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Javiera Blanco: "Nunca recibí ningún tipo de sobresueldo"

DESFALCO. La exsubsecretaria de Carabineros dijo que no sabía de la lista con los nombres de quienes supuestamente habían recibido pagos y en la que figura el suyo.
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Carolina Collins

La exsubsecretaria de Carabineros Javiera Blanco, negó ayer haber recibido sobresueldos de los fondos reservados de esa institución, como lo indicaba la lista con los nombres de los supuestos involucrados que entregó uno de los imputados por el millonario fraude.

La actual consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y exministra aseguró que, hasta que apareció en la prensa, nunca supo de la existencia de esa lista. "Accedí a esa información igual que ustedes, nunca supe de listas, entiendo que la institución tampoco (...), pero sí le puedo decir que como subsecretaria nunca recibí ningún tipo de sobresueldo", dijo en el Congreso.

En la lista mencionada también aparecen miembros del alto mando -como el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y los ex directores Eduardo Gordon y Gustavo González- y el senador Felipe Harboe (PPD).

Generales lo negaron

La ex ministra Blanco destacó que en la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados celebrada el lunes, "los propios generales directores señalaron que nunca se había pagado un sobresueldo a un funcionario público, por lo menos a los subsecretarios".

"Y así como el senador (Felipe) Harboe ha señalado que nunca recibió, lo mismo he señalado y me tocó señalárselo al fiscal en su minuto, nunca", dijo Blanco, quien declaró como testigo el pasado 10 de mayo ante el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos.

La consejera del CDE dijo también que si es citada a la comisión investigadora del fraude, acudirá. "No me ha llegado ningún tipo de citación, pero, por supuesto, hay señalar que en cada una de las instancias que se me ha invitado a participar, siempre he estado disponible a hacerlo", sostuvo Blanco, que ayer asistió a la instancia parlamentaria que indaga el caso OAS, por eventuales irregularidades en financiamiento extranjero de campaña.

Fraude suma 52 imputados

Por otro lado, cinco excarabineros y tres civiles fueron formalizados ayer en el Séptimo Juzgado de Garantía por su presunta participación en el fraude en Carabineros.

Pese a que originalmente iban a ser formalizadas 14 personas, finalmente sólo llegaron ocho de ellas, imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos. Quienes no se presentaron serán formalizados el 24 de junio.

El persecutor detalló en la audiencia que los imputados crearon cuentas corrientes y de ahorro con el fin de malversar los dineros que les eran transferidos desde las cuentas institucionales. Esos montos luego eran retirados "fraccionados y entregados a otros imputados de la organización".

Entre los formalizados de ayer estaba el ex mayor Alejandro Ponce, quien habría recibido 10 pagos por $449 millones entre 2010 y 2011 y quedó con arresto domiciliario total.

Con la audiencia, el número de imputados por el desfalco, que hasta ahora asciende a $17.500 millones, se eleva a 52 y podría seguir creciendo, según prevé el fiscal Campos.

La Cámara debate darle más facultades a Fiscalía en los delitos tributarios

MOCIÓN. Ministro de Hacienda considera que el proyecto es inconstitucional.
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La Sala de la Cámara de Diputados comenzó ayer el debate del proyecto que busca dar mayores facultades al Ministerio Público para que pueda querellarse por delitos tributarios, atribución que actualmente sólo tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La iniciativa fue presentada a la Sala a través de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Constitución, los que fueron rendidos por los diputados Manuel Monsalve (PS) y Fuad Chahin (DC), respectivamente.

En ambas instancias, la iniciativa que nació de una moción, tuvo diferentes resultados, ya que mientras la de Hacienda propuso rechazar la idea de legislar (el pasado 7 de mayo) por una amplia mayoría (sólo un diputado votó a favor), Constitución recomendó su aprobación (9 de mayo) por ocho votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Distintas posturas

El proyecto permanecía en el Parlamento sin terminar su tramitación hace dos años, y busca quitarle la actual exclusividad al SII, debate que ha revivido con los casos vinculados al financiamiento irregular en la política que ha perseguido el Ministerio Público en los últimos años.

La moción ha enfrentado al Gobierno y el Parlamento, pues desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha insistido en que el proyecto es inconstitucional por tratarse de una atribución exclusiva del Presidente de la República el asignar los roles y funciones de los funcionarios públicos.

"es inadmisible"

"A nuestro juicio es que esta moción es inadmisible porque invade materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en particular en lo que se refiere en suprimir y determinar funciones y atribuciones de los servicios públicos del Estado", dijo el secretario de Estado, que participó en la discusión y que usó como argumento el artículo 65, inciso cuarto número 2 de la Constitución.

Valdés recalcó que el Servicio no ejerce su facultad en forma aleatoria o arbitraria y destacó que no avanzar por la vía penal no implica impunidad, por cuanto se hacen valer las responsabilidades infraccionales.

Parlamentarios de la UDI se mostraron en contra de la iniciativa, mientras que los diputados de la Nm abogaron a favor, por considerar que contribuye a la transparencia y probidad.