Decididos a renunciar para no quedar inhabilitados y poder optar en 2017 a otros cargos de representación popular, se declararon ayer cuatro de los cinco alcaldes que perdieron en las elecciones del 23 de octubre.

Los ediles se reunieron en Antofagasta en una nueva asamblea de la Asociación Regional de Municipalidades, instancia donde fueron consultados sobre su futuro.

El alcalde de Calama, Esteban Velásquez (indep.), afirmó estar interesado en optar en 2017 a un cargo de diputado o gobernador regional (la ley se discute en el Congreso) y por, ende, explicó que su salida del municipio es inminente.

"Vamos a renunciar para cumplir con la ley, porque si se dan las condiciones para postular, corresponde que un año antes uno haya dejado el cargo de alcalde", argumentó.

En efecto, la ley establece que sólo podrán postular a diputado y, eventualmente, a gobernador regional quienes un año antes no estén cumpliendo tareas como ediles.

Como tales comicios son el 19 de noviembre de 2017, ese mismo día, pero de este año, vence el plazo para dejar sus actuales puestos. Hay que precisar que el mandato actual expira el 5 de diciembre.

Otros casos

La misma intención de renunciar manifestaron el alcalde PS, Jorge Godoy, de María Elena; y la DC, Sandra Berna, de San Pedro de Atacama.

"Lo estoy pensando, pero creo que es factible irme antes por cualquier cosa, porque si decido a ir otro cargo es un requisito legal, así es que más vale tenerlo", explicó Berna.

A ellos se sumó el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal (PPD), quien ya había confirmado antes su renuncia para la próxima semana.

Carvajal tiene interés de postular a diputado, lo mismo que Sandra Berna. Jorge Godoy, en cambio, optaría por un cargo de consejero regional.

josé Luis Ramírez M.

Aunque su accidentabilidad sigue siendo menor a la de otros sectores productivos, el aumento de fatalidades que registra la Gran Minería despierta preocupación entre los parlamentarios.

Según datos de Sernageomin, este año la industria mayor lamenta la muerte de nueve trabajadores, seis de ellos en la Región de Antofagasta, cifra que contrasta con los cero decesos producidos en 2015.

En la Federación Minera atribuyeron el fenómeno a los despidos y planes de retiro voluntario implementados por las compañías, que habría elevado las cargas laborales y multiplicado las responsabilidades al interior de las faenas.

"Nadie puede pretender que con la cantidad de despidos que ha habido en la minería (estimó más de 30 mil en la región), no haya aumentado la carga laboral de los que quedaron", argumentaba hace unos días Gustavo Tapia, presidente del gremio.

Y entre los parlamentarios la mirada es similar.

La diputada Marcela Hernando piensa que el aumento de fatalidades está influenciada por la política de "polifuncionalidad" que se instaló en la industria (los trabajadores asumieron nuevas tareas), pero también por un uso más intensivo de los recursos para reducir los costos de operación.

"Si antes se usaban cien camiones en una faena, ahora se emplean sesenta, pero la producción no ha bajado, eso significa que con menos camiones están haciendo lo mismo", explicó Hernando.

La parlamentaria anunció el envío de oficios para que Sernageomin aclare esta situación y explique cómo se están realizando las fiscalizaciones, tanto en la gran minería, como la mediana y pequeña.

"climas"

El diputado Marcos Espinosa también piensa que las reducciones de planta son una las explicaciones al aumento de fatalidades, aunque de manera "indirecta".

Espinosa descarta que las medidas de seguridad o las mantenciones en las empresas se hayan reducido, pero cree que los despidos y planes de retiro generaron un clima de incertidumbre que influye en una mayor accidentabilidad.

"El clima laboral no es el adecuado para que los trabajadores puedan desempeñarse en forma segura. Los trabajadores están afectados por el fantasma de las desvinculaciones, y en esas condiciones es muy difícil que una persona esté cien por ciento concentrada en su actividad", indicó.

Según el parlamentario, esto queda confirmado en los hechos, pues "la mayoría de los accidentes registrados en la región obedecieron a descuidos del trabajador que resultaban imposibles de prever por cualquier política de seguridad".

Siendo este clima de incertidumbre el problema, Marcos Espinosa advierte que la solución entonces pasa por generar condiciones de mayor seguridad y estabilidad para los trabajadores de la industria.

Controles

Por su parte, el senador Pedro Araya manifestó que los datos de fatalidades encienden una luz de alerta sobre las consecuencias de las "agresivas políticas de contención de costos" implementadas por la industria.

"Creo que hoy existe cierto relajo respecto a cómo se están abordando algunas tareas en la minería por un tema de costos. Ese es un factor que numerosos gremios nos han planteado con insistencia", dijo Araya.

El legislador además observa un escenario de "mayor presión sicológica para muchos trabajadores", asunto que también contribuiría a los números actuales.

En relación a las soluciones, el senador argumentó que lo que corresponde en este escenario es que las instituciones responsables fiscalicen.

"El gobierno no puede mantenerse pasivo. La Inspección del Trabajo debe verificar las condiciones laborales, el Sernageomin la seguridad y Salud las condiciones sanitarias de las empresas", enfatizó.

muertes registra la minería regional entre 2000 y septiembre de este año, según Sernageomin. 138

trabajadores fueron despedidos o se acogieron a planes de retiro en la zona, asegura la Federación Minera. 30 mil