Mabel González / Agencias
A la pobreza estructural con que afecta a Argentina desde hace varios años se sumaron este 2016 nuevos pobres afectados por el agravamiento de la inflación y la recesión en los primeros meses de gestión de Mauricio Macri, en un contexto de precarización laboral, según advirtió un estudio de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).
El Barómetro de la Deuda Social Argentina elaborado por la UCA, una entidad de estrecho vínculo con el Papa Francisco, indicó que la pobreza creció desde un 29% en diciembre -cuando la peronista Cristina Fernández (2007-2015) entregó el poder a Macri- a un 32,6% a fines del primer trimestre de este año. El índice de indigencia pasó, en tanto, de un 5,3% a un 6,2%.
Los "nuevos pobres emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual Gobierno", alertó el informe.
Sospechas
La entidad realiza estas mediciones de forma regular desde 2010 y sus datos cobraron relevancia ante las sospechas de manipulación de las estadísticas oficiales durante el kirchnerismo.
El Gobierno de Fernández decidió, además, dejar de medir la pobreza a fines de 2013 porque, según el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, era una medida "bastante estigmatizante". El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) estatal reanudará en los próximos meses la difusión de índices sociales.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, afirmó que "muchos indicadores demuestran que hubo alguna mejora durante el 2010 y 2015". "Pero mantenemos una estructura sumamente complicada desde el punto de vista social desde diciembre pasado", alertó,con base en los resultados del informe presentado el jueves.
Salvia señaló que "se produjo un agravamiento de pobreza por ingreso". De los más de 40 millones de habitantes en Argentina, "hay 1,4 millones de personas con problemas de alimentación; 7,9 millones de personas con dificultades para ingresar a los sistemas de salud y 7,2 millones de personas sin una vivienda adecuada", precisó.
El experto subrayó que "los programas sociales ayudaron, pero no sirven para resolver problemas estructurales, hay que generar puestos de trabajo".
El estudio señala que entre 2010 y 2015 disminuyó el desempleo, pero se registró un proceso de precarización laboral. El 43% de la población activa (7,3 millones sobre 17 millones de trabajadores) tiene un empleo pleno. El resto está afectado por distintos niveles de precariedad laboral o directamente por el desempleo.
El director del estudio advirtió que se agravó "la situación social desde diciembre" y que un sector de la población padece mayor riesgo frente al aumento de los precios, que suben a un ritmo del 40% anual, la recesión económica y la fuerte alza de las tarifas de los servicios públicos.
"Esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los nuevos pobres que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual Gobierno", señaló el informe.
"Es factible que el Gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará si no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste", advirtió el estudio.
