en la etapa de discusión legislativa?
-Yo no diría que se deban prever, yo diría que puede ser posible preverlos, pero en algunos casos no se ve.
"Que el abogado se movilice en pos de los asuntos que tienen una cierta pauta clara y que además tienen bastante asegurado el éxito, no me parece reprochable, cualquiera haría eso si sabe que es coser y cantar"."
