Secciones

Difícil situación laboral enfrentan los discapacitados en Antofagasta

INCLUSIÓN. Impulsan proyecto de ley para que las empresas que tengan más de 200 trabajadores aseguren el 1% de la dotación para personas con problemas físicos o cognitivos.
E-mail Compartir

Fueron más de $32 mil millones los que logró recaudar la última campaña solidaria de la Teletón a nivel nacional, lo cual fue celebrado con el clásico cierre de fuegos artificiales por cumplir una vez más con la ambiciosa meta.

Sin embargo, los centros con que esa institución cuenta a lo largo del país continúan su trabajo durante los 365 días del año y las personas discapacitadas enfrentan distintos tipos de discriminación cuando se enfrentan al mundo laboral.

Según un estudio publicado este año por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), un 9,3% de la población adulta en la región de Antofagasta presenta un grado de discapacidad.

Dentro de la cifra, un 15,9% corresponden a personas de entre un rango de 18 a 44 años, un 27,7% de entre 45 a 59 y el 56,4% son mayores de 60 años.

No obstante, considerando los datos anteriores, las personas con discapacidad insertos en el área laboral en la región alcanza un 38,7%, mientras que quienes no presentan ninguna dificultad física o cognitiva ocupan un 72,1%.

Discriminación

Karla Miranda es una joven con síndrome de apert (trastorno congénito caracterizados por la deformación del cráneo, rostro, manos y pies), quien sacó sus estudios como ejecutiva en computación.

Sin embargo, al momento de salir a buscar empleo, la joven debió enfrentar la discriminación de quienes no confiaron en sus aptitudes profesionales.

"Las personas se acuerdan de los discapacitados sólo con las campañas de la Teletón. Me gusta lo que hace como institución, pero la gente después se olvida de nosotros", cuenta la profesional.

"Fui a algunas empresas ofreciendo mis servicios como secretaria, pero a veces el mismo jefe me decía que no contrataban a personas discapacitadas. Otras simplemente me miraban y me decían 'te vamos a llamar'. No llamaban obviamente", explica.

Sin embargo, la joven perseveró y actualmente pertenece al área administrativa de la Biblioteca Regional de Antofagasta, donde lleva tres años trabajando y pasando el tiempo entre la literatura (cosa que le atrae) y el apoyo de compañeros y usuarios.

Inserción

La directora regional del Senadis, María Inés Verdugo, asegura que existe un plan que pretende que, por cada empresa que tenga empleada a 200 personas, al menos el 1% (dos trabajadores) sean discapacitados.

"El segundo estudio nacional de discapacidad da cuenta de una amplia brecha entre la población inactiva (desempleada) discapacitada y la inactiva sin discapacidad. La diferencia es que el primer segmento dobla al segundo, es decir, es más difícil que un discapacitado encuentre trabajo que una persona que no presente dificultades", precisa la autoridad.

Debido a esto, adelantó que existe una tramitación legislativa que crea un sistema de inclusión laboral.

"Este proyecto sobre inclusión laboral permite realzar los derechos de estas personas, avanzar en igualdad, proponiéndose también que todas las empresas que tengan sobre 200 personas empleadas, reserven un 1% de su dotación para incorporar a gente con problemas físicos o cognitivos", destaca.

Inclusión

Sin embargo, la personera también destacó que algunas empresas privadas y públicas han reclutado dentro de su dotación a personas en esta situación.

Uno de estos casos es la fábrica 'Muebles del norte', la cual trabaja con sierras industriales que son manejadas en su mayoría, por personas con problemas auditivos.

"Una vez empleamos a un joven sordo que entró por un programa de gobierno. Le dimos la oportunidad, pero trabajó tan bien en su área que finalmente terminamos pidiendo más porque son altamente competentes en lo que hacen", dice Rolando Urra, gerente de Muebles del Norte.

La compañía llegó a tener trabajando hasta 18 personas con este problema en las máquinas. Actualmente sólo tiene a seis, pero ha sido reconocida como una de las empresas que, junto a Paisajismo Cordillera y algunas compañías comerciales da espacio a la inclusión.

Sin embargo, para otros el tema ha sido más complicado, como el caso de Franco Avilés, que nació con una parálisis cerebral y actualmente labora como ejecutivo de ventas al interior de una tienda de retail en el sector sur.

"Intenté con otros trabajos antes pero la situación laboral era mala. Muchas veces pedí ayuda a las instituciones para trabajar, pero recién ahora me la están dando, ahora que ya tengo trabajo".

Avilés, quien tiene una hija de tres años y tiene dificultades para desplazarse dice que muchas veces debió recorrer la ciudad para poder ser atendido.

"Pedí ayuda a instituciones públicas pero me 'peloteaban', y como comprenderán, nosotros tenemos dificultad para el desplazamiento, pero tuve que andar de un lado a otro. Encuentro que las instituciones que nos ayudan tienen un servicio muy pobre y encontré este puesto porque mi madre me ayudó. Llámese 'pituto', no sé otra manera de acceder a el", dice Avilés.

Deuda

Por último, la coordinadora de la Oficina para la Integración de personas con Discapacidad (OID), María Constanza González, reconoce que aún quedan metas por cumplir en esta área.

"Antofagasta tiene una deuda histórica con las personas en situación de discapacidad en toda índole, como en accesibilidad, recreación, esparcimiento y sobre todo a nivel laboral", opina.

También enfatiza sobre el labor que ha tenido la OID en el tema de la inclusión, donde han realizado una serie de propuestas en los que incluye la inserción laboral.

"Tenemos un área de inserción laboral, en donde buscamos trabajos a estas personas porque, creo que de que lleguen a trabajar, de ahí parte la verdadera inclusión", dice.

"Antofagasta tiene una deuda histórica con las personas en situación de discapacidad, ya sea en accesibilidad, recreación, esparcimiento, y por sobre todo en empleabilidad". María Constanza González coordinadora OID."

Trámite legislativo

Debido a un desacuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado, la tramitación legislativa que creará un sistema de inclusión laboral seguirá al interior de la comisión mixta. Esta indicación obligará a empresas u organismos públicos, militares o privados a que al menos el 1% de su dotación sean personas con discapacidad. También consagra el principio de no discriminación, prohibiendo este tipo de actos que se traduzca en exclusiones basadas en ese motivo. Además fija en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial.