Dos mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, fueron detenidos por Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales de la Tercera Comisaría de Antofagasta, luego que fueron sorprendidos con casi 4 mil cajetillas de cigarrillos ingresados ilegalmente al país.

El capitán Pablo Riveros, subcomisario de los Servicios de dicha unidad, dijo que con este procedimiento se evitó la comercialización ilegal de estos productos, que constituyen un riesgo para la salud.

El peligro radica en que pueden estar adulterados o incluso elaborados con ingredientes desconocidos, lo que incrementa la posibilidad de contener compuestos químicos potencialmente tóxicos y distintos a la planta del tabaco.

Fue un llamado anónimo el que alertó a Carabineros sobre la comercialización de estos cigarrillos, por lo que se trasladaron hasta la avenida Pedro Aguirre Cerda, sorprendiendo a una de las imputadas identificada como M.E.C.C., en plena venta, mientras que sus compañeros D.A.R.F. también mujer y S.H.C.F. intentaron huir siendo alcanzados por los funcionarios policiales.

Los suplementeros han manifestado su preocupación frente al comercio ilegal de cigarrillos, y en particular por la masiva presencia de marcas como Pine, Esse y Carnival, que son fabricadas por la empresa coreana KT&G, e ingresadas de forma ilegal desde Bolivia por pasos fronterizos no autorizados.

La policía detectó un aumento en el contrabando en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla y también Calama.

mil pesos encontró Carabineros en poder de los detenidos, dinero que corresponde a la venta de cigarrillos ingresados ilegalmente. 140

Como Nelson Parraguez Cáceres (24 años) fue identificado el funcionario de la FACh, que fue atropellado en la avenida Edmundo Pérez Zujovic con Los Tamarugos. La víctima, que permanecía en riesgo vital hasta el cierre de esta edición, cruzó por un paso de peatones demarcado, siendo alcanzado por un automóvil conducido por una mujer de 40 años.

Detienen a dos trabajadores que comercializaban droga en faena

El OS-7 de Carabineros de Calama detuvo a dos trabajadores por traficar cocaína, pasta base y marihuana al interior de la mina Centinela. La policía determinó que los sujetos aprovechaban los turnos de 10 días al interior para operar ilícitamente. Desde la empresa informaron que se están evaluando las acciones correspondientes.

Por los delitos de homicidio simple y porte de arma de fuego prohibida, fue encontrado culpable Eduardo Gómez Arrué, que fue llevado a juicio oral por el crimen de Pablo Canihuante Carrasco (24).

Los hechos ocurrieron el 10 de enero del año pasado en el estacionamiento de la discoteca "Cool" de Mejillones, ilícito por el que acusó el fiscal Juan Castro Bekios. A la acusación fiscal adhirió la querellante Loreto Puentes, del Centro de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior.

Ataque

El día de los hechos, la víctima se encontraba en el estacionamiento del local junto a su pareja, cuando llegó el acusado a bordo de un automóvil.

Una vez en el lugar se bajó del auto portando un arma de fuego tipo rifle, con el que disparó a la víctima quien recibió un impacto balístico en la región dorsal izquierda, el que le ocasionó importantes lesiones que comprometieron órganos vitales como pulmones y arteria aorta, que le provocaron la muerte en el mismo lugar.

La pareja de la víctima había tenido antes una relación con el agresor y tienen un hijo en común. Al juicio fueron citados muchos testigos que declararon el día de los hechos, pero que posteriormente decidieron no comparecer.

Uno de ellos que si concurrió dijo que no quería declarar porque estaba atemorizado ya que había recibido vía correo electrónico, muchas amenazas que atentarían en contra de su vida y la de sus seres queridos.

En el juicio declararon policías y peritos que intervinieron en las diferentes etapas de la investigación y que tomaron declaración a los testigos, la noche de los hechos.

El imputado que tenía defensa privada declinó declarar en el juicio y se acogió a su derecho a guardar silencio.

de enero del año pasado se produjo el crimen en el estacionamiento de la discoteca mejillonina. 10

Dániza Urrutia Sepúlveda

Tras varios días de presentación de pruebas y declaración de testigos, el Tribunal Oral de Antofagasta entregó su veredicto por el crimen del prevencionista de riesgos Félix Franco Balbuena (41), juicio que se realizó por segunda vez y que tuvo como único acusado al conductor de maquinaria pesada, Fernando Fuentes Galaz, de 54 años.

En fallo dividido, los jueces Mauricio Pontino (presidente), Marcela Nilo y Alfredo Lindenberg (voto disidente) decidieron condenar al acusado por el delito de homicidio simple, a diferencia de lo acontecido el año pasado, cuando Fernando Fuentes fue sentenciado a 17 años y 183 días de presidio como autor del delito de homicidio calificado.

Dicho juicio fue anulado por la Corte de Apelaciones, al considerar que la sentencia omitió razones legales o doctrinales para la calificación jurídica de los hechos.

La muerte de Félix Franco ocurrió el 2 de septiembre de 2015 en una faena en el sector norte de Antofagasta, próximo a una cantera, luego de una discusión entre víctima e imputado, la cual fue observada por varios testigos.

Fuentes Galaz operaba una retroexcavadora y en el momento más crítico de la discusión atacó con el brazo de la maquinaria al prevencionista de riesgos, al menos en tres ocasiones, según indicaron testigos, provocándole heridas de diversa consideración que le ocasionaron la muerte.

Discusión

Víctima y hechor habían discutido desde temprano en el lugar donde originalmente se encontraba la grúa, y diversos testigos dijeron acerca de estas diferencias.

El médico legista Juan Cabanne que practicó la autopsia dijo que el deceso se produjo a raíz de un politraumatismo, lo que a su vez generó una anemia aguda y un hemotórax. Esto sumado a las múltiples fracturas que sufrió no le permitió más que una sobrevida de escasos minutos.

La defensa centró su alegato en la falta de dolo y dijo que se trató de un homicidio preterintencional.

En tanto, el fiscal Juan Castro Bekios, representante del Ministerio Público, había solicitado la imposición de una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, mientras que la querellante solicitó presidio perpetuo por considerar que fue un homicidio alevoso, premeditado y con ensañamiento.

años y 183 días fue la sentencia que el Tribunal otorgó en el primer juicio por el crimen de Félix Franco. 17