Una ciudadana boliviana, identificada como Juana Idulvina González Cayo, fue absuelta por el Tribunal Oral de Calama, tras ser acusada por el Ministerio Público como autora del delito de porte ilegal de explosivos, ilícito que habría perpetrado el 12 de marzo de 2016, en la localidad de Ollagüe, día en que fue sorprendida portando 7 detonadores.

En fallo dividido, el tribunal descartó que González Cayo haya actuado con dolo, debido a su nacionalidad, nivel de estudios y contexto cultural y desconocimiento de la ley.

En parte la resolución señala "ésta -la acusada- no tenía conocimiento de que su conducta estuviese reñida con la legislación nacional, lo cual se desprende de su conducta anterior y posterior al descubrimiento del ilícito en comento, toda vez que siempre mantuvo en su poder dichos detonadores explosivos, incluso al interior del vehículo en que se trasladaba junto a su hijo recientemente nacido y a su cónyuge, los mantuvo en su hogar y se trasladó con ellos al control policial cuando se le requirió, pudiendo no haber concurrido con aquellos".

La resolución agrega además que "se trata de una mujer extranjera, boliviana, con educación incompleta, que toda su vida ha vivido en la frontera entre Chile y Bolivia, circulando entre pueblos pequeños y aislados, quien no distingue del todo las fronteras territoriales de los países de Chile y Bolivia, porque ambos espacios territoriales se refieren a lo que siempre ha entendido como el territorio de su pueblo quechua y de su familia".

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 12 de marzo de 2016, funcionarios de la Brigada Motorizada N°1 del Ejército de Chile sorprendieron un vehículo en el sector Coska (ubicado cerca del hito fronterizo N°64), en el cual se movilizaba la acusada y otras personas, por lo que los escoltaron hasta el pueblo de Ollagüe, lugar en el que fueron trasladados hasta la avanzada fronteriza para ser revisados.

Dániza Urrutia Sepúlveda

La vida no ha sido fácil para Andrea, una joven madre que ha tenido que sortear muchos obstáculos. Nacida en el seno de una familia "religiosa", tuvo que callar y soportar un infierno cuando comenzaron los abusos sexuales y violaciones de su propio padre, un sujeto que ejerció durante años como pastor de la Iglesia Bautista, pero que el año pasado, tras las denuncias y la comprobación de éstas, fue expulsado de las filas, sin que pueda ejercer otra vez con la venía de los líderes bautistas.

A raíz de los abusos a los que fue sometida por su padre biológico, Andrea tuvo un hijo que actualmente tiene 14 años. El niño nació con una miopía importante que se fue agravando con el paso del tiempo. Su diagnóstico actual es "desprendimiento de retinas bilateral".

El año pasado Andrea y su hijo se sometieron a exámenes de ADN, que establecieron la veracidad de lo denunciado por la joven, es decir, el niño es hijo biológico de su propio abuelo. "Cuando estábamos en pleno proceso de exámenes, un día mi hijo me dijo que no veía bien. Allí comenzó este amargo proceso", dijo.

Viendo que el niño tenía problemas para desenvolverse, Andrea lo llevó a un especialista que le explicó que debía someterse a un tratamiento urgente, pero en Santiago. "Concurrí a una clínica donde había prestadores de servicios para la isapre en la que estoy. Gasté más de $2 millones para unos exámenes que me pidió el médico, pese a que acá ya habíamos realizado los mismos chequeos. En menos de 15 minutos el doctor le hizo un examen y me tramitaron dos días para entregarme los resultados. Fue una estafa. Fui donde otro doctor, que me dijo que había un daño importante pero que mi hijo no iba a quedar ciego después de la operación que le haría", sostuvo.

Se agendó la operación y le entregaron un presupuesto. "Me vine a Antofagasta y en la isapre me hicieron una evaluación de cuánto podría salir la operación, pero me enviaron a otro prestador también de Santiago. Volví a viajar pero me encontré con la sorpresa que no lo cubría el GES, porque según dijo el médico era algo crónico, porque había sufrido desprendimiento de retina. El presupuesto indicaba que por cada ojo operado debía cancelar $2.600.000", comentó.

En agosto de 2016 el menor fue operado. La intervención en el ojo izquierdo no resultó y hubo nuevamente desprendimiento de retina.

"Para resumir después de las operaciones tengo una deuda que llega a los $8 millones en una clínica de Santiago, y necesito pagar esa deuda para que le retiren una especie de silicona que le pusieron en el ojo derecho, y si no se hace la intervención corre el riesgo de quedar ciego", acotó.

Documentos

Andrea tiene toda la documentación necesaria y quiso compartir su dolorosa historia para apelar a la solidaridad de los antofagastinos o de alguna institución que pueda apoyarla. "Quiero hacer bingos u otras actividades. Tengo que operar a mi hijo, y por eso pido apoyo de la gente. No tengo más familia, y estoy angustiada por la situación de mi hijo, que ahora está triste y sólo ve sombras", confidenció.

Cualquier ayuda a Andrea se puede hacer a su correo jessy.c.padilla@gmail.com o al fono 982148033.

Una positiva recuperación tiene el menor Austin Tapia Castillo, de un año y un mes, que en Calama sufrió quemaduras al tomar contacto con un hervidor, y fuera alcanzado por el agua caliente. El menor permanece internado en el Hospital Regional con un diagnóstico del 7% de su cuerpo quemado (cuello y pecho).

Delincuentes forzaron caja fuerte para robar en local de Telepizza

El local de la cadena Telepizza ubicado en Avenida Angamos 1395 fue blanco de un robo. En horas de la mañana durante la apertura pudo establecerse que desconocidos ingresaron al recinto forzando una caja fuerte para huir con un monto de $ 1.500.000. El Labocar y la SIP de Carabineros realizaron diversas pericias en el lugar.