La celebración de un contrato entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y la empresa CYR Flavio Carrasco Guamán E.I.R.L., es un tema que el Consejo de Defensa del Estado mira con interés.

Carrasco sería el cuñado de la alcaldesa Karen Rojo y por ende podría haberse vulnerado alguna de las normas que regulan las relaciones de parentesco en los órganos de la administración pública.

El abogado procurador fiscal del CDE, Carlos Bonilla, tiene una opinión al respecto.

El representante fiscal explicó que en la legislación vigente existe una figura penal denominada "negociación incompatible", que prohíbe a autoridades contratar con personas hasta cierto parentesco.

"El código penal es muy claro, no admite ningún tipo de excepciones. Así, el asunto tendrá que ser objeto de investigación y ver si sucedió lo que se está señalando", dijo.

Denuncia

Esta semana el diario electrónico Timeline entregó antecedentes del contrato que la CMDS sostiene desde 2013 con CYR para la mantención de equipos dentales de la CMDS.

CYR se adjudicó tal servicio vía licitación en 2013, y el vínculo fue renovado automáticamente, y reajustado, al año siguiente, persistiendo hasta la actualidad.

La relación con CYR fue reconocida por el secretario ejecutivo de la CMDS, Edgardo Vergara Montt, quien defendió su legalidad asegurando que la imposibilidad de celebrar contratos con parientes no se aplica en este caso, por ser la presidencia del directorio un cargo "adquirido", es decir, al que se accede por ser alcalde.

Vergara además precisó que Carrasco Guamán -con otra razón social- prestó el mismo servicio entre 2010 y 2012 (administración de Marcela Hernando), por lo que no se trata de un profesional desconocido o que haya llegado con las nuevas autoridades, que asumieron en diciembre de 2012.

Sin embargo la mirada de Carlos Bonilla es otra.

De acuerdo a lo puntualizado por el procurador fiscal, la norma que impide contratar familiares hasta tercer grado de consanguinidad (un yerno sería segundo grado) es aplicable a la situación actual.

"Son corporaciones de derecho privado, pero que dependen absolutamente de las municipalidades, y son financiadas de hecho por las municipalidades (…) los alcaldes son responsables de todos los órganos que dependen de la municipalidad, entre ellos, de las corporaciones", apuntó.

y agregó que "los alcaldes tienen la obligación de velar por el correcto desempeño de todos los funcionarios de la municipalidad y sus corporaciones, no se pueden desatender de lo que pasa en estas últimas".

Aunque Bonilla estimó que el caso reviste interés, descartó involucrarse en esta etapa, aduciendo que por un tema de procedimientos, el primero en actuar debe ser Contraloría desde el punto de vista administrativo.

Pero en esta materia las opiniones no son uniformes. Debe precisarse que en Contraloría Regional no hay dictámenes previos para casos similares y existen abogados que sostienen que la ley tolera contratos con familiares en las corporaciones. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antofagasta, Rubén Gajardo, es uno de estos últimos. El exparlamentario, con experiencia en legislación aplicable, sostuvo que "como principio general", las disposiciones que rigen a las municipalidades no alcanzan a las corporaciones municipales por su naturaleza privada. De tal manera, sostuvo, en estas entidades "se puede hacer todo aquello que en el mundo privado es posible hacer", por ejemplo, contratar prestadores incluso si hay parentesco con ellos. "Si en una empresa privada el gerente quiere contratar a alguien, lo contrata, No va estar viendo el estatuto administrativo porque no es aplicable", manifestó. Una posición intermedia asumió Daniel Guevara -en su momento cercano a Karen Rojo-, para quien, aunque existe una tendencia a recocer a las corporaciones municipales como sujetas a la legislación general, lo conocido es "interpretable". Guevara distinguió sí entre el ámbito legal y el de las "buenas prácticas", y en éste último dijo no tener dudas que existen reparos que realizar. "Hoy lo que se está buscando en las empresas es que exista un código de buenas prácticas y haber contratado a un familiar, en las circunstancias que se dieron a conocer (denuncia de Timeline), va en contra de aquello", argumentó.