A siete años de la tragedia del 27/F
Chile no es el mismo desde entonces. Por un lado, es destacable la resiliencia de la población, pero inquieta la lentitud de la institucionalidad de emergencia. Un total de 525 personas perdieron la vida y unas 222.418 familias quedaron con sus viviendas dañadas o completamente destruidas. Se trata de una cifra que casi equivale a la población de Rancagua.
Siete años han pasado desde el fatídico 27 de febrero de 2010, instante en que un terremoto de 8,8 grados sacudió seis regiones, registrando su epicentro en la comuna de Cobquecura, Región del Biobío.
A partir de esa madrugada, 525 personas perdieron la vida y un total estimado de 222.418 familias quedaron con sus viviendas dañadas o completamente destruidas. Además, varias iglesias, zonas típicas, caletas y aeropuertos sufrieron daños o destrucción, tanto por el sismo como por el posterior tsunami que azotó distintos puntos de la costa comprendida entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía.
Lo anterior obligó al estado a realizar fuertes inversiones que superaron los US$4 mil millones en reparaciones y edificaciones de obras nuevas. La cifra equivalía a construir 20 hospitales concesionados según las actuales cifras. A esto se suman los montos privados y de las aseguradoras.
Bien puede decirse que Chile no es el mismo desde entonces. El 27/F marcó una cicatriz en esta generación, tal como lo fueron los terremotos de 1960 y 1985 para las generaciones anteriores.
Al respecto, es mucho lo que puede decirse. Salvo casos puntuales, sobresale la calidad de la edificación nacional, que resistió bien la fuerza de la naturaleza. Por otro lado, se desnudaron las enormes falencias de nuestra Oficina Nacional de Emergencia, algunas de las cuales aún se mantienen y deben ser corregidas para bien del cuidado de las personas.
Caso aparte es la investigación de la justicia con respecto a las responsabilidades de las autoridades ad-hoc en la fallida alerta de tsunami. Recién el año pasado, la Fiscalía Occidente llegó a un acuerdo con los seis imputados, quienes deberían pagar una indemnización de 240 millones de pesos.
¿Fue lo más justo? Quizás no, pero a más de dos mil días de ocurridos los hechos, ya conviene comenzar a cerrar las heridas.
A siete años de esta tragedia, es preciso recordar a quienes perdieron la vida y aprender para corregir. Chile enfrentará nuevos terremotos y siempre debemos estar preparados, esto no es un problema, sino una condición del país.