Eugenio Sugg Gálvez

Un costo de $4.000 millones anuales -adicionales a lo que ya se gasta en la materia- tendrá para el Estado la implementación de la nueva Ley de Migración.

Si bien se trata de un costo menor -en comparación a otras iniciativas legales-, dadas las actuales condiciones presupuestarias, Hacienda no está dispuesta a asumirlo en el corto plazo y se evalúan alternativas para una ejecución gradual que tendría a Antofagasta como región piloto.

Hace una semana el ministro del Interior, Mario Fernández, recibió en La Moneda a un grupo de parlamentarios entre los cuales estaban las diputadas por el Cuarto Distrito, Paulina Núñez (RN) y Marcela Hernando (PR).

En esa oportunidad el secretario de Estado transparentó la situación de esta iniciativa legal, que hace varios meses espera su ingreso al Parlamento.

"La propuesta está lista hace bastante rato y el problema sería presupuestario, porque no hay disponibilidad ni en Hacienda ni en Dipres para dar sustento a la legislación", reveló Marcela Hernando.

Alternativa

La respuesta del ministro y la urgencia de una nueva institucionalidad en la materia, provocó que sobre la marcha la diputada Núñez pidiera evaluar una implementación progresiva que tenga a Antofagasta como región piloto.

Esa modalidad permitiría agilizar la discusión del proyecto y bajar significativamente los costos iniciales de su materialización hasta unos $1.500 millones anuales en una primera etapa.

"Quedamos conformes, porque el ministro entendió que esta ley debe ser incluida dentro de las reuniones bilaterales que sostendrá con Hacienda, de manera que esté considerada en la Ley de Presupuesto para el próximo año y podamos ingresar este proyecto de una vez por todas al Congreso", aseguró Núñez.

Fernández se comprometió a estudiar la propuesta que -según comentó ayer el jefe de Extranjería del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval- tiene posibilidades de ejecutarse.

"El costo del proyecto es bastante menor en relación a lo que hoy gasta el Estado en esta materia -representa aproximadamente un 15%- y es aún más moderado si consideramos que Extranjería recaudó en 2015 unos $25.000 millones por derechos y sanciones de los extranjeros", comentó.

Sin embargo, advirtió que aún así este periodo de "austeridad económica" está dificultando su avance.

"En caso que no estén los recursos, la propuesta de la diputada Núñez es muy interesante y podríamos materializar el servicio de manera gradualizada, es decir, partiendo sólo en aquellas regiones donde el fenómeno migratorio adquirió relevancia", aseguró.

Una de esas regiones -admitió- sería Antofagasta.

Pese a que no hay fecha definida para el envío del proyecto al Congreso, Sandoval adelantó que esperan hacerlo durante el segundo semestre y así adelantar parte de la discusión en este periodo legislativo.

Contenido

Respecto de su contenido, el jefe de Extranjería explicó que entre otras disposiciones, considera la creación del Servicio Nacional de Migración.

"Se trata de un salto muy importante respecto de lo que hoy existe, que es un departamento del Ministerio del Interior que ni siquiera tiene despliegue nacional, ya que hoy la extranjería se ejerce en regiones a través de las gobernaciones", manifestó.

La propuesta del Ejecutivo no es una política migratoria, sino un marco normativo para el fenómeno. "Será una herramienta para que el Estado gestione adecuadamente los flujos migratorios en distintos escenarios, por lo que debe ser capaz de soportar distintas políticas migratorias que pueden variar en el tiempo y el territorio", concluyó Sandoval.

"En caso que no estén los recursos, podríamos materializarla de manera gradual partiendo por las regiones donde el fenómeno es relevante".

Rodrigo Sandoval, Jefe Extranjería Min. Interior"

Un total de 1.991 casos de extranjeros en el país atendió la Defensoría Penal Pública entre enero y abril. Entre las regiones que concentran mayor proporción de imputados ingresados al sistema está Antofagasta, con 8,2%, superada sólo por las regiones de Tarapacá (12,9%), y Arica y Parinacota (10,7%).

Dada esta realidad, es que la Defensoría comenzará durante este mes la implementación de un plan piloto en Antofagasta, que consiste en la incorporación de un abogado exclusivo para imputados extranjeros, además de la contratación de un asistente social.

Ingresos

Según expresó la defensora regional, Loreto Flores, la medida surge por la cantidad de casos de extranjeros ingresados al sistema en la zona.

"Debido a que existe un número relevante de migrantes que son atendidos por la Defensoría Penal en Antofagasta, que además ha ido creciendo en el último tiempo, es importante para la institución dar una mirada especializada a estos casos, ya que tienen características particulares y diferentes a los que afectan a un chileno, tanto por sus redes sociales o las situaciones de soledad que algunos viven, entre otros elementos externos que son relevantes", indicó.

Flores expresó que contrario a lo que algunos piensan, los extranjeros tienen una baja participación en delitos.

El jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Ignacio Barrientos, indicó que la representación de imputados extranjeros se viene desarrollando desde 2008.

"Toda la experiencia adquirida durante este tiempo, ha hecho que hoy tengamos las condiciones para pensar que podemos instalar un proyecto piloto de defensa especializada no exclusiva de los extranjeros", manifestó.

Aunque que la mayor demanda de defensa legal entre inmigrantes se produce por tráfico de drogas, lo cierto es que otra gran proporción de casos tienen que ver con lesiones y delitos menores.