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Convocan a una nueva marcha exigiendo cambios al sistema de AFP

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A las 11 horas, a un costado de la Municipalidad de Antofagasta, comenzará hoy una nueva marcha contra el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La actividad está planificada que comience en el municipio para luego avanzar por calle Séptimo de Línea, pasar por avenida Balmaceda y llegar hasta el Puerto. Ahí seguirá por las calles Copiapó, Ossa, Uribe, Condell y Prat, finalizando en el frontis de la Intendencia. La primera manifestación se realizó el pasado 24 de julio y según estimaciones, contó con la participación de unas 10 mil personas en la ciudad. Entre las peticiones está crear un sistema público solidario de reparto de pensiones, no aumentar las cotizaciones y no aumentar la edad de jubilación.

Tribunal del Trabajo obliga a Codelco a reintegrar a trabajador

DICTAMEN. Juzgado estableció que la empresa vulneró los derechos fundamentales e intervino su correo personal antes de despedirlo en mayo pasado.
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Cristián Venegas M.

El Tribunal del Trabajo de Calama falló contra Codelco en el juicio de tutela por vulneración de derechos fundamentales presentado por el trabajador Miguel Véliz, quien fuera despedido injustificadamente en mayo pasado por un supuesto incumplimiento grave de las obligaciones de su contrato. Dictamen que obligó a la estatal a reincorporar al trabajador y a pagar el total de sus remuneraciones por los meses que permaneció alejado de la empresa.

Véliz, quien al momento del despido postulaba al directorio del sindicato N°3, es conocido por ser ex presidente del Comando de Trabajadores Unidos (CTU), organización que agrupa a socios de los distintos sindicatos de Chuquicamata y cuyos miembros ya habían ganado un juicio contra la estatal en julio, cuando el tribunal estableció prácticas antisindicales contra ocho dirigentes que conforman el Comando.

El proceso

En su demanda, el trabajador explicó que la persecución de Codelco en su contra se remonta al año 2013, cuando fue objeto de diversas investigaciones por parte del departamento de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales de la estatal, que ordenaban a sus funcionarios seguir de cerca las actividades del trabajador ligado al CTU. Es en este contexto, según detalla la demanda, se cometen dos hechos irregulares.

El primero tuvo lugar durante noviembre de 2015 cuando un grupo de dirigentes se toman el edificio Corporativo, oportunidad en que Véliz fue fotografiado en las cercanías del edificio, aun cuando se encontraba de descanso. El segundo hecho, que considera más grave, es la orden de la administración de investigar su correo electrónico privado, buscando fundamentos para despedirlo, lo que se considera según se señala la demanda, "espionaje cibernético".

Así, hasta que en marzo de este año la estatal encuentra como argumento para desvincularlo, el hecho que el trabajador, quien postulaba al cargo de dirigente, utilizó en faena una radiofrecuencia para solicitar el apoyo a su candidatura. Despido que se concretó mientras Véliz estaba siendo atendido por una descompensación en el consultorio. Dependencias que la empresa lo obligó a abandonar de forma inmediata.

Todas estas denuncias fueron acreditadas en el juicio por parte del trabajador y su defensa, compuesta por los abogados Rodrigo Arismendi y Carlos Orellana, por lo que en un fallo categórico del Tribunal del Trabajo de Calama, se ordenó la inmediata reincorporación del trabajador y el pago de todas las remuneraciones que debió percibir en el tiempo en que estuvo separado de sus funciones, además del pago de todas las costas del juicio.

"Nos sentimos bastante satisfechos con el trabajo profesional serio y responsable realizado en ambos juicios, considerando la magnitud de la parte contraria y la dificultad que supone enfrentarse a la empresa más importante del Estado, pero nuestra convicción siempre estuvo en que la verdad jurídica se impusiera, y así finalmente ocurrió en dos fallos rotundos y categóricos, que marcan un precedente en lo que respecta a la relación empresa-sindicatos, pues la empresa deberá tener un mayor respeto y consideración con la actividad sindical", expresó Orellana sobre el dictamen.

Por su parte, el abogado Rodrigo Arismendi señaló que se trató de un "desafío judicial", pues involucró "gran estudio y ejecución de estrategias jurídicas. Caso en que nos encontramos con un trabajador atropellado en sus derechos más esenciales, y en forma inédita en la ciudad logramos que el trabajador fuera reincorporado a sus funciones sin poseer fuero, lo que representa un verdadero hito, como lo fue también el juicio por prácticas antisindicales ganado en julio contra Codelco", recordó.