La Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado aprobó ayer la facultad de que la elección de los futuros intendentes sea a través de elección popular. La instancia decidió que la votación se hiciera inciso por inciso, por lo que se esperaba que anoche la propuesta fuera despachada en su totalidad para ser votada la próxima semana en la Sala del Senado.
Sin embargo, desde el Gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, reconoció que el Ejecutivo aún no logra reunir los 22 votos que requiere el proyecto para ser aprobado, en medio de una amplia divergencia entre los senadores de todos los comités para otorgar su respaldo al proyecto de ley que defiende La Moneda.
Quórum
De esta forma, al cierre de la primera sesión se aprobó el quórum del 40% con el que podrán ser elegidas las nuevas autoridades. El proyecto contó con el respaldo de los parlamentarios Andrés Zaldívar (DC), Rabindranath Quinteros (PS) y el independiente Carlos Bianchi. Mientras que Alberto Espina (RN) y Ena Von Baer (UDI) se abstuvieron.
"En esto se trabaja hasta el último momento, nosotros vimos un buen ánimo en general. Yo soy optimista de que se pueden llegar a los consensos, esto no es un tema ideológico, sino un tema país", manifestó el ministro Eyzaguirre. El secretario de Estado apuntó a que el Gobierno intentará buscar los votos favorables en la oposición, ya que en el oficialismo nombres como Ricardo Lagos Weber (PPD), Carlos Montes (PS), Pedro Araya (independiente DC) y Felipe Harboe (PPD) estarían por rechazar la iniciativa.
Eyzaguirre recalcó que el último plazo para que el proyecto esté vigente en las próximas elecciones de 2017 se cumple en abril del próximo año, previa promulgación.
Quiebre
La discusión de este proyecto ha revelado fisuras en el oficialismo a la hora de apoyar un compromiso de la Presidenta Bachelet. De hecho, ayer el exministro del Interior del primer Gobierno de la Mandataria, Belisario Velasco, dijo que "el Transantiago pasaría a ser un juego de niños (al lado de esta propuesta), porque no hubo un diseño acabado y su implementación fue una chambonada de marca mayor".
En este sentido, el senador Andrés Zaldívar (DC) criticó a su correligionario. "Yo personalmente creo que es un cargo gratuito. Belisario no tiene ningún argumento de fondo. Además, un cargo de poca responsabilidad, porque hemos hecho un trabajo serio, responsable", argumentó.
El senador Francisco Chahuán (RN) lamentó la votación de Von Baer y Espina. "No hay excusa posible. Es cierto que queremos más facultades, pero para ello tenemos que, primero, votar favorablemente esta reforma", dijo el parlamentario de RN.
El proyecto ha tenido detractores en el seno del propio oficialismo. Por ejemplo, el senador Carlos Montes (PS) planteó ayer en radio Bío-Bío que "el problema que tiene (el proyecto) es que cambiar la estructura del gobierno nacional no es simplemente elegir una autoridad intermedia, sino que redefinir el rol de los distintos niveles". Según el senador por Santiago, "es fundamental saber cuáles son las verdaderas regiones del país, una pregunta que nos hemos hecho en serio, tenemos algunas regiones que son de verdad y otras administrativas".
"Vamos a elegir una autoridad de cartón", manifestó el senador Alberto Espina (RN), uno de los integrantes de la Comisión de Gobierno y quien ayer rechazó la propuesta.
Desde la UDI el senador Víctor Pérez abogó por "una elección de intendentes con facultades", y advirtió que "no queremos tener una autoridad de papel, no queremos tener una autoridad que va a tener que ir a Santiago y va a ser más importante el delegado presidencial que el gobernador regional". El senador Pedro Araya pidió al Gobierno que retrase la discusión para evitar "un Transantiago" en la organización administrativa.
La propuesta del Gobierno
El proyecto proponía en un principio que para ser elegido intendente se requería la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, por lo cual se contemplaba la posibilidad de que haya una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Sin embargo, para allanar el apoyo de parlamentarios regionalistas, La Moneda bajó el umbral de elección al 40% de los votos. El proyecto contempla que los mandatos durarán cuatro años, pudiendo postular solo a la reelección inmediata. El intendente, dado su carácter electo, presidirá el consejo regional y le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región y que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Como contrapeso al poder del gobernador regional seguirá existiendo una figura denominada "delegado provincial presidencial". Estas autoridades seguirán siendo designadas por el Presidente, y mantendrán las funciones de gobierno interior actuales, como el orden público, extranjería y el resguardo de fronteras, además de coordinar los servicios públicos no descentralizados.
La pugna por las competencias
Para la aprobación del proyecto, el Gobierno comprometió el envío de una propuesta que dotará de mayores competencias a los intendentes sometidos a elección. En esta línea, la comisión asesora presidencial para la descentralización envió a La Moneda un informe -en 2014- en el que promueve una serie de transferencias de competencias para dotar a los gobiernos regionales de mayores capacidades de gestión y autonomía. La comisión propuso un calendario plurianual para traspasar competencias, servicios y programas públicos desde los ministerios y organismos centrales a la dependencia de los gobiernos regionales y municipalidades, de modo que pueda ser incorporado en el proyecto. Entre los ejes de estas propuestas, que fueron consensuadas en 15 diálogos regionales, figuran la creación de un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas, un Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional, Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano, fortalecimiento de la institucionalidad pública regional a través de un programa de descentralización política, administrativa y fiscal-económica.
