Redacción

Esta semana quedó al descubierto la sustracción de seis toneladas de baterías desde el interior de una empresa en Calama. El cargamento había sido dispuesto en un camión y iba con destino a Arica.

Oficiales de la PDI lograron interceptar la carga que sería comercializada en Perú o Bolivia. Personal de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) participó en el operativo, que permitió sacar del mercado un cargamento que sería convertido en droga.

Eso porque el ácido sulfúrico que se obtiene de las baterías en desuso se utiliza en el proceso de la elaboración de droga.

Respecto de este tema, el jefe subrogante de la Bidema, subcomisario Tomás Silva Luengo, precisó que las baterías poseen dos sustancias peligrosas; el ácido sulfúrico (electrolito ácido) y el plomo.

El primero es corrosivo y puede causar quemaduras en la piel y en los ojos, mientras que el plomo es altamente tóxico para la salud, ya que ingresa al organismo por ingestión o inhalación y se transporta por la corriente sanguínea, acumulándose en todos los órganos.

En la región hay una sola empresa que se dedica al tratamiento de estos elementos, y que separa el ácido sulfúrico, el plomo y los otros componentes de las baterías.

Ésta se ubica en Calama y fue precisamente la que sufrió el robo de las seis toneladas de baterías en acopio.

"Hay una ley que entró en vigencia el año pasado y habla sobre el manejo de los productos tóxicos. Aquí están considerados los aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y las pilas. La ley señala que los municipios tienen que estar aptos para el acopio y el tratamiento de estos elementos", comentó el subcomisario Silva.

Ilegal

Por lo mismo, dijo que hay un mercado informal donde se venden baterías en desuso.

"Las baterías tienen una vida útil y cuando ya están en desuso deben ser depositadas en lugares adecuados, donde después sean sometidas al tratamiento especializado", acotó.

El oficial investigador de la Bidema dijo que la comunidad debe informarse sobre los sitios donde pueden dejarse las baterías.

"El llamado es que la comunidad no venda las baterías que tienen en desuso, porque si es así se está contribuyendo al tráfico ilegal. La idea además es que los municipios agilicen el funcionamiento de los rellenos sanitarios por el tema de los residuos tóxicos y el tratamiento que se les debe dar a estar elementos", añadió.

Tomás, Silva, Subcomisario de la PDI"

"La idea es que la comunidad no venda las baterías en desuso, porque si es así, se está contribuyendo al tráfico ilegal"."

A cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, fue condenado Carlos Valencia Oliveros, a quien el Tribunal Oral de Antofagasta encontró culpable de un delito de robo con violencia.

De acuerdo a los antecedentes dados a conocer por el fiscal Javier Loyola Reyes, los hechos ocurrieron el 3 de mayo del año pasado en horas de la madrugada, cuando la víctima se encontraba estacionando su vehículo cerca de su casa, ubicada en calle Juan Petrina. En ese instante se acercó el imputado junto a otros tres sujetos, manteniendo en su poder armas de fuego.

Los asaltantes abrieron la puerta del conductor y se abalanzaron sobre la víctima, conminándola a salir del vehículo.

El conductor atemorizado salió del móvil, con lo cual los asaltantes se dieron a la fuga.

Detenidos

Tres días después una patrulla de Carabineros que circulaba por la intersección de las calles Talcahuano con Quito de esta ciudad, advierte un vehículo de las mismas características que el robado días antes, y que circulaba con patente adulterada.

Por ello, fueron detenidos sus ocupantes.

El acusado Carlos Valencia Oliveros, declaró en el juicio reconociendo que junto a otros amigos le sustrajeron el vehículo a su propietario para ir a dar una vuelta.

Dijo que fueron a la playa El Trocadero, pero que no sabe qué destino tuvo el vehículo, ya que sólo se acuerda que las tapas de ruedas fueron dejadas en el patio de su casa.

Los jueces señalaron que debe cumplir la sentencia de manera efectiva, ya que no cuenta con los requisitos para optar a penas sustitutivas.

individuos acompañaban al acusado durante el violento asalto ocurrido en mayo del año pasado. 3

Grave, pero fuera de riesgo vital, está un hombre de 30 años que fue baleado en las cercanías del kilómetro 11 de la Ruta 26. Carabineros está indagando los hechos. Fue un camionero quien encontró al herido y alertó a la policía. El herido fue trasladado al Hospital Regional, donde está internado con una fractura de fémur por impacto balístico.

Investigan las causas de un incendio en cercanías de Mina Aguas Blancas

Por causas que son investigadas, un camión de transporte de combustible se incendió cerca de la Mina Aguas Blancas, hasta donde concurrieron 4 compañías de Bomberos. La Central de Alarmas despachó a las 13 horas de ayer, unidades hasta la ruta B55, sector Las Primas (camino antiguo a Taltal) a fin de controlar la emergencia.

Rolando Cáceres Herrera tiene 77 años y cuenta con tres órdenes de alejamiento de la casa de su excónyuge, una dictada por el Tribunal de Familia y dos dictadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, no obstante, estas medidas son desconocidas por el imputado quien la noche del 23 de febrero nuevamente fue denunciado de haber desacatado los mandatos.

La policía concurrió al domicilio para verificar la denuncia y encontró a Rolando Cáceres en el dormitorio, acostado en el lecho conyugal.

El detenido reconoció ante personal de Carabineros tener conocimiento de la prohibición de acercarse a su exhogar, que él seguía sintiendo como propio.

Reconoció que en el primer juicio en el Tribunal de Familia, estuvo de acuerdo en irse a la casa de su hija.

La fiscal Lorena Pavez -que lo formalizó nuevamente por desacato- solicitó aplicar en perjuicio del detenido la medida cautelar de prisión preventiva, ya que claramente Rolando Cáceres representa un peligro para la seguridad de la sociedad y particularmente para su exesposa que dice vivir atemorizada ya que el imputado suele ponerse muy agresivo y hasta la ha amenazado de muerte.

Defensa

La defensa en tanto se opuso a la medida cautelar, argumentando que se trata de una persona de la tercera edad que tiene problemas, e incluso sugirió que pudiera tener un principio de demencia senil, por lo que solicitó al Tribunal disponer que sea sometido a un examen siquiátrico.

Tras escuchar los alegatos, el Tribunal acogió la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, y dispuso que el detenido sea trasladado a la ciudad de Arica para que allá sea evaluada su salud mental.

Se dispuso además un plazo de investigación de 40 días, lapso en el cual se le deberá practicar la pericia psiquiátrica, a fin de establecer su real condición metal.