El papá del menor que fue asesinado y, según la Fiscalía, torturado, en Temuco, en venganza por una supuesta violación, se querelló contra el Sename, institución que estaba a cargo del niño.

Alan Peña (13) fue asesinado por los familiares de una niña de cinco años, que lo acusaron de haber abusado sexualmente de ella, lo que no fue comprobado por los peritajes del SML.

Según publicó Bío-Bío, el abogado querellante, Alejandro Guzmán, explicó que se busca determinar responsabilidades penales de los profesionales de la Fundación la Frontera, institución que atendía al menor, y de la residencia Alborada, acusando negligencias médicas en el tratamiento y diagnóstico del niño que habrían terminado con su muerte.

Esto porque el menor había sido diagnosticado con síndrome de Asperger, por lo que se le suministraron medicamentos. Sin embargo, según la querella, estos remedios habrían aumentado las conductas riesgosas del niño. Luego se le habría disgnosticado trastorno bipolar, por lo que se le cambió el tratamiento, que no habría sido el adecuado.

La Corte de Apelaciones de Rumania decidió revocar la medida cautelar de arresto domiciliario que cumplía el ingeniero comercial chileno Rafael Garay hace 40 días y ordenó su arresto preventivo durante los próximos 30 días.

Esto, luego de que el tribunal de alzada acogiera la solicitud de la Fiscalía de ese país, con base en la solicitud de extradición que fue acogida por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 14 de diciembre.

apelación

La resolución podrá ser apelada por la defensa de Garay en un plazo máximo de 48 horas. Mientras tanto, el chileno permanecerá en un centro penitenciario de Rumania.

El exrostro televisivo es investigado por haber estafado presuntamente a 36 personas, por una suma total de $1.800 millones, a través de su empresa de inversiones Think & Co.

Garay fue formalizado en ausencia, el pasado 24 de noviembre, por estafas reiteradas, audiencia en la que el fiscal José Morales dijo que Think & Co. era una empresa imaginaria que el ingeniero comercial usó para estafar.

De ser extraditado y enfrentar el proceso judicial en su contra, el economista arriesga penas que van entre los cinco y 10 años de cárcel. Esto porque, según ha explicado el mismo fiscal Morales, no posee el atenuante de irreprochable conducta anterior, para poder reducir una posible condena.