El año 2011 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó un catastro nacional de campamentos en todo el país. Ese año, el total de familias registradas en la región de Antofagasta alcanzó las 1.061, distribuidas en 28 campamentos.
Hasta esa fecha, todavía estaba el sueño de dejar a la ciudad como la primera del país sin ese problema de viviendas, pero con el tiempo ese anhelo ha quedado cada vez más lejos de ser cumplido.
¿Qué ocurrió en este período?
Puede resultar paradójico que el momento económico más impresionante de Antofagasta haya traído este fenómeno, pero eso no es así. Antofagasta fue y es un atractor de población, mucha de la cual es pobre en búsqueda de una oportunidad. Pero el crecimiento económico derivó en un incremento en los precios de servicios y bienes, incluyendo el de las viviendas.
Se trató de un efecto indeseado del "boom minero", que también da cuenta del impacto que tiene esta actividad, mucho más allá de su operación.
A esto se sumó -no cabe duda- el relajo de lo público que pareció replegarse ante el avance imponente de lo privado. El pleno empleo y los altos salarios hicieron olvidar una exigencia básica, como la vivienda social que estuvo extraviada durante largos años.
Así fueron poblándose los cerros antofagastinos y la periferia calameña con casuchas improvisadas y con los sueños de personas que buscan legítimamente un mejor porvenir.
¿Culpa de ellos, del gobierno?
El problema existe y son tres mil las familias que viven en este tipo de sectores, sin agua potable, sin servicios básicos, en permanente peligro de sufrir aluviones, derrumbes, incendios, además de inseguridad, hacinamiento, higiene, calefacción, entre otros.
Así las cosas es difícil suponer que la solución es fácil y pronta. Nada de ello y es presumible que nos acompañe por largos años.
Ese ejercicio de sinceridad podría ser fundamental para seguir insistiendo en la urgente necesidad de avanzar en las soluciones que miles de personas están esperando.