El subgerente técnico de CGE, Pablo Yáñez Mardones, será formalizado el 20 de marzo ,a las 9:15 horas, por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en el 17 de enero en Nilahue Barahona, comuna de Pumanque.

La formalización se realizará en la región de O'Higgins, a cargo del Juzgado de Garantía de Peralillo, luego de que el fiscal regional, Emiliano Arias, solicitara la diligencia.

Dichos de la empresa

Desde la empresa señalaron que no hay "fundamento alguno" para que se formulen cargos contra Yáñez, aunque aclararon que colaborarán con la justicia para esclarecer los hechos.

"(La empresa) no encuentra fundamento alguno para atribuir ninguna responsabilidad a su ejecutivo en relación con los hechos que se investigan y sostiene su convicción que a éste no le ha cabido participación en los hechos que fundan la petición de la Fiscalía", aseguró la compañía a través de un comunicado.

La solicitud de la fiscalía se realizó por la eventual falta de normas de seguridad en el alumbrado para evitar este tipo de siniestros. La empresa respondió que "la compañía ha efectuado un aumento sostenido y significativo de sus inversiones y planes de mantenimiento a lo largo de los últimos años".

Trabajos en terreno

En cuanto a los incendios que cubren la zona, CGE aseguró que "desde que se iniciaron los incendios, la empresa ha estado comprometida con las comunidades a las que atiende, redoblando sus equipos en terrenos para reparar las líneas dañadas producto de la contingencia y así garantizar el suministro eléctrico". Además, dijo que se encuentran ayudando en las zonas afectadas para que se normalicen, "en línea con su política de responsabilidad corporativa".

En el documento de la fiscalía se le advierte al imputado que en caso de que no asista a la citación "dará lugar a que sea conducido por medio de la fuerza pública, quedando obligado al pago de las costas que causare y que pueden imponérsele sanciones". Mientras que, en caso de no poder asistir por motivos externos, deberá "comunicarlo y justificarlo ante el tribunal".

Subcontratistas de CGE

Seis sujetos, trabajadores de una empresa subcontratista eléctrica de CGE, fueron detenidos, ya que serían responsables de iniciar fuego en sector de Navidad.

El Juzgado de Garantía de Litueche emitió ayer la orden de detención contra los trabajadores y hoy pasarán a control de detención. Según antecedentes, los individuos se encontraba realizando mantención de las líneas eléctricas de distribución y tala de árboles que estaban cerca del tendido, en el sector de Navidad. Los trabajadores fueron arrestados luego de que el Ministerio Público lo solicitara, tras establecer que los sujetos, luego de iniciar el fuego mientras trabajaban en el lugar, habrían huido.

El Ministerio llego a esa conclusión gracias al trabajo en conjunto que realizó con la Fuerza de Tarea de la PDI. De acuerdo a los antecedentes iniciales, el fuego se habría iniciado producto de un descuido de las personas, cuando una rama cayó sobre las líneas, lo que provocó un corte de energía e inicio las llamas.

Mujer quedó en Prisión

La mujer detenida por la PDI quedó en prisión preventiva en Cauquenes, ya que sería culpable de quemar unos pastizales. Esto llevó a un incendio que afectó un cerro y una arboleda, en el sector de la Vega, a 20 kilómetros hacia la costa de Cauquenes.

Máxima cautelar

La mujer, identificada como María Muena, es considerada como un peligro para la seguridad de la sociedad, tras los antecedentes expuestos por el Ministerio Público. Por esta razón, el tribunal a cargo decretó la máxima de las cautelares durante el periodo de indagatorias.

María Muena, de 55 años, fue arrestada luego de que sus vecinos se alertaran, ya que la habían visto prender fuego a los pastizales que se encontraban en la zona. Así describieron la escena los vecinos que declararon en el caso.

"La empresa ha estado comprometida con las comunidades a las que atiende, redoblando sus equipos en terrenos".

CGE."

"(Si el subgerente no se presenta) dará lugar a que sea conducido por medio de la fuerza pública, quedando obligado al pago de las costas que causare".

Fiscalía regional de O'Higgins."

Desde el Gobierno descartan, absolutamente, cualquier vínculo entre la empresa brasileña OAS, investigada por corrupción en ese país, y la campaña electoral de la presidenta Michelle Bachelet en 2013, tal como lo asegura un reportaje que publicó hoy la revista Veja (brasileña).

"Ya había habido un intento en el pasado por vincular la campaña con esta empresa. Tal como en esa oportunidad, descartamos decididamente cualquier vinculación entre la campaña y la empresa, tajantemente", dijo la vocera de Gobierno, Paula Narváez, ayer.

"Rechazamos de manera abierta y directa cualquier intento de enlodar la campaña de la Presidenta Bachelet con hechos que no tienen asidero con la realidad", recalcó la ministra.

El diario La Tercera adelantó fragmentos de la publicación de Veja, donde el publicista 'Duda' Mendoça dice que OAS, una constructora brasileña, aportó de manera económicamente a la campaña de Michelle Bachelet el año 2013.

Desde el Gobierno se hizo un llamado a transmitir información de manera responsable. "Hacemos también un llamado a transmitir información de manera responsable y no hacerse cargo de especulaciones".

En la misma línea, el Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior, aseguró que la campaña de Bachelet "se ajustó a todas las normas legales vigentes en Chile para su financiación".

La empresa OAS ha sido vinculada también a la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami en el mismo año que habría financiado a la Presidenta, caso que es investigado por la Fiscalía, en relación al uso de un avión ejecutivo que la firma brasileña le facilitó para sus actividades.

Ante esto, los parlamentarios de Chile Vamos, Paulina Núñez y Felipe Ward, pidieron que se investigue a la Presidenta tal como está siendo investigado Marco Enríquez-Ominami.

En tanto, el caso el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, durante una entrevista con radio Cooperativa, indicó que de ser cierta la información de Veja, el delito electoral ya estaría prescrito. Sin embargo, recalcó que si llegan antecedentes al Ministerio Público se abrirá una investigación. Pero, añadió, "hay que ver exactamente en qué forma se habría producido algún financiamiento, porque puede ser una infracción a la ley electoral, que tiene un plazo de prescripción de un año, que ya transcurrió".