La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) anunció ayer que se rebajará la pensión de Myriam Olate, exfuncionaria de Gendarmería y ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), de $5.214.000 a $1.561.040.

Según información oficial, desde febrero comenzará a regir el nuevo monto que recibirá Myriam Olate. Según Dipreca, la decisión es "resultado del proceso de invalidación solicitado por la Contraloría General de la República en relación a las pensiones de retiro concedidas a 11 ex funcionarios de Gendarmería de Chile", aseguran.

En el documento oficial, se considera que Olate cumplió con el primer requisito para obtener pensión de retiro, que se traduce en cumplir con 20 años de servicios efectivos.

Sin embargo, se le descontará los excesos que hasta la fecha ya recibió. En cada pago se aplicará el respectivo recorte, así, "en un plazo máximo de hasta 72 meses aplicando a la deuda un 12 por ciento de interés anual", asegura Dipreca.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó ayer que "no es posible concluir que la filtración de la información que se investiga sea responsabilidad de algún funcionario o exfuncionario o persona que actualmente o en el pasado prestó servicios a la FNE".

Esto, con base en el sumario administrativo iniciado el 20 de diciembre de 2016, tras la publicación de información contenida en un documento confidencial, por parte del diario La Tercera.

La investigación fue ordenada por Felipe Irarrázabal, Fiscal Nacional Económico, con el objetivo de despejar responsabilidades de funcionarios de la institución. Así, la indagatoria se concentró en ver los paraderos del documento al interior de la Fiscalía y el destino que tuvo fuera de la institución, en el marco de diligencias legales.

Los funcionarios y exfuncionarios de la FNE, aseguraron que son instruidos sobre las normas de reserva y confidencialidad de la información constantemente.

Asimismo, la investigación, que incluyó la toma de declaraciones a todos los funcionarios y exfuncionarios que tuvieron acceso al documento, concluyó que éstos respetaron "todos y cada uno de los protocolos de seguridad institucionales respecto al tratamiento de información confidencial".