Fraude en Carabineros: nuevos datos elevan el monto a $16.500 millones
AUDIENCIA. La Fiscalía pidió prisión preventiva para seis de los 15 formalizados ayer por el desfalco. Para el resto solicitó arresto domiciliario total.
En la segunda audiencia de formalización por el fraude que afectó a Carabineros, el Ministerio Público confirmó que subió el monto defraudado a la institución, el que ya supera los $16.500 millones.
Así lo reveló quien dirige la causa, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien en el marco de la formalización de 15 involucrados en el hecho, expuso ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, los nuevos antecedentes reunidos en la investigación, que dan cuenta que el desfalco es $6 mil millones mayor de lo que se estableció en un comienzo, cuando se había cifrado en $10 mil millones.
En la audiencia la Fiscalía le comunicó los hechos por los que son investigados a 15 involucrados, pidiendo prisión preventiva para seis. Se trata de los ex funcionarios policiales Patricio Esteban Morales Díaz (ex comandante), David Alejandro Vega Carmona (ex mayor de intendencia) y Claudio Marcelo Venegas Godoy (ex comandante), a quienes se lea atribuyó autoría en los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. A ellos se suman los civiles César Fernández, Jaime Valenzuela y Carla González Guerra.
Para los otros nueve imputados, el Ministerio Público pidió la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de las personas investigadas. Ellos son los ex carabineros Pedro Enrique Valenzuela San Martín (ex comandante intendencia), Mauricio Arturo Saldaña Vidal (ex comandante intendencia), Sergio Alexis Collao Cáceres (ex capitán), Juan Pablo Muñoz Navarro (ex capitán de intendencia), Víctor Manuel Escobar Rodríguez (capitán intendencia), y Juan Hernán Moraga Gallegos (ex comandante intendencia). Y los civiles Claudio Arriagada, Patricio Miranda y Patricio Rojas.
Unos de los temas de la audiencia, que continúa hoy, giró en torno al alzamiento del secreto de la investigación, pedido por algunos abogados defensores, lo que fue rechazado por la jueza Carolina Gajardo, por motivos de seguridad.