La Cmds inició el proceso de matrículas para estudiantes rezagados, que finalizará el próximo viernes 10 de marzo en dependencias de la Escuela Darío Salas D-75, ubicada en la Avenida Argentina N° 1555.
El sostenedor municipal estima que más de mil estudiantes ingresarán a la educación pública de la comuna durante este proceso.
Inquietud provocó a nivel parlamentario la no incorporación de la Ley de Migración entre las prioridades del gobierno en el retorno de la actividad legislativa.
En efecto, ayer tras la reunión del Comité Político de La Moneda, la ministra vocera, Paula Narváez, explicó que el Ejecutivo pondrá máxima atención a siete proyectos de ley a contar de marzo, entre los cuales no figura la nueva norma que regulará el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
La primera en reaccionar fue la diputada Paulina Núñez (RN), quien instó al gobierno a "tomarse en serio" del tema de la migración.
"Estamos frente a un gobierno que no escucha ni mide la urgencia que tenemos en nuestra región por la ola migratoria que hemos recibido", dijo la abogada de oposición.
Núñez recordó que en enero el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, asistió a la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar el atraso que a esa fecha ya registraba el ingreso de la ley, comprometiéndose a que marzo era el mes límite de presentación.
Como dicho compromiso no se estaría cumpliendo, la parlamentaria anunció que hoy (primer día de sesiones tras el receso de febrero), solicitará citar al jefe jerárquico de Aleuy, el ministro Mario Fernández, para que exponga por qué la inmigración "no es un tema relevante para el gobierno".
"Aunque las explicaciones debe darlas el ministro, en mí opinión es claro. Ellos no logran ponerse de acuerdo en el contenido del proyecto y tampoco es una urgencia para Santiago", apuntó.
La principal consecuencia de no estar incluido entre las prioridades legislativas es que aunque el proyecto se presente (Según Narváez, aún falta afinar detalles), no será favorecido con el sistema de "urgencias" legislativas que emplea el Ejecutivo para acelerar los proyectos de su interés.
Hay que precisar que dependiendo del nivel de urgencia (simple, suma o discusión inmediata) los proyectos avanzan más rápido o lento.
El senador Pedro Araya (independiente) explicó que sin el empuje del Ejecutivo, no hay posibilidades reales de que el proyecto avance rápido.
Por eso Araya lamentó la decisión anunciada ayer por la ministra Paula Narváez.
"Me parece una muy mala noticia, porque el fenómeno migratorio hay que enfrentarlo, y no podemos seguir con una legislación que data de 1975 y que no da cuenta de la realidad actual", manifestó.
Araya dijo que la piedra de tope en el tema migración sigue siendo el financiamiento del proyecto, y en este contexto llamó al Ministerio de Hacienda a "flexibilizar posiciones".
"Entendemos la realidad fiscal que estamos viviendo, pero también hay que entender que tenemos una ley migratoria que no genera condiciones apropiadas para este fenómeno", argumentó.
La diputada Marcela Hernando (PR), en tanto, hizo una lectura distinta de las declaraciones de la vocera de gobierno.
Según legisladora, durante una reunión de bancadas realizada después del comité político, se consultó al ministro Fernández por la Ley de Migración y éste explicó que "también es una prioridad".
"Parece ser que lo tienen tan asumido que no les pareció necesario destacarlo, pero está en la agenda", afirmó.
Pese a esto, Hernando comentó han sido tantos los tropiezos de la ley, que no va a estar tranquila hasta que el proyecto ingrese a trámite.
En cuanto a la fórmula que se emplearía para hacerla viable en el actual escenario económico, la exalcaldesa manifestó que en su primer año de implementación la norma se enfocaría en adecuaciones regulatorias que no requieren financiamiento, y en el año dos se pasaría a las reformas institucionales que generen gasto.
"Me parece una muy mala noticia, porque el fenómeno migratorio hay que enfrentarlo, y no podemos seguir con una legislación de 1975".
Pedro Araya, Senador"
Entre los proyectos que el Ejecutivo sí priorizará está el de educación superior y el de fortalecimiento de la educación pública. También están la modernización del Sename, la modificación al Capítulo 15 de la Constitución, las reformas a la Onemi y Conaf, y la ley orgánica que hará posible la elección de los gobernadores regionales. Este último proyecto es uno de los más esperados por las regiones, pues se le considera el precursor de una serie de reformas que potenciarán las decisiones locales. La iniciativa quedó detenida en enero a la espera de resolver si los diputados podrían o no presentarse al cargo.
El municipio comenzará la notificación a 4.902 contribuyentes que aún no cancelan sus patentes comerciales correspondientes al primer semestre de 2017, cuyo plazo de pago venció el 31 de marzo, y que mantienen una deuda cercana a los mil millones de pesos.
Por ello, personal de Inspección General de la municipalidad notificará a los morosos y los invitará a comparecer a los Juzgados de Policía Local, tribunal donde previo pago de la multa, deben exhibir la patente cancelada.
El director del organismo fiscalizador, Jorge Franco, dijo que "hay una alta morosidad de profesionales cuya patente semestral no supera los 35 mil pesos. El monto total de lo adeudado llega a los mil millones de pesos, recursos que desde luego repercuten en que el municipio deje de realizar obras que van en beneficio de la comunidad".
Frente a este problema, Franco sostuvo que como municipalidad deben aplicar la ordenanza sobre cobros de derecho y sancionar con medidas más fuertes si los contribuyentes en mora no regularizarán sus pagos.
"Una vez que son notificados, aplicada la multa del tribunal y verificándose la no cancelación de la patente después de este proceso, procede la clausura de los locales que siguen con los permisos en mora", puntualizó el directivo.
Durante la vigencia del periodo para la cancelación de la patente, que vence el 31 de enero (primer semestre) y el 31 de julio (segundo semestre), los contribuyentes pueden pagar desde su hogar a través de internet, sin necesidad de concurrir al edificio consistorial.
Para quienes están en morosidad, el pago de las patentes debe realizarse de manera única en las dependencias de la Tesorería Municipal, ubicadas en el segundo piso del edificio consistorial.