El CDE pedirá prisión preventiva de seis nuevos imputados
CARABINEROS. Se trata de exuniformados que habían quedado en libertad antes.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pedirá este viernes, ante la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el aumento de las medidas cautelares con que quedaron seis de los últimos 15 formalizados por el millonario fraude en Carabineros.
Según consignó Cooperativa, el abogado que representa al organismo que es querellante en el caso, Daniel Martorell, pedirá que se deje en prisión preventiva a seis de los imputados que quedaron en libertad tras la audiencia de formalización.
Se trata de los exfuncionarios de la institución Mauricio Saldaña, Sergio Collao, Víctor Escobar y David Vega, y los civiles Patricio Miranda y Patricio Rojas, quienes fueron formalizados en marzo pasado junto a otros ocho personas por los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos, tras ser detenidos.
Fundamentación
La petición del organismo se fundamenta en que considera que la resolución del tribunal causa grave prejuicio a los intereses del Estado, razón por la que el CDE acudirá al tribunal de alzada.
En la audiencia de formalización, el organismo persecutor había pedido la máxima medida cautelar, lo que fue rechazado por el tribunal. Sí acogió, sin embargo, los argumentos de la Fiscalía, porque es el único ente que conocía la carpeta de la investigación, que fue declarada secreta para todas las partes que intervienen en el proceso por el desfalco, que ha sido cifrado en más de $16 mil millones.
Lo que dice la defensa
El abogado Vinko Fodich, que representa a cuatro de los exfuncionarios de Carabineros, argumentó que no existen antecedentes que justifiquen aumentar las medidas cautelares decretadas por la justicia. El profesional dijo en declaraciones que fueron citadas por el medio mencionado, que "el tribunal de alzada puede cambiar lo decidido y cambiar los fundamentos, sin duda, pero me parece que los argumentos que dio el tribunal son bastante razonables y, por lo tanto, debiesen mantenerse".
"Además, el CDE tampoco tiene los fundamentos fácticos para poder justificar por qué la participación de mis representados es más grave de lo que el Ministerio Público dice", agregó Fodich.