José Luis Ramírez M.
Una alta prevalencia de casos de violencia intrafamiliar en población extranjera están registrando los tribunales de familia en Antofagasta.
Según cifras del Poder Judicial, durante 2015 en la comuna fueron recibidas en total 1.364 denuncias por VIF, y de ellas en 273 oportunidades los implicados fueron inmigrantes, lo que representa el 20% de los casos.
Si se considera que actualmente los extranjeros representan alrededor del 10% de la población local, la conclusión sería que la tasa de violencia intrafamiliar denunciada en esta población duplica la de los nacionales.
Seminario
El tema fue expuesto por la presidenta de la Corte de Apelaciones, Jasna Pavlich, en el 2° Seminario de Justicia de Familia organizado por la Corte Suprema en Santiago.
Allí, la ministra antofagastina expuso sobre el acceso de los extranjeros a este campo especializado de la judicatura, que debutó en el país en 2005.
Pavlich explicó que la mayor prevalencia de casos de VIF entre extranjeros es un fenómeno que puede tener distintos orígenes.
Mencionó que una posibilidad es que exista en estas personas una mayor disposición a denunciar, otra que en la cultura de origen exista una ausencia de normas de buen trato en la relación familiar, o bien que esa población, también por factores culturales, acepte el uso de la violencia como "normal".
Como sea, la jueza dijo que el fenómeno impone desafíos importantes a los tribunales, sobre todo en términos de facilitar el acceso de los extranjeros a la justicia y difundir las normas y pautas de comportamiento que se exigen en Chile.
"La legislación se aplica a todas las personas por igual, pero no implica que como Poder Judicial no podamos ser más acogedores y explicar mejor cuáles son los procedimientos y hacer entender a estas personas que verse involucrado en un proceso judicial en Chile tal vez no sea lo mismo que en su país de origen", recalcó.
Protección
Según cifras preliminares del Centro de Cumplimiento de Medidas de Protección en Familia de Antofagasta, en julio de este año existía registro de 3.185 niños, niñas y adolescentes ingresados en la red Sename por orden de los tribunales. De ellos, 179 son extranjeros, lo que equivale al 5,6%.
Las países de origen de estos menores son Bolivia (114), Colombia (33), Perú (22), Argentina (5), Brasil (3) y México (2).
Hay que precisar que de los 179 menores extranjeros registrados, 162 figuran en programas ambulatorios, 6 en el sistema residencial, 6 en gestión de caso (derivados por 24 horas) y 5 en otras modalidades.
De todos los niños, niñas y adolescentes extranjeros sujetos a medidas, el 34% figura en el Programa de Prevención Focalizada, que está orientado a menores afectados por vulneraciones de derechos leves o moderadas, principalmente asociadas a negligencia o maltrato en cualquiera de sus formas.
Otro 19% está en el Programa de Reparación de Maltrato Grave y Abuso Sexual y el 6% recibe atención en el Programa de Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente, que busca contribuir al proceso reparatorio de los menores víctimas de explotación sexual comercial.
Vecindario
El senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, explicó que justo la semana pasada participó en Consejo de Nacional de la Infancia, donde el tema de los inmigrantes también estuvo presente.
Araya afirmó que en general hubo coincidencia en que los casos de violencia y vulneración de derechos en familias extranjeras obedece a que en los países del vecindario el tema de la buena convivencia no ha sido abordado con la intensidad que se viene haciendo en Chile, donde se han realizado campañas y se ha legislado, con "relativo éxito", para erradicar estas prácticas de la sociedad.
"Cuando uno mira lo que pasa en países vecinos la violencia en la familia no ha sido bien tratada, y esas personas cuando llegan a Chile tienden a repetir tales conductas, y eso genera que una cantidad importante de extranjeros llegue a tribunales", afirmó.
El parlamentario planteó que los datos no hacen más que confirmar la necesidad de una "política nacional de inmigración", entendiendo aquello algo que va más allá de una simple ley.
En opinión de Araya, la cifra negra de VIF entre inmigrantes podría ser muy elevada en Antofagasta.
