La diputada Camila Vallejo, ha defendido el proyecto de ley que pretende eliminar la frase "En el nombre de Dios" con el que se abre cada sesión de la Cámara de Diputados, para reemplazarlo con la frase "En el nombre del Pueblo".
La moción -avalada por la bancada del Partido Comunista- provocó la reacción de personeros de varios sectores políticos y de la Iglesia Católica, quienes manifestaron su sorpresa con la iniciativa.
Fernando Ramos, obispo auxiliar y vicario general del Arzobispado de Santiago, apuntó al respecto que Chile es un estado laico desde 1925 y eso no cambia por el uso de la frase en el Congreso.
"Apelar a Dios no significa suscribir a una religión en particular, ni que un Estado sea confesional", citó el prelado.
Como es sabido, la separación de la Iglesia y el Estado nacional ocurrió en la Constitución de 1925 y con ello se aseguró la libertad de culto, conciencia y creencias, mantenidas hasta hoy, lo que implica reconocer la fuerte idiosincrasia judeo-cristiana de Latinoamérica y chilena, de la cual somos herederos.
Creyentes o no, debe dejarse en claro que la religiosidad ha sido y es un hito relevante en la formación de la república y de nuestra sociedad occidental. Nuestro mundo, tal como lo conocemos es lo que es por esa impronta.
El diputado DC, Fuad Chahín, ahondó en los comentarios de Vallejo: "Es parte de las tradiciones republicanas que creo que a nadie le debiera molestar, a nadie se le impone una fe ni mucho menos, son más bien cuestiones rituales que forman parte de nuestra historia republicana".
Y ese tema no es menor, tal como lo hemos precisado. Ciertamente el debate es válido y hasta cierto punto, da cuenta de la creciente atomización y secularización de la sociedad, pero debemos reconocer e insistir que las formas y reconocimientos históricos son y deben ser valorados y cuidados.
El reconocimiento de nuestra cultura y herencia -como en este caso- deben ser puestas en el valor que corresponde, por su carga, que es mucho más que histórica, es cultural y simbólica.