Desde el 14 al 20 de mayo conmemoramos a nivel mundial la Semana del Parto Respetado, que consiste en motivar a que nuestra sociedad sea capaz de promover una forma más digna de dar a luz y -consecuentemente- de nacer, determinación que apunta directamente a poner en tela de juicio ese tratamiento que hacemos del nacimiento como una enfermedad, a la cual atendemos a como un mero procedimiento médico, con apuro, sin apego, con excesiva medicación e invasividad. Un ejemplo es la alta cantidad de cesáreas que se practican a nivel nacional.

Acorde a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2016 el 47,1% de los nacimientos en Chile fueron por cesárea, transformándose en el segundo país con más intervenciones detrás de Turquía, con más del 51% del total. En 2015 ostentábamos un 40%, lo que da cuenta del crecimiento experimentado. Este nuevo valor posiciona a nuestra nación a gran distancia de la tasa ideal propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de entre un 10 y 15%, ante un promedio de 27% entre los países miembros del organismo.

Alrededor del 70% de estos procedimientos son electivos, lo que implica que se trata de cesáreas programadas para el momento "más oportuno", que debería ser definido generalmente por el médico y la futura madre. En este contexto, el sistema público, que en general está copado, necesita encargarse de estos procedimientos en tiempos acotados, por lo que prefieren una intervención quirúrgica. Sabemos que para el sistema privado el tiempo es dinero, así que también hay una preferencia en circunstancias en que una cesárea podría no ser médicamente necesaria.

Hay que reconocer que el Ministerio de Salud lleva años implementando lo que se conoce como "parto humanizado", que consiste en la preparación de las futuras madres e incluso de los futuros padres para una experiencia del parto sin intervención traumática ni medicación excesiva, considerando intimidad; compañía en todo momento de una persona significativa; respeto a los tiempos del nacimiento; y contacto post parto entre la madre y el nacido, entre otros detalles fundamentales. Lamentablemente estas son sólo recomendaciones que los establecimientos adoptan en forma voluntaria, así lo ha hecho el Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Regional de Antofagasta lo que es destacable.

Por lo anterior y con el interés de institucionalizar estas prácticas, el 2015 presenté un proyecto de ley que consagra de manera legal el concepto de "Violencia Gineco-Obstétrica", definida como una situación producida en contra de las mujeres que se encuentran ejerciendo sus labores de parto. Aborda además los derechos de la mujer embarazada; la asistencia al parto; los actos que constituyen formas de violencia; y también los derechos del padre. Hace unos días envié un oficio parlamentario a la ministra de Salud para priorizar y dar respaldo a esta moción, en orden a poder discutirla y enriquecerla en la Comisión de Salud, y que se encamine a ser ley, para que en Chile estemos más cerca de dar a luz con dignidad.

Marcela Hernando

Diputada