Con el objetivo de lograr un acuerdo que trascienda al oficialismo, el Gobierno y la Nueva Mayoría acordaron bajar a un 40% el quórum para elegir a los intendentes, lo que comenzaría a regir el próximo año.

Originalmente, la iniciativa, que dará pie al cargo de "gobernardor regional" y que es una de las reformas comprometidas por la Presidenta Michelle Bachelet, contemplaba un piso mínimo del 50%.

"Vamos a tener que reconocer que no tenemos los votos en el Senado como para aprobar el 50% más uno y la única posibilidad es la propuesta que hicieron los independientes, que era sumar los votos de ellos, siempre que el Gobierno enviara una indicación diciendo que se eligen los intendentes con un 40%. Nosotros lo acordamos así, así que eso es lo que va a hacer el Gobierno", explicó el coordinador de la Nueva Mayoría y presidente del PC, Guillermo Teillier.

Así, la nueva fórmula permitiría que las autoridades regionales sean electas con el 40% y de no llegarse a ese quórum, admitiría una segunda vuelta.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, destacó que esto es "una prioridad para el Gobierno es que el próximo año los ciudadanos puedan elegir directamente a los gobernadores regionales que van a reemplazar a los intendentes", a la vez que señaló que esperan que hoy "podamos concretar en la Comisión de Gobierno Interior del Senado un acuerdo que luego se materialice en la Sala, con el quórum que esta reforma exige".

Dos tercios

Para aprobar la iniciativa el Ejecutivo necesita de dos tercios de los senadores, por lo que el Gobierno busca alcanzar un acuerdo con la oposición.

El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), mostró su molestia y dijo que "el Gobierno y la Nueva Mayoría decidieron aceptar la propuesta de la derecha y rebajar el quórum para elegir intendentes en Chile. Parece que hubo un entendimiento de rebajar la instancia, a mí no me parece que sea lo más adecuado".

En tanto, el senador Alejandro Guillier (indp.) precisó que estas semanas serán clave para posibilitar la elección de intendentes en 2017.

Otro obstáculo pasa por las facultades que tendrán los gobernadores regionales, ya sea en decisiones administrativas o económicas.

J. Ramírez / T. Miranda

"El déficit habitacional que tenemos en la región es demasiado severo para pretender que en dos años podamos resolverlo".

La frase del intendente Valentín Volta surge automática cuando se le consulta por los resultados de la última encuesta nacional de campamentos de Techo Chile, que mostró una nueva alza en la cantidad de familias que habita asentamientos ilegales en la región.

Hoy, según dicho estudio, en Antofagasta, Calama, Mejillones y Taltal (las cuatro comunas con este problema) existen 6.229 familias habitando "tomas", lo que representa un estimado de 24 mil personas.

Para entender mejor la magnitud del problema, en 2007 las familias en campamentos sólo eran 632 en toda la región. Es decir, en menos de diez años la cifra aumentó casi 1.000% debido a factores como la inmigración laboral (nacional y de extranjeros) y la ausencia casi total de proyectos de vivienda social promovidos desde el Estado.

Antofagasta es, por cierto, la ciudad más complicada, con 4.593 familias en campamentos, unas 18 mil personas.

Déficit

En este contexto, el intendente Volta explicó que pese a que en los últimos años se dieron pasos importantes, el déficit acumulado es tal, que tardará mucho tiempo en resolverse.

"El déficit es demasiado alto, estamos construyendo viviendas y tenemos expectativas de tener 6 mil casas construidas o en inicio de obras al año 2018, pero claramente eso no será suficiente (se requieren 22 mil). Lo importante, sí, es que ya se reinició el ciclo de construcción de viviendas sociales en la región", explicó.

En efecto, actualmente están en marcha proyectos habitacionales en Antofagasta, Calama, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, los cuales irán aumentando la oferta habitacional para sectores bajos y medios, que son los más afectados por la carencia de soluciones.

El problema, reconocen en el gobierno, es que a la par de esta oferta, se está generando una nueva demanda, y eso impacta en los campamentos.

Según un catastro realizado por el gobierno, el 64% de las personas que realizan estas ocupaciones son inmigrantes, y pese al mal momento que vive la economía, el fenómeno no ha decaído.

"La pregunta es por qué seguimos recibiendo inmigrantes, y la respuesta es que la situación económica de nuestro país y particularmente de la región, incluso como está ahora, sigue siendo atractiva para esas personas", recalcó Volta.

Subsidios

La directora del Serviu, Isabel de la Vega explicó que la apuesta, más allá de las 6 mil viviendas que se construirán al 2018, pasa por la generación de mejores condiciones para el desarrollo de proyectos habitacionales en la región.

Como ejemplo, mencionó las mejoras que se introdujeron a la política de subsidios y la transferencia gratuita de terrenos fiscales para proyectos habitacionales, que son herramientas que tendrán aplicación permanente y que debieran evitar que se repitan largos ciclos sin construcción de viviendas sociales.

Aún así, De la Vega transparentó que la región tardará en igualar los estándares oferta-demanda que existen en el resto del país. ¿Cuanto?

"Nuestro convenio actual llega hasta 2023 y la idea es después seguir trabajando atendiendo el déficit vegetativo que se genera siempre (...) En diez años esperamos tener el déficit reducido a lo que es normal", indicó la profesional.

Opiniones

Pese a las acciones emprendidas los últimos años para reducir los campamentos, diversas personalidades piensan que el gobierno está "al debe" en cuanto a soluciones.

El director del Observatorio Regional de Desarrollo Humano, Martín Arias, comentó que es "extremadamente riesgoso" proponer soluciones universalistas a un problema que tiene rasgos específicos en cada ciudad de Chile.

"Hasta en mismas zonas de la ciudad hay heterogeneidad en la composición de los campamentos, donde hay algunos con más inmigrantes, otros con profesionales que no pueden pagar arriendo, otros con personas en extrema pobreza, entre otros ejemplos", dijo.

También enfatizó que cuando políticas son implementadas "sin comprender" totalmente las causas que generan los problemas sociales, en este caso los campamentos, éstos no desaparecen, sino que se multiplican con más fuerza.

Para mejorar esto, subrayó, se necesita un rol del Estado regional y nacional fuerte, donde las responsabilidades estén claras.

"Falta en primer lugar un Estado más fuerte y con una estrategia de desarrollo multidimensional a todo nivel, tanto municipal, como regional y nacional. Una ciudad, región o país sin estrategia de desarrollo es un barco a la deriva, lidiando con cada emergencia a medida que se presenta", sostuvo.

Iglesia

El arzobispo de Antofagasta, monseñor Pablo Lizama, reconoce el trabajo del Gobierno Regional. Sin embargo, aclara que la magnitud del problema sobrepasa a cualquier organización.

"Por eso tenemos que buscar la manera de salir adelante. Pero ninguna institución es capaz de resolver el problema integralmente", comentó.

Lizama aseguró que los campamentos son un problema social y, por lo tanto, deben trabajar todos los organismos y la sociedad civil.

"En Antofagasta hay un déficit importante de viviendas. Hoy debemos priorizar lo que más les aflige a las personas. Esto tiene que ir a soluciones como barrios integrados y casas. Como Iglesia hemos hecho lo que está a nuestro alcance. Hemos creado una parroquia para que (las familias de campamentos) puedan tener una ayuda espiritual", argumentó.

En tanto, la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, Olga Mora, manifestó que el aumento de los campamentos es un "tema ciudad" que al gobierno "se le escapó de las manos".

La dirigenta vecinal participa activamente en las mesas de trabajo que organiza el Minvu en este tema. Además, trabaja con los comités de allegados para la postulación a los subsidios habitacionales.

"Lo preocupante es que los campamentos siguen en crecimiento. Hay mucha gente que viene de afuera y que termina viviendo allí", aseguró.

Olga Mora añadió que debe haber un mejor control en la entrega de viviendas, es decir, que realmente sean asignadas a las familias que más las necesitan.