Constanza Caldera Pfeiffer
L os correos dados a conocer por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), que involucran a la senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y al presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, mientras se tramitaba el proyecto de Ley de Pesca el 2014, vuelven a encender la alarma respecto a la capacidad de lobby de algunos grupos empresariales en la política.
La legisladora, que en ese entonces encabezaba la Comisión de Pesca del Senado, habría sido "pauteada", por el expresidente de las pesqueras, según las denuncias, hecho al que se sumó el conocimiento que recibió aportes desde ese gremio para el financiamiento de su campaña.
Una práctica que se suma a otros escándalos dados a conocer en los últimos años en el país que involucran a políticos y empresarios, como el Caso Penta, SQM y Caval.
Estos últimos, involucran entre otros políticos, al exministro de Economía y exsenador, Pablo Longueira, al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, y al exdiputado y expresidenciable, Marco Enríquez - Ominami.
Preocupación
Para la directora de Incidencia, María Jaraquemada, se trata de una situación "bastante preocupante".
"Si se comprobara que efectivamente hubo este tipo de financiamiento para influir en las decisiones que toman los parlamentarios, es una de las cosas más graves que puede ocurrir en un sistema democrático".
La abogada dijo que si bien se ha avanzado en el tema de la mano de la nueva Ley Electoral, la cual prohibió el financiamiento de empresas en las campañas, las sanciones son muy débiles.
"Se está discutiendo en el Senado aumentar las penas para delitos de corrupción porque hoy son bastantes bajas y por lo general si es que hay casos que se sancionen de cohecho o de tráfico de influencia lo más probable es que no sea con cárcel efectiva", declaró.
Jaraquemada insistió que estos hechos ameritan una sanción mayor.
"Por ejemplo, se podría buscar alguna fórmula como en el caso de la Ley Emilia o en otras leyes donde al menos se debe cumplir con un año de presidio efectivo para que sea algo acorde a la realidad del delito, y lo bastante disuasorio para que no se sigan cometiendo", agregó.
Para el Padre Felipe Berríos, el problema se centra en la nueva Ley de Lobby.
"Un parlamentario y una empresa pueden y deben tener un diálogo sobre una ley para estar mejor informados, pero eso tiene que estar regulado por una buena Ley de Lobby. La que se hizo no es buena, y habría que mejorarla", dijo.
Berríos, agregó que esto guarda relación con los principios que tiene cada persona.
"Es indebido recibir la información, y paralelamente, también estar recibiendo dinero, y aunque no estuviera regulado con ninguna ley, hay una cuestión de principios por el hecho de estar elaborando una normativa", declaró.
El religioso manifestó que uno de los aspectos que debemos mejorar como país es la ética, la cual involucra diferentes ámbitos de la vida.
"Actualmente las personas valen si tienen más plata y si consumen más, entonces se ha desarrollado una codicia y una la pérdida de valores muy grande", puntualizó.
Mejoras
Para Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, la transparencia en el proceso de creación de una normativa es fundamental para lograr disminuir estas prácticas.
"Los niveles de transparencia son relevantes para identificar cómo se hace la legislación, de dónde emanan las indicaciones, quiénes son los que participan en el proceso. Esto puede ser materia de mejoras para establecer un procedimiento de creación de la ley mucho mejor", precisó.
Reconoció que se ha avanzado en este tema en términos de transparencia, control y sanciones, pero que aun queda camino por recorrer.
"Antes no existían sanciones por este tipo de delito. Ahora sí las hay de forma efectiva como la pérdida del cargo, por lo tanto, hay un avance significativo, pero siempre habrá un espacio para ir perfeccionando la norma", explicó el académico.
Abstención
Muchos analistas, atribuyen a estos hechos, el desapego y la alta cifra de abstención de los votantes en las elecciones. Como se recordará, en el caso de las elecciones municipales de octubre pasado, alcanzó la cifra histórica de 65%.
Este porcentaje se sustenta también en los resultados de la encuesta liderada por Espacio Público realizada en conjunto con Ipsos, donde un 46% de los encuestados respondió que no fue a votar por los casos de corrupción que se han conocido en los últimos años.
Mucho más abajo, un 19% dijo que no le interesa la política, y un 11% porque le cambiaron el lugar de votación.
"Lamentablemente los casos que se están conociendo hacen que la gente no confíe para nada en los parlamentarios, partidos políticos y en general en la institucionalidad política y que esto también tenga un efecto negativo en la participación electoral", afirmó Jaraquemada.
María, Jaraquemada, Directora de, Incidencia"
"Se podría buscar alguna fórmula como en el caso de la Ley Emilia donde se debe cumplir con un año de presidio efectivo".
Felipe, Berríos, Sacerdote, jesuita"
"Un parlamentario y una empresa pueden y deben tener un diálogo, pero eso tiene que estar regulado por una buena Ley".
Claudio, Fuentes, Académico UDP"
"Los niveles de transparencia son relevantes para identificar cómo se hace la legislación, las indicaciones"."
mientras se tramitaba la Ley de Pesca la senadora Van Rysselberghe habría sido "pauteada" por el extitular de Asipes, Luis Moncada. 2014
