José Luis Ramírez M.
A través de dos caminos distintos, las diputadas Paulina Núñez (RN) y Marcela Hernando (PR) fiscalizan el uso de recursos de seguridad pública por parte de la Municipalidad de Antofagasta.
El interés de las parlamentarias está puesto principalmente en los fondos transferidos en virtud de convenios suscritos con la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Gobierno Regional, para el desarrollo de proyectos en este campo, los cuales registraron serios inconvenientes y atrasos.
Las iniciativas que están bajo la lupa son un proyecto de iluminación peatonal en villas Progreso, Esperanza y Escondida, y otro de prevención de conductas transgresoras en niños y adolescentes, el primero por $76.703.854 y el restante por $43.149.950.
Oficios
En el caso de Paulina Núñez, la parlamentaria acudió a Contraloría pidiendo una auditoría al desarrollo de los convenios de seguridad, solicitud que acaba de arrojar resultados.
Así, en el informe final N°185 de abril de este año, el ente contralor establece que el municipio "no dio cumplimiento a los plazos suscritos en el convenio", situación que "fue representada en reiteradas oportunidades por la citada subsecretaría (Prevención del Delito)".
En el documento, que lleva la firma del contralor general, Jorge Bermúdez, se indica que durante la pesquisa se constató que el ayuntamiento sólo había rendido en enero de 2016 gastos por $19.693.310, de los $76.703.854 que le fueron transferidos en 2013 para el proyecto de iluminación.
En razón de esto, se indica que las rendiciones están rechazadas y que se otorgará al municipio un plazo de 30 días hábiles para informar respecto de la total restitución de los recursos traspasados.
Contraloría además ordena liquidar el contrato y aplicar las multas que corresponda a la empresa responsable de la ejecución de la iniciativa.
La diputada Paulina Núñez lamentó ayer que recursos asignados a proyectos que debían mejorar las seguridad en los barrios, tengan que ser restituidos por lo que consideró "una negligencia".
"Son recursos extras que reciben los municipios para trabajar un tema que es muy sensible para la comunidad, como es la seguridad en los barrios, y me parece una tremenda irresponsabilidad, una negligencia, que se desperdicien de esta forma", cuestionó.
Plan
La segunda investigación, iniciada por la diputada Marcela Hernando, está orientada a lo mismo, pero se gestó a través de un oficio fiscalizador dirigido directamente al subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco.
En éste, la parlamentaria pide conocer los convenios suscritos con el municipio, su estado y la evaluación que realiza la entidad a su desarrollo.
En respuesta recibida en febrero de este año, el subsecretario da cuenta de rendiciones pendientes del proyecto de iluminación y dificultades "de gestión" con la iniciativa orientada a niños y jóvenes transgresores.
Pero eso no es todo, en la respuesta además se advierte que los inconvenientes con ambos proyectos impidieron que en 2015 Antofagasta se incorporara al Plan Comunal de Seguridad Pública.
En efecto, en el oficio firmado por Óscar Carrasco se indica que la subsecretaría, en atención a la relevancia de la temática en esta zona, había decidido adelantar en un año su incorporación a la iniciativa, que debía producirse en 2016.
Con este fin -agrega- se aprobaron recursos para la contratación de un equipo local de seguridad pública, el cual, entre otras cosas, debía elaborar un "diagnóstico comunal" que sirviera de base.
Sin embargo, estos fondos finalmente nunca fueron transferidos debido a los problemas que presentaban las rendiciones de los convenios antes señalados. De esta forma, el equipo no se constituyó y el diagnóstico no fue realizado.
El subsecretario agrega que la incorporación de Antofagasta al plan tampoco se produjo el año pasado, puesto que el convenio enviado en diciembre de 2015 al municipio fue devuelto sin firmar.
Auditoría
Marcela Hernando explicó que decidió investigar el caso tras enterarse que las relaciones entre el Ministerio del Interior y el municipio "estaban cortadas" debido a problemas en la ejecución de proyectos.
La parlamentaria radical consideró preocupante la no realización de iniciativas y que producto de aquello se estén devolviendo fondos a Santiago.
Hernando comentó que a raíz de lo ya descubierto, con fecha 10 de abril envió un oficio a Contraloría pidiendo una auditoría y que se definan las responsabilidades administrativas en este caso y otros que podrían existir.
Encuesta del INE reveló alto temor
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), la victimización en Antofagasta se situó en 25,8% en 2016, lo que representa un leve incremento respecto al 25,6% registrado en el estudio de 2015. Sin embargo, lo más inquietante del informe fue el aumento que registró el temor ciudadano y la caída de las denuncias. En lo primero, la Enusc mostró que el 45,5% de los antofagastinos piensa que será víctima de delitos en los próximos 12 meses (antes era 42,9%), mientras que la no denuncia llegó al 61,2% (estaba en 55,6%).
