Faltas y delitos por internet se triplicaron en sólo dos años
ESCENARIO. El 6,1% de la población reportó haber sido víctima, según encuesta del INE e Interior.
Aún no entran en las categorías más frecuentes, pero su comportamiento llama a estar alertas, sobre todo con la masificación que tiene internet en esta región.
Se trata de las faltas o delitos cibernéticos, como se conoce a una amplia gama de actividades ilícitas que comprometen los recursos financieros, la propiedad intelectual, datos sensibles o la honra de las personas, y que -como elemento común- requieren el uso de medios informáticos para ser realizados.
Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Pública (Enusc), realizada por el INE y el Ministerio del Interior, en el 6,1% de los hogares de la región hubo personas afectadas por este tipo de acciones los últimos 12 meses.
En el sondeo inmediatamente anterior (2015) los hogares donde se reportaban tales delitos o faltas llegaban al 2,2%, es decir, entre una encuesta y la otra la cantidad de víctimas se triplicó en la región.
Las denuncias más frecuentes son suplantación de identidad en redes sociales (2%), estafa por internet (1,5%), acoso u hostigamiento (1%), amenaza por internet (0,9%), suplantación de identidad en cuenta bancaria (0,5%) y destrucción de datos (0,2%).
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El crecimiento que registran estos casos representa todo un desafío para las instituciones y las policías, que están poco o nada adaptadas para resolverlos.
El fiscal regional, Alberto Ayala, explicó que son varias las complicaciones que surgen al enfrentar actividades ilícitas que se producen en la esfera informática.
Afirmó que se trata de fenómenos de reciente masificación, que pueden tener origen fuera del país (hay bandas internacionales que operan a ese nivel) y donde la naturaleza del delito mismo no está suficientemente estudiada.
Ayala además explicó que para enfrentar estas situaciones se requieren equipos investigadores con capacidades que no siempre están disponibles. De hecho, mencionó que el propio Ministerio Público está recién reaccionando frente a estas denuncias por la vía de preparar a determinados fiscales para pesquisar las faltas o delitos informáticos.
"Es una criminalidad que está recién siendo enfocada y donde tampoco hay mucha experiencia, ni de las policías ni propia (…) considero que es un fenómeno que tenemos que ir estudiando y ver cuáles son las mejores formas de afrontarlo, sobre todo cuando vemos que los recursos policiales a nivel regional son bastante exiguos en comparación a los que posee Santiago", adujo.
El jefe local del Ministerio Público comentó que desde el punto de vista del proceso investigativo, lo más complejo es acreditar que la conducta cuestionada efectivamente se enmarque en alguno de los tipos penales que reconoce la legislación. Y cuando esto se logra, "normalmente las penalidades asociadas son bajas".
"Es un fenómeno nuevo, que se ha dado con más fuerza, yo diría que en el último año y medio, y lo que vamos a tener que hacer es conversar con las policías y con las víctimas para ver qué caminos se abren para enfrentarlo", subrayó Ayala.
Normas
El senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, explicó que cualquier medida de control para este tipo de actividades pasa por actualizar la legislación vigente.
"Chile posee una legislación que en materia de nuevas tecnologías que es muy débil, con normas antiguas que no se han adaptado a la realidad, y eso hace difícil perseguir estos delitos, sobre todo cuando tienen su origen en el extranjero", manifestó.
Araya explicó que la legislación en este campo no ha sufrido mayores cambios desde mediados de los 90, lo que se traduce en que hoy todos los delitos informáticos se tipifiquen como "estafas", o que la apropiación de cuentas de redes sociales sea abordada como "suplantación de identidad", sin mayores distinciones respecto a los medios por los cuales se cometen.
En este sentido, el Parlamentario planteó la necesidad de establecer ciertos tipos penales exclusivos para delitos informáticos y junto a eso mejorar la legislación que protege los datos personales.
Sobre esto último, explicó que en la Comisión de Constitución existen dos proyectos de ley en trámite, uno del gobierno y el otro presentado por los parlamentarios integrantes, los cuales regulan el tránsito, acceso y uso de la información electrónica.
Distinto criterio en los tribunales
En el campo informático los tribunales antofagastinos han mostrado distintos criterios. En enero de este año el Primer Juzgado Civil condenó a una matrona por publicar en Facebook la foto de un recién nacido junto a una leyenda ofensiva hacia el pequeño, pero en abril de 2016 la Corte de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto por la entonces administradora del canil municipal contra un tercero por una publicación supuestamente injuriosa en la misma plataforma. En marzo del año pasado, en tanto, la Corte ordenó a un particular borrar de la red comentarios en los que denostaba a otro sujeto por considerarlos "comentarios agraviantes".